Aunque cada vez más esporádicos, en algunos lugares revientan petardos y salen a marchar sonando cacerolas bajo la luz de los faroles; y hasta hace un par de días, en los desolados bulevares se integraban piquetes de jóvenes que cantaban la canción “JOH es pa’ fuera que vas”, un verdadero “hit” en las redes sociales hondureñas.
En varios puntos de este pequeño país, de 112,492 kilómetros cuadrados y 9 millones de habitantes, se estuvieron realizando tomas de carreteras, causando alteraciones a la economía. Por ejemplo, pobladores de los departamentos (provincias) de Colón y Atlántida, en el noreste de Honduras, con una población estimada en unas 800,000 personas, reportaron hasta mediados de esta semana escasez de combustible y alimentos. En algunos supermercados de las ciudades de La Ceiba (Atlántida) y Tocoa (Colón) podían verse estantes vacíos porque no se les abastecía desde el viernes 1 de diciembre.
La zona es productora agrícola y lechera, por lo que algunos artículos, como lácteos, bananos y otras frutas, que son perecederos, se perdieron en las carreteras a la espera de llegar a sus destinos. El Sindicato de Trabajadores de la Standard Fruit Campany (subsidiaria de la transnacional Dole Food Company) anunció el miércoles que comenzaron a regalar bananos a la población.
Los productos que sí se hallaban subieron de precio de manera exorbitante. Por ejemplo, en Trujillo, departamento de Colón, el precio del gas LPG se reportaba a 500 lempiras (21.30 dólares aproximadamente), cuando su precio regular es de 210 lempiras (8.95 dólares). En ciudades como San Pedro Sula y Choloma, el cartón de 30 huevos pasó de costar 90 lempiras (3.83 dólares) a 120 (5.11 dólares) y hasta 150 (6.39 dólares), costos prohibitivos para una economía como la hondureña, nación considerada la segunda más pobre de América Latina, con un salario mínimo promedio de 320 dólares mensuales, que en la práctica muchas empresas no pagan.
Sin embargo, el flujo de alimentos podría estabilizarse luego de que a mediodía del miércoles los protestantes desalojaran la carretera a inmediaciones de la comunidad de San Juan Pueblo, departamento de Atlántida, permitiendo el paso hacia la extensa zona atlántica hondureña.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida, Luis Rojas, manifestó a los periodistas su esperanza por que haya una negociación entre los políticos y la situación vuelva a su total normalidad.
UN GRUPO de personas debió bajarse del autobús y cruzar a
pie una manifestación mientras agentes policiales intentaban despejar la vía en
las cercanías de la ciudad de El Progreso, en el norte de Honduras. FOTO: ESPECIAL
El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Arnaldo Castillo, aseguró que el país tiene suficiente producción para cubrir la demanda de alimentos y que los mercados están abastecidos, pero que muchos comerciantes se aprovechan para especular con los precios.
Al desabastecimiento y los altos precios de los productos básicos se suman las pérdidas dejadas por los saqueos a tiendas de ropa y electrodomésticos, supermercados, farmacias, restaurantes de comidas rápidas, ventas de celulares y pequeños comercios de abarrotes, ejecutados el jueves 30 de noviembre y el viernes 1 de diciembre por turbas enardecidas en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choloma. Unos saqueos a los que la policía, en la mayoría de los casos, llegó tarde para evitar, y de los que el oficialismo y la oposición se responsabilizan mutuamente.
Según el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Pedro Barquero, las pérdidas de los empresarios a causa de esos actos vandálicos andarían a escala nacional por los 1,100 millones de lempiras (unos 47 millones de dólares).
Las grandes empresas recurrirán a sus compañías de seguros mientras que el gobierno ha anunciado que podrá apoyar a las micro y pequeñas empresas mediante un programa oficial que se llama Crédito Solidario. El ministro de la Presidencia, Ricardo Cardona, explicó que ha integrado un equipo para que haga una lista de los negocios afectados y que podrán solicitar préstamos bajo condiciones especiales. Además, el funcionario anunció que en los próximos días se implementará un mecanismo de apoyo para las medianas y grandes empresas que lo requieran.
Adicional a las pérdidas por los saqueos está lo que han dejado de vender. Moisés Castellón, propietario de una cadena de tiendas, perdió dos contenedores llenos de mercadería que fueron saqueados en Choloma, los cuales estaban valorados en unos 3 millones de lempiras (unos 128,000 dólares), pero considera que ha perdido más por lo que ha dejado de vender previo a la Navidad, la época más importante del año para los comerciantes.
CRISIS EN ASCENSO
El clima de incertidumbre se generó desde el mismo día de las elecciones, el 26 de noviembre, cuando al cerrarse las urnas, la cadena de televisión más importante del país, junto a una cadena radial y algunos periódicos, publicaron una encuesta a boca de urna que daba por ganador al actual mandatario, Juan Orlando Hernández.
