El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el polémico dictamen de la Ley de Seguridad Interior para regular las tareas de seguridad que llevan a cabo las Fuerzas Armadas, lo que supone la presencia de los soldados en las calles.
Los diputados avalaron la ley que expide la Ley de Seguridad Interior, en un primer momento, con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones, y posteriormente en lo particular con 215 votos a favor, 101 en contra y cuatro abstenciones.
Tras rechazar 101 reservas que se hicieron a la totalidad de los artículos de la legislación, el dictamen se turnó al Senado de la República, en donde será discutida.
El presidente de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín, informó que de las 101 reservas, 52 fueron presentadas por el PRD, 34 por Morena, 10 fueron de MC, cuatro del PAN y una del PES.
El documento avalado precisa que las Fuerzas Armadas intervendrán mediante la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando las capacidades de las fuerzas federales resulten insuficientes para reducir o contener la amenaza de que se trate. Además implementarán sin necesidad de declaratoria de protección a la seguridad interior, políticas, programas y acciones.
Establece también que las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, pueden identificar, prevenir, atender, reducir y contener las amenazas a la seguridad interior.
Durante sesión, legisladores que se oponen a la ley desplegaron pancartas con la consigna de “No a la militarización del país”, del PRD y “La paz y la tranquilidad son fruto de la justicia, no del uso de la fuerza”, de Movimiento Ciudadano.
El presidente mexicano Enrique Peña Nieto, quien se manifestó a favor de esta ley, urgió al Congreso a aprobarla porque “brindará mayor certidumbre a nuestras Fuerzas Armadas y a la sociedad mexicana”.
Amnistía Internacional, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Open Society Justice Initiative (OSJI), el Robert F. Kennedy Human Rights y la Organización mundial contra la Tortura dijeron a su vez que esta normativa pretende normalizar la participación de las fuerzas armadas en labores policiales.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dijo que esta ley “en los términos que se plantea” contribuiría a mantener el estado actual de cosas, “al favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas como base de una estrategia para abatir la violencia e inseguridad que se enfrenta, dejando de lado la necesidad de emprender acciones coordinadas y efectivas, desde los distintos niveles y órdenes de gobierno, para fortalecer los recursos y capacidades de las policías civiles, instancias a las que corresponde de manera exclusiva llevar a cabo las tareas de Seguridad Pública”.