El principal problema de los procesos
de investigación en casos de feminicidio o desaparición en Aguascalientes es la
omisión por desconocimiento de parte de alguno de los funcionarios
involucrados, dijo en entrevista Mariana Ávila Montejano, directora del
Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSG)
“No se tiene antecedente en el estado
de Aguascalientes en este tipo de delitos, estamos trabajando para encontrar
los mecanismos adecuados para que los servidores y servidoras públicas que no
cumplan con su responsabilidad tengan consecuencias”, puntualizó Ávila
Montejano.
Según el Diagnóstico sobre Alerta de
Violencia de Género de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
Aguascalientes está entre las entidades que no contemplan sanciones para los
funcionarios públicos que por acción y omisión retrasen investigaciones de
feminicidios, delito que fue tipificado en el estado en julio pasado.
La apuesta principal del Observatorio no es sancionar a los
servidores públicos, sino capacitarlos para prevenir actos de impunidad en
investigaciones que deben ser llevadas con perspectiva de género.
Para la coordinadora del OVSG, la
capacitación debe ser interinstitucional, interdisciplinaria y con apoyo de la
sociedad civil organizada, tanto a nivel local, como nacional e
internacional.
“Nosotras no queremos partir de
sanciones porque (la omisión) implica ya una violación a los derechos humanos
de las víctimas y sus familiares”.
En los casos que el Observatorio
brinda acompañamiento ha detectado ausencia de reconstrucción de los hechos,
obstrucción de la información que se les brinda a las familias, y falta de
protocolos para actuar y para sancionar, aunque esto no debe ser una limitante
para emprender procesos administrativos contra los funcionarios omisos.
“En un feminicidio, ya eres un
obstructor de la justicia desde no hacer el resguardo del espacio o los
Ministerios Públicos, policía ministerial y médicos forenses que no hacen de
manera adecuada la integración de las pruebas”.
Otro grave error en los procesos de
investigación en Aguascalientes es que no se realizan de manera
interdisciplinaria, porque no hay un trabajo cercano entre las áreas que
participan, lo que provoca que haya una serie de información perdida entre uno
y otro proceso y se debilita el acceso a la justicia.
Ávila Montejano agregó que las
familias de personas desaparecidas están llegando a la “desesperanza” porque en
las tres últimas administraciones de la Fiscalía General del Estado no han
logrado avanzar en las investigaciones, sino que por el contrario, han tenido
que empezar de cero cada vez que el titular de la dependencia cambia.
“Nosotras no defendemos que se quede
Urrutia, lo que sí decimos es que cada mala decisión representa revictimizar a
las familias y a las víctimas”, explicó ante el próximo relevo de titular de la
Fiscalía en el mes de febrero.
