Las comisiones unidas de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos Segunda del Senado mexicano aprobaron en lo general y con cambios la Ley de Seguridad Interior; el dictamen será discutido en el pleno.
En votaciones, el dictamen obtuvo de la comisión de Marina tres votos a favor, uno contra y una ausencia; en la de Defensa seis a favor y tres en contra; en la Gobernación siete a favor y cinco en contra.
Los votos a favor fueron de senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) así como de algunos del Partido Acción Nacional (PAN). Los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del bloque Partido del Trabajo (PT) y Morena votaron en contra.
La oposición reclamó que no se atendieron las comunicaciones de organismos internacionales y de la sociedad civil que expresaron su preocupación con la ley.
El senador Fernando Torres Graciano informó que se presentarán propuestas de modificación para su discusión en el Pleno a los artículos 1, 7, 8, 9, 10, 16, 21 22, 26 y la adición de un transitorio del proyecto de decretó. En tanto, la senadora del PAN, Pilar Ortega Martínez anunció que se reservaba los artículos 4, 8, 9, 27, 33 y 34.
El proyecto de la llamada Ley de Seguridad Interior busca dar marco legal a la actuación de las fuerzas armadas en México, cuya participación en el combate a las mafias del narcotráfico se intensificó desde que en diciembre de 2006, el gobierno federal lanzó una controvertida ofensiva militar antidrogas.
Políticos y diversas voces de la sociedad civil han señalado que la aprobación del proyecto conduciría a una militarización del país y podría agravar la violencia en México, que se disparó en paralelo con el operativo militar.
Este miércoles, la ONU-DH y la CNDH sostuvieron que el pedido de abstención busca que el estado mexicano atienda “a sus obligaciones constitucionales y convencionales relativas a la preservación y defensa de los derechos humanos”, precisaron en un comunicado.
Al llamado al que se sumó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 10 organismos estatales de derechos humanos (Ciudad de México, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, Yucatán, Jalisco, Aguascalientes, Baja California, Campeche y Michoacán).
Los rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Iberoamericana emitieron un comunicado conjunto en el que manifestaban su rechazo a lo que consideraron una ley “que corre el riesgo de repetir un patrón fallido de seguridad”.
Horas después, los rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Iberoamericana emitieron otro comunicado conjunto en el que manifestaban su rechazo a lo que consideraron una ley “que corre el riesgo de repetir un patrón fallido de seguridad”.La ola de violencia ligada al combate del narcotráfico en México ha dejado desde 2007 más de 196,000 muertos y 30,000 desaparecidos, según cifras oficiales que no precisan cuántas de las víctimas están relacionadas al crimen organizado.
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