En efecto, a pesar del potente crecimiento económico que
tiene la entidad y de los avances en inversión y desarrollo turístico, el
análisis a nivel municipal muestra una entidad escindida en lo social, pues la
desigualdad y las carencias son las características más notorias de la vida
cotidiana.
La lectura de los datos, en ese sentido, debe llevarse a
cabo de manera cuidadosa, más aún en fechas preelectorales, en las que
perversamente se puede querer utilizar la información para justificar o fundamentar
que se ha hecho un buen gobierno.
En ese sentido, es un hecho que no es agradable informar lo
que ocurre en el estado, pues lo que refleja es la ausencia de oportunidades y
las terribles condiciones de vida en que vive la mayoría.
La lectura lineal de los datos del CONEVAL puede, en esa
lógica, llevar a un equívoco. En realidad, la fuerza de la pobreza
multidimensional consiste en mostrar una combinación de personas en situación
de pobreza (con ingresos por debajo de la línea del bienestar), más las
personas en condiciones de vulnerabilidad (que no son pobres, pero enfrentan
una o más vulnerabilidades).
De este modo, la suma de ambas condiciones da como resultado
el porcentaje de población que vive en condiciones adecuadas de bienestar y, su anverso, el porcentaje de personas que
vive en condiciones inadecuadas de
bienestar, es decir, personas que son pobres o que son vulnerables.
En consecuencia, el objetivo de la política social debería
ser, en esta visión elementalísima, llevar a la mayoría de la población a un
estatus de no ser ni pobre ni vulnerable.
Pues bien, el resultado para Guanajuato entre los años 2010
y 2015 es lamentable, pues se logró elevar el porcentaje de personas no pobres
y no vulnerables de 16.9% a 18% en ese periodo: es decir, se avanzó únicamente
un punto porcentual en ese indicador, que debería ser con base en el que se mida
el impacto de las políticas sociales en su conjunto, si de verdad quiere
iniciarse un proceso de cumplimiento integral de los derechos humanos.
Para los municipios la realidad no es muy distinta. El que
mayores avances tiene es León. Pero
aun allí sólo una de cada cuatro personas es considerada, simultáneamente, como
no pobre y no vulnerable.
En el mismo nivel está Celaya y, cerca de ambos, se encuentran
Guanajuato y Salamanca. En Irapuato y Villagrán los porcentajes son de 22.7% y
20.6%, respectivamente, por lo que puede decirse que únicamente una de cada
cinco personas es no pobre y no vulnerable.
Sólo en esos municipios se tienen porcentajes por arriba de
la media estatal. En el resto las condiciones son deplorables: sólo en cuatro
municipios el porcentaje de personas no pobres y no vulnerables está por arriba
del 15% del total de sus poblaciones: Cortazar, con 18.1%; Apaseo el Grande, con
16.8%; Silao, con 16.5%; y San José Iturbide, con 16.2%.
En cinco municipios más el porcentaje se ubica por arriba de
10%, pero por debajo de 15%: en San Francisco del Rincón es de 13.2%; en
Purísima del Rincón, de 11.6%; en Acámbaro, de 11.4%; en Jaral del Progreso, de
10.4%; y en Apaseo el Alto, de 10.2%. En el resto de los municipios los
indicadores son menores a 10%.
Los peores valores se encuentran en los siguientes
municipios: Santiago Maravatío y Ocampo, en donde sólo cuatro de cada 100 personas
viven en condiciones adecuadas de bienestar. En Coroneo, San Diego de la Unión,
Tierra Blanca y Huanímaro el porcentaje apenas supera 3%, mientras que en
Xichú, Jerécuaro, Santa Catarina y Atarjea, el porcentaje es apenas superior a 2%.