Este
compromiso fue poco atendido durante varios años, hasta que vino la reforma
constitucional del 2011 misma que obliga a las autoridades a promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas, y por
tanto, a construir una política de Estado en materia de derechos humanos.
En abril de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa
Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 (PNDH), instrumento rector de la
política pública en la materia. Una de las principales líneas de acción del
PNDH es fomentar la elaboración de programas de derechos humanos en estados y
municipios.
La misma SEGOB propuso
en 2015 los siguientes pasos para elaboración de programas estatales de
derechos humanos:
1. Instalación de una instancia estatal coordinadora entre los tres
poderes y órganos autónomos.
2. Construcción de una red de Organizaciones de la Sociedad Civil que
participen en el proceso.
3. Designación de presupuesto para el
desarrollo del proceso.
4.
Gestionar apoyo técnico calificado de
instituciones y expertos en la materia.
5.
Elaboración de un diagnóstico que tome en
cuenta la voz de la sociedad civil y las recomendaciones de organismos
nacionales e internacionales.
6.
Definición de contenidos que respondan al
diagnóstico y sean transversales.
7.
Elaboración de indicadores y de un
mecanismo de evaluación.
La Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos, complementó lo anterior enfatizando en
que la calidad de los procesos de construcción de los programas estatales de
derechos humanos importa tanto como su contenido mismo. Por tanto, es clave la
participación y validación de la sociedad civil, tanto en el proceso de
construcción del diagnóstico, como del programa de derechos humanos.
Hoy
en día, la gran mayoría de los estados de la República cuentan ya con un
diagnóstico y un programa estatal de derechos humanos. Sin embargo, llama poderosamente
la atención que Guanajuato esté rezagado en este proceso y que, dicho sea de
paso, tampoco se observe como una exigencia en la agenda inmediata de las
organizaciones de sociedad civil, la Academia y los medios de comunicación.
Si bien, la consolidación de una política para Guanajuato en materia de
derechos humanos corresponde a los tres Poderes del Estado y a los dos órdenes
del Gobierno, hay dos instancias clave que por su mandato debieran facilitar su
desarrollo: la Procuraduría de Derechos Humanos (PDHEG), en lo que a la parte
diagnóstica se refiere, y la Secretaría de Gobierno del Estado, en su rol de
articuladora de las políticas públicas estatales.
Si vemos el tema desde un prisma netamente político, se antoja difícil que entrado
ya el último año del Gobierno actual, se vaya a apostar por cumplir con este
compromiso. Sin embargo, no sería tampoco imposible si asumimos que el titular
de la Secretaría de Gobierno es un gran conocedor de la situación y los
compromisos pendientes en materia de derechos huamnos.
Sería
también una oportunidad única para el actual Procurador de Derechos Humanos,
para demostrar su compromiso decidido y sin titubeos con su mandato e
investidura, a un año de haberla asumido. Sería la posibilidad idónea para identificar
objetivos sustantivos y metas cualitativas que complementen su propio plan de
trabajo planteado más en términos de gestión opoerativa.
Quizá
el reto mayor descanse en que los temas de derechos humanos relacionados a la
seguridad ciudadana, protección de niñez, así como los derechos sociales,
económicos, culturales y ambientales; tendrían que ser asumidos como prioritarios,
pues nadie puede negar que la violencia generada por la inseguridad y la desigualdad
en nuestro Estado están pasando una factura severa. Sin embargo, no actuar por
considerar este reto como un riesgo, no sería más que una razón mezquina.
Para
la ciudadanía guanajuatense, harta, como en todo el país, de los groseros
espectáculos de la partidocracia, sería también una opción importante de
plantear una agenda política y social distinta, bajo el paraguas de los derechos
humanos.
No
hay duda que Guanajuato antes que tanques, militares, campañas políticas y
programas sociales cortoplacistas, requiere de una política de Estado en
Derechos Humanos. Ojalá nuestras instituciones, gobernantes, medios de
comunicación y la propia ciudadanía estemos a la altura para proponer, exigir y cumplir con esta
necesidad amparada en un mandato constitucional y una meta específica del Plan
Nacional de Derechos Humanos.
@jmramosrrobles
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