Una hora más tarde, la Alianza de Oposición que encabeza el candidato Salvador Nasralla publicaba los datos que desmentían la encuesta y lo ponían a la cabeza de las elecciones, con una diferencia de 117,000 votos y casi 5 puntos arriba del candidato oficialista.
En elecciones anteriores, el Tribunal Supremo Electoral ha acostumbrado avalar los datos de la empresa encuestadora, llamada Ingeniería Gerencial, y cuya cara visible es el señor Arturo Corrales Álvarez, quien hasta abril de 2016 se desempeñó como canciller de la República para el gobierno actual. Por eso, lo usual es que el mismo día de la elección se conozca quién es el presidente.
EMPLEADOS de una tienda hacen reparaciones tras sufrir actos
vandálicos en San Pedro Sula. FOTO: ESPECIAL
A diferencia de procesos anteriores, esta vez los partidos políticos y algunas organizaciones de observadores fueron recibiendo copias de las actas electorales (que reflejan el número de votos y para quién son) a medida que se enviaban desde los centros de votación a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la entidad gubernamental encargada de administrar el proceso eleccionario.
El TSE es integrado por tres magistrados propietarios, y está encabezado por David Matamoros Batson, de reconocida militancia en el Partido Nacional, el mismo del presidente y candidato Juan Orlando Hernández; luego están Saúl Escobar, del partido Democracia Cristiana, pero que junto a Matamoros aceptaron inscribir a Hernández como candidato pese a que la Constitución de Honduras prohíbe la reelección presidencial; y Erick Rodríguez, del Partido Liberal, quien en su momento votó en contra de inscribir a Hernández, a causa de la prohibición constitucional.
Contrario a la tradición de dar información la misma noche del domingo, día de elecciones, el TSE se abstuvo de pronunciarse y fue hasta la madrugada del lunes que ante la presión de observadores y de algunos medios de comunicación, Matamoros Batson dio una conferencia de prensa donde reconoció que la oposición llevaba 93,975 votos de ventaja sobre el presidente Hernández. La oposición había dicho que eran 117,000.
Sin embargo, Matamoros Batson aclaró en ese momento que nadie podía declararse ganador porque hacía falta escrutar una cantidad importante de actas de departamentos desde los que no se había podido enviar información por vía digital debido a la falta de electricidad en las comunidades, por lo que debían esperar.
Pese a la diferencia entre los votos registrados en ese momento, tanto Hernández como Nasralla se declararon ganadores y convocaron a sus bases a celebrar el “triunfo” en las calles. El candidato opositor incluso denunció en su momento que el gobierno había decretado asueto para que los empleados del gobierno salieran a manifestarse.
El partido oficialista argumentó que sus propios datos le daban el triunfo, que no se reflejaba en las computadoras del TSE porque se trataba del “voto rural”, que se sumaría al llegar las actas físicas al centro de escrutinio en Tegucigalpa.
Desde las 10 de la noche del domingo 26 de noviembre, el TSE dejó de actualizar su página web con información del escrutinio. Según el coordinador de la Alianza de Oposición, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, allí comenzó lo que ellos consideran el “fraude”, porque hasta ese momento ya se habían contabilizado más de 12,000 actas y solo restaban 5,174 que no se pudieron transmitir, por lo que consideraban que la tendencia al final los daría por vencedores.
El lunes 27 de noviembre, cuando los camiones con las actas comenzaron a llegar a Tegucigalpa desde diferentes departamentos y comenzaron a escanearse y a subir los datos a los servidores del TSE, Hernández empezó a escalar al grado de que, cuando se hizo el último corte ese día, la diferencia se había reducido de 93,975 votos a poco más de 20,000.
UN GRUPO de personas debió bajarse del autobús y cruzar a
pie una manifestación mientras agentes policiales intentaban despejar la vía en
las cercanías de la ciudad de El Progreso, en el norte de Honduras. FOTO: ESPECIAL
Sobre la llegada de los materiales electorales, la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos apuntó en su informe preliminar de las elecciones que sus observadores “reportaron que algunas maletas llegaron al INFOP (centro de acopio) abiertas o incompletas, en ocasiones faltando el acta, las hojas de incidencias o los cuadernos de votación, y que algunas no contenían ninguno de los mecanismos de seguridad”.
El martes 28 de noviembre, al final del día, ya Hernández aventajaba por 2,911 votos. El miércoles 29, un servidor del TSE “se cayó”, lo que es atribuido por Matamoros Batson a una sobrecarga de información. “Ese incidente se presentó el 29 de noviembre porque el sistema no tenía capacidad de seguir jalando información, porque se saturó. Eso se resolvió en tres horas”, y volvió a funcionar de forma intermitente, “hasta que se tomó la decisión de modificar el servidor”, dijo el funcionario.
