La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigió a las autoridades federales y estatales realizar un censo para conocer cuántas personas están siendo víctimas de desplazamiento forzado en Chiapas como consecuencia de la violencia.
Un conflicto territorial que data de más de 45 años entre los habitantes de los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán, ha provocado que miles de personas entre niños, ancianos y mujeres embarazadas sean obligados a dejar sus hogares, escondiéndose en las montañas chiapanecas bajo condiciones climáticas adversas y sin comida.
Sin embargo, hasta el momento, el gobierno que encabeza Manuel Velasco no ha intervenido en el conflicto y tampoco ha hecho un censo de los afectados. De acuerdo con la prensa local, casi 5,000 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado por la violencia en la región.
A partir de estos hechos, la CNDH solicitó medidas cautelares a favor de 4,000 personas víctimas de desplazamiento forzado de los que tiene registro y se les garantice la satisfacción de sus necesidades básicas de alimentación, salud y alojamiento.
Las personas desplazadas dejaron sus lugares de residencia de manera precipitada para proteger su integridad física y su vida, por ello, la Comisión considera necesaria su inmediata protección y resguardo.
“Mientras subsista el desplazamiento, el gobierno mexicano debe prever los lugares de alojamiento temporal en condiciones dignas y brindar el acceso a los servicios de salud, educativos y la orientación jurídica que requieran”, dijo la CNDH en un comunicado de prensa.
Además, el órgano defensor solicitó a las autoridades que lleven a cabo las acciones necesarias dentro del marco jurídico, que permitan solucionar los hechos de violencia, privilegiando el
diálogo y mediación para que en el menor tiempo puedan tener un retorno seguro y
duradero a sus comunidades de origen.
La Comisión Nacional obtuvo información de integrantes del clero y de la Policía Estatal Preventiva del Estado de Chiapas que refirieron que varias personas presentan problemas de salud y otras más no cuentan con alimentos, medicamentos, atención médica, ni los elementos que son necesarios
para su subsistencia.
La solicitud de medidas cautelares tiene su fundamento en lo dispuesto en los artículos 40 de
la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como 116, 117 y 118 de su
Reglamento Interno. Las autoridades tienen plazo de 24 horas para formular su respuesta a
este requerimiento.