Iban a combatir la violencia y terminaron muertos. La oleada de violencia en Michoacán derivó en una estrategia efectuada hace ocho años para que mandos de la Policía Federal se convirtieran en titulares de las áreas de seguridad pública municipal, entre ellos el de ciudad Hidalgo, pero desaparecieron.
El rastro de seis policías federales y un civil que los acompañaba quedó perdido mientras se trasladaban a ciudad Hidalgo, Michoacán. En el trayecto, los efectivos se comunicaron telefónicamente con sus familiares y posteriormente no se supo más de ellos.
Sin embargo, en el Centro de Mando de la Policía Federal se informó a los familiares que los servidores públicos estaban bien y que en el lugar al que llegaron no tenían señal de teléfono y que no habían recibido informes de algún enfrentamiento.
Inconformes con la escasa información, familiares de las víctimas presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). El organismo solicitó información a las autoridades y supo que se abrieron 12 averiguaciones previas en la Procuraduría General de la República, de cuatro de ellas se ejerció acción penal en contra de 14 integrantes del grupo delictivo “La Familia Michoacana” por los ilícitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y homicidio.
A partir del hecho, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 66/2017, dirigida al Titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales en Suplencia del Procurador General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán; a la Titular de la Secretaría de la Función Pública (SPF), Arely Gómez González, y al Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, por violaciones a los derechos humanos e irregularidades en la asignación de una comisión por parte de servidores públicos de la Policía Federal; en la determinación de responsabilidades administrativas y en la integración de la investigación ministerial sobre la desaparición de siete policías federales.
En el documento recomendatorio los policías federales y un civil se reportan como desaparecidos, sin embargo, miembros del grupo delincuencial declararon ante el ministerio público que privaron ilegalmente de la libertad a los 7 policías federales y un civil, y posteriormente los mataron, para ello utilizaron armas de fuego, después los quemaron, recogieron las cenizas y las tiraron en una presa.
Del análisis lógico-jurídico al conjunto de evidencias del expediente respectivo, la CNDH evidenció violaciones a derechos humanos e irregularidades en la investigación de los hechos, y señala que la protección de la vida, integridad y seguridad de los elementos policiales en las tareas que le son asignadas deben estar respaldadas por estrategias y planes que reduzcan riesgos que pudieran además de contar con los recursos materiales que permitan su adecuado equipamiento para salvaguardar su integridad física o evitar sufrir algún daño.
En ese sentido, la Comisión acreditó que ciertos mandos superiores incumplieron lo preceptuado en el artículo 19 de la Ley de la Policía Federal, que rige los deberes que todo policía debe observar; lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y distintos manuales de procedimientos, al omitir el cumplimiento de sus obligaciones en detrimento de sus propios elementos.
También se evidenció la falta de profesionalismo, respeto y sensibilidad de algunas autoridades que trataron en forma inadecuada a los familiares de las víctimas, a quienes se les dijo que los elementos desaparecidos “tomaron sus decisiones, se fueron como quisieron y desobedecieron órdenes; ellos ya no pertenecían a la PF y que ya no era responsabilidad de esa institución lo que pasara” y si querían saber de ellos tendrían que ir a ciudad Hidalgo, Michoacán.
La CNDH concluyó que la autoridad encargada de proteger la seguridad de cualquier ciudadano, e incluso de sus propios elementos, violentó no sólo sus principios sino también los derechos humanos de ese personal y de sus familiares, sin desconocer que en los hechos intervino un civil que trasladó a los servidores públicos y que, de igual forma, se encuentra en calidad de desaparecido.
Esta Comisión Nacional evidenció las violaciones a los derechos humanos por parte de los superiores jerárquicos de los elementos policiales.
Además, la CNDH determinó que la PGR deberá investigar la actuación de los servidores públicos de la PF y del estado de Michoacán, a fin de determinar si tuvieron participación en la desaparición de las víctimas, toda vez que existen indicios y denuncia directa de parte de familiares de las víctimas por la probable intervención de servidores públicos en la desaparición de los 7 policías y un civil, situación que no ha sido investigada por la autoridad ministerial Federal.