El gobierno de Estados Unidos presentó ante una Corte Federal de ese país testimonios de ex funcionarios del gobierno de Aguascalientes como pruebas para que se le autorice decomisar siete propiedades del hijo del ex gobernador Luis Armando Reynoso en Texas.
Se trata de las declaraciones de ex trabajadores administrativos del Instituto de Salud y la Secretaría de Finanzas, cuya identidad se reserva por seguridad y protección de datos personales, que fueron incluidos en la respuesta que la Fiscalía norteamericana dio el 15 de noviembre a la solicitud de juicio sumario presentada en agosto por Luis Armando Reynoso López ante la misma corte.
Además de las declaraciones, los fiscales federales incluyeron copias de las transferencias de 13.8 millones de pesos del Instituto de Salud de Aguascalientes en pago del tomógrafo para hospital Tercer Milenio, que nunca llegó al estado.
Tanto los testimonios como las facturas forman parte del expediente del juicio en el que el Juzgado Segundo Penal de Aguascalientes condenó a Reynoso Femat a más de seis años de prisión por la presunta compra simulada del aparato en 2008.
Según la Fiscalía norteamericana, operación habría servido para desviar dinero del erario público de la entidad y usarlo en la compra de cuatro casas y tres inmuebles comerciales a nombre de Reynoso López o de empresas suyas en la ciudad de San Antonio.
Sin embargo, en México, Reynoso Femat no ha sido condenado en definitiva por el caso del tomógrafo. Aunque el Supremo Tribunal de Justicia del estado ratificó la sentencia del Juzgado Segundo, sus abogados presentaron un amparo directo y esperan la resolución de un Tribunal Federal con sede en Aguascalientes.
La falta de esa sentencia definitiva contra su padre es uno de los argumentos que Luis Armando Reynoso López ha presentado ante la Corte distrital en Texas para pedir que se niegue la autorización de decomiso de sus propiedades.
Además, aún cuando agentes norteamericanos han asegurado que investigan al ex gobernador, hasta este miércoles no habían presentado cargos ni acusaciones formales en su contra en tribunales de Estados Unidos.
Desde 2014, el gobierno norteamericano pretende decomisar las propiedades de Reynoso López porque, sospecha, fueron adquiridas con recursos obtenidos mediante diversas actividades ilícitas, una de ellas la compra del tomógrafo.
Según los fiscales federales, dichas actividades son “transporte de propiedad robada” y “delitos contra una nación extranjera”.
Por su parte, Reynoso López alega que la Fiscalía de Estados Unidos no ha presentado evidencia de que las propiedades estén vinculadas a “actividades ilícitas específicas” ni de que los fondos usados para la compra de las propiedades provengan de alguna actividad ilegal.