La Ley de Seguridad Interior aprobada por el Congreso de la Unión será combatida por los organismos de derechos humanos por considerarla inconstitucional, adelantó la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado (CEDH) en Baja California, Melba Olvera Rodríguez.
“Que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que resuelva”, mencionó sobre la medida que apoyada por comisiones locales, dijo será encabezada la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Recordó que desde noviembre la CEDH, manifestó su rechazo a la entonces iniciativa, y la reafirmó en conjunto con la CNDH y la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas en México, que pidieron a los legisladores no aprobar.
“Estamos muy preocupados y preocupadas quienes defendemos derechos humanos, por las amenazas que representa esta ley para la garantía plena de los derechos humanos de los mexicanos y las mexicanas”, mencionó.
La titular del organismo local consideró que dar facultades a la milicia para atender seguridad pública—responsabilidad que la constitución le da a las corporaciones policiacas civiles—, pone en riesgo derechos como la libertad de tránsito, a la privacidad, al acceso a la información, y hay riesgo de detenciones arbitrarias.
La Ley, añadió, debió ser consultada con expertos y asociaciones de la sociedad civil que alzaron la voz en defensa de los derechos humanos.
“Nos preocupa que el Senado no haya escuchado a las instituciones de derechos humanos”, destacó Olvera Rodríguez.
Y aunque la ley habla de que las actuaciones del ejército serán respetando esas garantías que la constitución garantiza en su artículo primero desde 2011, hoy mismo no se cumple, subrayó.
Este 15 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó los cambios de la Ley de Seguridad Interior hechos por el Senado y la turnaron al Ejecutivo para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación, pese a las advertencias de las organizaciones internacionales.
Francisco Rueda Gómez, Secretario General de Gobierno en Baja California, evadió responder si avala la nueva ley y se pronunció por el Mando Mixto.
Y aunque a finales de la década pasada la CNDH emitió una recomendación contra varias autoridades de Baja California—incluido al ejército, por violaciones a derechos humanos de detenidos—, Rueda Gómez dijo que el estado no ha vivido las violaciones que temen activistas.
“A eso me refiero con que tenemos que estar atentos a que no se vulneren los derechos”, respondió al plantearle el antecedente de aquella recomendación.