Durante la última sesión del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (IEE) fue aprobado el “Protocolo para la atención de solicitudes de seguridad de las candidaturas a diputaciones locales y ayuntamientos”, con el que se podrá dotar a las y los candidatos de seguridad y vigilancia durante el desarrollo de sus actividades de campaña.
De acuerdo a las estadísticas de la organización Laboratorio Electoral, desde junio de 2023 en México se han contabilizado 51 asesinatos en contra de candidatos, precandidatos, funcionarios públicos y personas relacionadas con el proceso electoral 2023-2024, lo que supera los 43 homicidios registrados en la elección del 2018.
El protocolo de seguridad avalado busca establecer las directrices y formalidades para la recepción y seguimiento a las solicitudes de protección o seguridad que presente la Consejera Presidenta del IEE ante las autoridades competentes así como garantizar que las candidatas y candidatos puedan realizar sus actos de campaña en un entorno de equilibrio, igualdad y seguridad.
Para que proceda la solicitud, se deberá adjuntar la denuncia correspondiente presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE), remitiendo la solicitud a la Presidencia del IEE, en donde se integrará la información para turnarla a los titulares de la Secretaría General de Gobierno (SEGGOB) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).
Ambas dependencias deberán analizar los medios operativos pertinentes para la atención necesaria y presentar sus conclusiones a la autoridad competente.
Los criterios que se aplicarán para la asignación de la seguridad a la candidata o candidato, serán a partir de los hechos y motivaciones planteados en la solicitud.
La seguridad que se brinde estará a cargo de la SSPE, conforme a los mecanismos de apoyo y colaboración en materia de seguridad pública que exista entre el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos.
La SEGGOB deberá informar al IEE el tipo de seguridad y protección que se asignará a las personas solicitantes.
Cabe destacar que las autoridades podrán otorgar seguridad y vigilancia como medida cautelar, mientras se analiza de forma definitiva su solicitud, en un plazo no mayor a 72 horas.
Posteriormente se determinará la continuidad de la seguridad o la cancelación de la misma, según los criterios que hayan sido manifestados en la solicitud.