Con poco más de 400 millones de pesos asignados para operar en 2018, el Poder Judicial de Aguascalientes descarta la creación de dos nuevos juzgados familiares y prevé dificultades para echar a andar los de materia laboral a partir de febrero.
Frente a ese panorama, Juan Manuel Ponce Sánchez, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, planteó la posibilidad de solicitar recursos extraordinarios al Congreso y al gobierno del estado, como hizo el Tribunal Local Electoral este año.
“Se viene el tema de la oralidad mercantil, de la oralidad familiar, de la oralidad civil y el tema laboral, en el cual no nos asignaron recurso para nosotros ir programando de entrada y empezar desde antes a diseñar la estrategia. ¿Qué vamos hacer? Esperar la reforma y una vez que se venga la reforma, en ese momento, sabiendo cuándo entra en operación, acudir al Ejecutivo y al Legislativo para solicitar recurso extraordinario para atender esos temas que son urgentes porque, si no nos dan recurso, no podemos atenderlos”, proyectó.
El plazo de un año para que los estados adecuen sus leyes a la reforma Federal que se aprobó en 2017 vence el próximo 26 de febrero de 2018. A partir de entonces, se buscaría habilitar seis juzgados laborales en Aguascalientes, en el complejo Ciudad Justicia, con una inversión de alrededor de 20 millones de pesos, según declaró el subsecretario del Trabajo del Gobierno del Estado en junio pasado.
Ponce Sánchez aseguró que el presupuesto aprobado por el Congreso para el próximo año -que representa un incremento de 16 millones de pesos con respecto al de este año- apenas alcanzará para la operación de los juzgados existentes.
Para el Poder Judicial, dijo, la prioridad son las áreas de juzgados civiles y familiares, en las que se espera que el próximo año entre en vigor el sistema de juicios orales. Para fortalecerlas, el magistrado presidente proyectó dejar de invertir en juzgados penales y otras áreas.
“Es la parte que tenemos que visualizar nosotros, pero habría que ver cuáles son algunas áreas no tan prioritarias. Supongo que deben ser temas de carácter administrativo, de equipamiento (…) En lugar de comprar, a lo mejor mandar reparar mobiliario y equipo”, aventuró.
De acuerdo con su último informe trimestral, actualizado a septiembre de 2017, el Poder Judicial del Estado ha gastado 656 mil 361 pesos de los 3.6 millones programados para el rubro de Impartición y Administración de Justicia Moderna y Expedita. En cambio, ha rebasado el presupuesto programado para servicios personales, generales y materiales y suministros.