En
un hecho sin precedentes en el estado de Guanajuato, el aspirante a la
candidatura a la gubernatura del Partido Acción Nacional, y también aspirante a
liderar la alianza “Por Guanajuato al Frente”, ha sido llamado a declarar, en
calidad de “imputado” ante la Delegación de la Procuraduría General de la
República en el estado de Guanajuato.
El
pasado 10 de noviembre, el Tribunal Electoral del estado de Guanajuato,
mediante el análisis vertido en el expediente TEEG- PES-02/2017 había exonerado
a Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, a Jaime Armando Martínez Cholico, y al
Gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, por considerar que las denuncias
hechas por los representantes del PRI, del PVEM y de Morena, eran infundadas y
por lo tanto, inexistentes las violaciones a la ley atribuidas a las personas
mencionadas.
Ante
este resolutivo, la Secretaria General de Morena en el estado, Alma Alcaraz
Hernández, sostuvo de manera insistente que antes de este resolutivo, se había
desarrollado un cabildeo ante los Magistrados integrantes del tribunal, para
incidir en el sentido de su voto y lograr que se declarasen infundadas las
acusaciones de promoción personalizada en medios de comunicación y por haber
asistido a eventos que no tenían relación con su cargo público.
Dados
estos resultados, Ernesto Prieto Gallardo, y Edwviges Alcaraz, Presidente y
Secretaria General de Morena en Guanajuato, han interpuesto una nueva denuncia
penal en contra de Diego Sinhué Rodríguez, según consta en la Carpeta de
Investigación FED/GTO/LEON/004800/2017.
En
ese marco, Diego Sinhué ha sido citado a declarar en calidad de imputado, según
el oficio LEON-AYD-3344/2017, y de acuerdo con el cual deberá hacerlo el día
miércoles, 20 de diciembre, a las 13 horas, pues hay una investigación del
“delito electoral previsto en el Artículo 11, Fracción III de la Ley General en
Materia de Delitos Electorales”.
El
artículo y fracción citada dicen a la letra: “Artículo 11. Se impondrán de
doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al
servidor público que: III. Destine, utilice o permita la utilización, de manera
ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de
su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político,
coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que
puedan corresponder por el delito de peculado”…
Esta
nueva acusación puede leerse al menos en dos sentidos:
1.
Dado
que el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato ya declaró como inexistentes
las violaciones a la ley que habrían hecho en el mismo sentido el PRI, PVEM y
Morena, podría tratarse sólo de un citatorio mediante el cual la Delegación
Estatal de la PGR busca recabar información, por lo que no necesariamente
turnará el expediente a un juez.
2.
Si
la PGR cuenta ya con elementos que considere suficientes para remitir el
expediente ante un Tribunal, entonces Diego Sinhué se encontrará en problemas
reales porque estar sujeto a proceso sí tendría implicaciones muy graves para
sus aspiraciones, ya no de ser gobernador, sino de inicio, el candidato del PAN
y la alianza “Por Guanajuato, al Frente”.
Enfrentar
una investigación de la PGR no es cosa fácil; y en ese sentido, habrá que estar
atentos para ver si el caso es seguido de cerca por la FEPADE, pues se trataría
de unos de los primeros asuntos relevantes que le toquen llevar al nuevo
titular de la Fiscalía, Héctor Díaz-Santana.
Si
el tema trasciende más allá de la señalada carpeta de investigación, y de la
cual, parte de la información fue hecha llegar de manera anónima a la redacción
de Newsweek en Español, entonces lo que puede asegurarse es que no sólo el aspirante
del PAN, sino incluso el propio Gobernador, estarán ante un escenario adverso y
no previsto en sus cálculos políticos.
¿Se
presentará a declarar Diego Sinhué Rodríguez ante la PGR el próximo miércoles?
Es la primera incógnita que deberá despejarse, y a partir de ese hecho, habrá
que seguir de cerca el asunto, porque se trata, sí de una cuestión de
aplicación de la Ley, pero sobre todo, de un asunto político sobre el cual no
debe quedar ninguna duda, de que habrá de seguirse y resolverse en estricto
apego a derecho.