La mayoría de los municipios de Guanajuato se encuentran a
su suerte. Si no se trata de aquellos ubicados en el “corredor industrial”, el
resto carece de apoyos y se encuentran alejados de una estrategia de desarrollo
incluyente, tanto a nivel estatal como nacional.
De los 46 municipios que hay en la entidad, en 33 de ellos
el 50% o más de su población se encontraba en condiciones de pobreza en el año
2015. Lo peor del caso es que no hubo, entre los años 2010 y 2015, un proceso
generalizado y proporcional de reducción de pobreza.
En efecto, de acuerdo con los resultados de la Medición
Multidimensional de la Pobreza, presentada esta semana por el Consejo Nacional
para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2010-2015, hay dos
municipios de la entidad en donde el 80% o más de su población es pobre:
Atarjea y Xichú; en otros dos, Santiago Maravatío y Jerécuraro, el porcentaje
de pobreza rebasa el 70% de la población; en 10 más, Ocampo, San Diego de la
Unión, Santa Catarina, Tarandacuao, San Felipe, Yuriria, Juventino Rosas,
Coroneo, Cuerámaro y Salvatierra, la pobreza se ubica en 60% o más.
Asimismo, hay otros 19 municipios en donde el porcentaje de
pobreza supera el 50%: Huanímaro, Uriangato, Pénjamo, Comonfort, Valle de
Santiago, Tierra Blanca, Dolores Hidalgo, Victoria, Tarimoro, Abasolo,
Moroleón, Jaral del Progreso, Manuel Doblado, Pueblo Nuevo, San Luis de la Paz,
Acámbaro, Romita, Apaseo el Alto y Doctor Mora.
En cuatro municipios más el porcentaje de pobreza se ubica
entre el 40 y el 50% de la población: San Miguel de Allende, Silao, Apaseo el
Grande y Cortazar; y en solo 9 municipios se tiene un indicador por debajo del
40%, pero en ninguno se ha logrado bajar del 30%: Purísima del Rincón, San José
Iturbide, Villagrán, San Francisco del Rincón, Salamanca, Irapuato, Guanajuato,
Celaya y León.
Debe destacarse además que, en números absolutos, el número
de personas en pobreza se incrementó entre los años del 2010 al 2015; éstos
son: León, en donde en el periodo señalado el número de pobres creció en
173,493 personas; Irapuato, con un incremento de 64,916 personas; Celaya, con
37,427 personas en pobreza adicionales; Silao, con 19,613 más; Salamanca, con
un incremento de 14,777; Purísima del Rincón, en donde el número creció en
13,992; San Miguel de Allende, con 13,487 más; Guanajuato con 11,949; San
Francisco del Rincón, 7,413 personas en pobreza adicionales; San José Iturbide,
con 6,549 personas más; Apaseo el Grande con
6,288; y Villagrán con 5,304 personas en pobreza más, de las que había
en el 2010.
Los que más avanzaron
Hay, de acuerdo con el CONEVAL, 10 municipios en los que
entre el 2010 y el 2015, hubo una reducción de más de 10 puntos porcentuales en
la proporción de personas identificadas en pobreza; éstos son: Tierra blanca,
en donde la pobreza se redujo en 22.1 puntos porcentuales; Victoria, con una
reducción de 20.5 puntos porcentuales; Doctor Mora, con una reducción 17.1%. en
Villagrán la reducción fue de 13.1 puntos porcentuales; en Silao, de 13; en San
Miguel de Allende, de 12.5; en Abasolo, de 10.7 puntos porcentuales; en
Cortazar, de 10.5; mientras que en Pénjamo y Apaseo el Grande la disminución
del porcentaje de personas en pobreza fue de 10 puntos porcentuales,
respectivamente.
Inaceptables retrocesos
Por el contrario, hay municipios en los que la pobreza se
incrementó y profundizó. Los casos más graves son: Uriangato, conde la pobreza
tuvo un incremento de 1.6 puntos porcentuales entre el 2010 y el 2015; Jerécuaro,
con un incremento de dos puntos porcentuales; Xichú, donde creció en 2.8 puntos
porcentuales; Ocampo, con un crecimiento de 6 puntos porcentuales; Yuriria, en
donde la pobreza creció en 6.4 puntos; Atarjea, en donde se registra un
incremento de 8.4 puntos; Santiago Maravatío, en donde la pobreza creció 10.3
puntos porcentuales; y Tarandacuao, en donde el incremento fue de 11.4 puntos.
¿Qué evidencian estos datos?
1.
En primer lugar, una grave violación al artículo 1º
constitucional, el cual establece que los derechos humanos deben cumplirse con
base en los principios de universalidad, indivisibilidad y, sobre todo, de
progresividad. En efecto, al haber municipios en los que se incrementó la
pobreza, tanto en números absolutos como porcentuales, estos principios están
siendo definitivamente incumplidos.
2.
La ineficacia de las políticas económicas y sociales de la
entidad. Porque no hay una tendencia generalizada de abatimiento de la pobreza,
y porque no se están cerrando las brechas intermunicipales. Lo esperable es que
en la próxima medición, relativa al año 2020, lo que veremos seguramente será
un movimiento, otra vez, completamente irregular en los datos relativos a la
pobreza municipal.
3.
La urgencia de revisar los principios y criterios con los
cuales se diseñan, tanto el presupuesto de egresos del estado, como de los
municipios. Lo exigible en ese sentido es el rediseño de los criterios de
presupuestación, asumiendo el mandato constitucional. Por lo tanto, el
Presupuesto de Egresos, 2018, debería estar centrado en el cumplimiento de los
derechos humanos, comenzando por los sociales.
4.
La necesidad de una nueva estrategia de desarrollo regional;
que potencie las vocaciones productivas, que integre nuevas cadenas de valor;
que detone el mercado interno; y que esté dirigida a promover mucho más
inversión pública productiva, con la finalidad de crear empleos dignos.
5.
La irrenunciable disposición de elevar los salarios en la entidad,
comenzando por el sector público, a través de una Ley contra la desigualdad
salarial en el sector público, con el propósito de evitar que los políticos
tengan elevados e injustificados salarios, como ahora ocurre, generando
desigualdad respecto de quienes menos ganan en las instituciones públicas.