De
acuerdo con el CONEVAL, la pobreza se redujo en más municipios que en aquellos
en que se incrementó. El comunicado emitido dice al respecto: “Entre 2010 y
2015, hubo más municipios en los que disminuyó el porcentaje de población en
situación de pobreza que en los que aumentó: en 699 municipios el porcentaje
disminuyó 5 puntos porcentuales o más, mientras que en 422 municipios aumentó 5
puntos porcentuales o más. En 989 municipios el porcentaje de población en
situación de pobreza extrema se redujo 5 puntos porcentuales o más, mientras
que en 162 la proporción de población en situación de pobreza extrema aumentó 5
puntos porcentuales o más”.
Lo
anterior puede tener dos lecturas: una, la optimista, bajo la cual se valorará
y se subrayará el hecho de que, a lo largo de cinco años, en un mayor número de
municipios hay menor proporción de pobres, mientras que, en menor medida, esta
proporción creció en otras demarcaciones.
Sin
embargo, esa visión no sólo es comodina, sino que no va al fondo del asunto. En
primer término, porque en general, en el país, los datos globales permiten
observar que entre 2012 y 2014 el número de pobres se incrementó; mientras que
entre 2014 y 2016, con una nueva metodología de medición del ingreso, la
proporción de personas en pobreza se redujo, pero no así, al menos no de forma
significativa, el número absoluto de personas en esa condición.
Así
visto, lo primero que debe analizarse es en cuáles municipios fue en los que se
redujo el porcentaje de personas en pobreza, y determinar, en la medida en que
sea posible, cuáles fueron los factores que llevaron a esa reducción; pues dado
que no se dio una reducción generalizada, entonces no puede ser atribuido el
efecto a las políticas que operan de manera generalizada en el país.
Por
otro lado, la otra cuestión, aún más importante, es la segunda lectura que se
debe llevar a cabo: las políticas sociales no están garantizando que se cumpla
el principio de progresividad en el cumplimiento de los derechos humanos en
todo el territorio nacional.
Es
decir, que haya municipios en los que se incrementó la pobreza, implica un
retroceso inadmisible, aún cuando haya más en los que se logró algún avance; y
esto porque el principio de la no regresividad de los derechos humanos, implica
que en ningún ámbito territorial debió haberse incrementado el número de
pobres.
Por
otro lado, la medición del CONEVAL revela al menos tres cuestiones que deberán
ser abordadas en las campañas del 2018, más aún considerando que se renovarán
más de mil alcaldías.
1.
La
desigualdad sigue siendo la característica principal de las condiciones
económicas y sociales del país.
2.
Luego
de 20 años de una política social sustentada fundamentalmente en transferencias
económicas condicionadas, tenemos magros resultados en el abatimiento de la
pobreza, y también en la reducción de la vulnerabilidad por carencia de ingresos.
Esto asociado a un acceso todavía lejos de la universalidad a servicios
básicos; amén de servicios de muy baja calidad y un bajo nivel de cumplimiento
de los derechos humanos en el país.
3.
Puede
seguirse hablando de un territorio fragmentado, en el cual hay enclaves de
pobreza y segregación que no sólo no se han abatido, sino que en muchos de
ellos se han profundizado, y además agravado por otros factores como la
violencia, y las tendencias de morbilidad que reducen los años de vida
saludable y provocan muertes prematuras.
Desde
esta perspectiva, la primera reacción que generan estos resultados es que es
urgente modificar todas las políticas públicas; que ya no alcanza sólo con
modificar a la política económica para impulsar o potenciar los resultados de la
política social; y que en el 2018, o debatimos y construimos un nuevo modelo de
desarrollo, o condenaremos a la mitad de la población a seguir viviendo en
medio de las carencias más inaceptables.