Los mismos observadores de la OEA señalan que “el sistema de procesamiento de actas quedó prácticamente detenido por un periodo de diez horas el día miércoles, generando más incertidumbre. El TSE informó que esta situación se debió a un problema técnico en uno de sus servidores, que alcanzó su capacidad máxima y tuvo que ser sustituido por uno nuevo. La Misión no pudo constatar el origen del problema, pero sí observó que el sistema volvió a entrar en funcionamiento aproximadamente a las 00:00 horas del día siguiente”.
Cuando se volvieron a subir datos la ventaja de Hernández se amplió a casi 23,000 votos, hasta que el jueves 30, cuando se cerró el escrutinio Hernández superó a Nasralla por más de 45,000 votos, y al escrutarse las actas que presentaban inconsistencias esa ventaja quedó en 52,477 votos.
A medida que la brecha se iba haciendo más grande, el descontento entre los que votaron por Nasralla creció en forma de manifestaciones callejeras y tomas de carreteras, que fueron disueltas a fuerza de gases lacrimógenos, golpes y balazos.
Esto fue aprovechado por antisociales para ejecutar saqueos a los negocios durante dos días. Pese a que se detuvo a decenas de personas, las autoridades policiales han asegurado que estos no tienen vínculos con las agrupaciones políticas en contienda.
El 1 de diciembre el Consejo de Ministros decretó toque de queda desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, el cual fue desafiado en los días subsiguientes con cacerolazos, petardos y marchas improvisadas. La primera noche de la suspensión de la circulación, una jovencita fue asesinada en Tegucigalpa —afirman testigos— por elementos de seguridad del gobierno.
Y es que, según el informe “Honduras, crisis política poselectoral y su impacto en los derechos humanos”, presentado el pasado miércoles por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre perdieron la vida 14 personas a causa de la violencia generada desde la crisis política.
DURANTE el paro de brazos caídos, un agente se sometió a una
huelga de hambre, pero la rebelión fue sofocada rápidamente por el gobierno. FOTO:
ESPECIAL
De las 14 muertes, 12 fueron “por la represión en las protestas y aplicación de la suspensión de las garantías constitucionales; 51 resultaron heridas, siete de ellas gravemente; 844 resultaron detenidas de las cuales 148 personas fueron acusadas por el delito de robo agravado, tres por terrorismo y 91 expedientes penales han sido abiertos en Tegucigalpa, La Ceiba y San Pedro Sula”, dice el informe.
El pasado miércoles, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos emitió un comunicado donde, entre otras cosas, “condena las muertes acaecidas y exige la inmediata investigación de los hechos, al tiempo que expresa sus condolencias y se solidariza con el dolor de las familias de las víctimas”.
En el mismo documento califica de “desproporcionado” haber decretado un toque de queda a causa de las manifestaciones “y solicita el inmediato levantamiento” de la medida. Horas más tarde, el Consejo de Ministros determinó restituir las garantías constitucionales en ocho departamentos, lo que, sumado al departamento de Islas de la Bahía, nueve departamentos volvieron a una relativa normalidad mientras los otros nueve siguen con restricciones.
Por si fuera poco, en plena crisis política, el martes 5 de diciembre varias unidades de la Policía Nacional se fueron a un paro de brazos caídos demandando mejoras salariales, pero también exigiendo a los políticos que no los manden a “reprimir al pueblo”. La rebelión fue sofocada por el presidente Hernández 24 horas después previo pago del aguinaldo navideño, un bono y promesas de aumento salarial y de proyectos de vivienda.
Para echar más sal en la herida, el expresidenciable Luis Zelaya, del histórico Partido Liberal y que resultó como tercera fuerza política en las elecciones, brindó conferencia de prensa el miércoles donde declaró que con el 82 por ciento de las actas que tiene su partido, es decir, no tiene el 100 por ciento, el ganador es Salvador Nasralla, arrojando más dudas sobre el trabajo realizado por el TSE.
Mientras tanto, el candidato opositor, Salvador Nasralla, ha ido variando sus peticiones, y luego de requerir la revisión de las “5,174 actas del fraude”, pasó a demandar la revisión del total de 18,106 actas y últimamente ha descalificado al TSE como garante de las elecciones y pide un tribunal internacional para que audite el proceso.
Posición que la misma OEA, en el ya citado comunicado, pareciera respaldar al decir que “la falta de garantías y transparencia, así como el cúmulo de irregularidades, errores y problemas sistémicos que han rodeado este proceso electoral, en su etapa previa, jornada electoral y etapa poselectoral, que como corolario no permiten a esa Misión tener certeza sobre los resultados”.
Además, advierte que, de no seguirse sugerencias para subsanar los problemas, “se reserva el derecho de realizar las recomendaciones adicionales que considere pertinentes sobre cualquier aspecto del mismo, sin descartar incluso la posibilidad de recomendar un nuevo llamado a elecciones con garantías de que corrijan todas las debilidades identificadas que dieron lugar a las irregularidades graves que se detectasen”. Mientras tanto, el tiempo sigue corriendo y los hondureños siguen sin presidente electo.