Desde el 2014, la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) hizo señalamientos a la Secretaría de Educación
Pública (SEP) por el Programa U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el
desarrollo infantil por la falta de claridad en los procesos para la entrega y
fiscalización de los recursos.
De acuerdo a un documento al que
Newsweek Aguascalientes tuvo acceso, fue en el 2014 cuando la ASF le recomendó
a la Secretaría de Educación Pública, que entre otras cosas, asegurara la
entrega de los informes finales donde se incluyera información sobre los
rendimientos generados, nombres de los centros de educación inicial o de
escuelas de educación infantil beneficiadas y descripción de montos y gastos
que permitieran dar seguimiento de la aplicación de los recursos federales al
objeto del programa.
Otra de las observaciones
sobresaliente estaba relacionada con la carencia de regulación en los procesos
de asignación de los recursos, lo que impedía garantizar la selectividad,
equidad y transparencia en la aplicación del presupuesto en cada una de las
entidades federativas.
En el 2014, fueron en total 17
entidades federativas con las que la SEP formalizó un Convenio de Apoyo
Financiero por 747 millones de pesos, de los cuales a Aguascalientes le
correspondieron 40 millones. Dichos convenios también tuvieron una serie de
observaciones por irregularidades.
Se formalizaron fuera del tiempo
establecido, carecían de una descripción de los criterios de distribución y
aplicación de los recursos, y contenían una serie de faltantes que fueron
considerados por la auditoría como una falta de criterios de transparencia y
control para la aplicación de los recursos.
Por último, el documento no
consideraba el reintegro de los recursos federales y de sus respectivos
rendimientos a la Tesorería en caso de que las entidades federativas no
cumplieran con las obligaciones que les correspondían, luego de la entrega de
los recursos.
Según el documento, en
Aguascalientes la Asociación Pequeños Creadores del Siglo XXI integrada por
Rosalía León Rosas (esposa de Héctor Quiroz García, presidente del PT),
Anastacio Sánchez Ortíz (cuñado) y Dante González García (ex diputado suplente),
fue una de las organizaciones que solicitaron recursos para la apertura de tres
Cendis Sierra Fría en San José de Gracia, Calvillo y Aguascalientes. Y uno más
en Rincón de Romos que está en proceso de construcción.
Según datos obtenidos
extraoficialmente, los Cendis Sierra Fría recibieron del IEA entre 2014 y 2017,
128 millones 217 mil 257 pesos.
En entrevista con el director del
Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) Raúl Silva Perezchica, dijo
desconocer oficialmente señalamientos por irregularidades emitidos por la ASF
específicamente para el estado.
“Esta es una situación de la PGR,
nosotros no tenemos conocimiento legal ni oficial, no tenemos ninguna
situación, lo sabemos por las notas nacionales y locales y estamos diciendo a
los padres de familia que no se inquieten, que el Instituto de Educación de
Aguascalientes garantiza este ciclo escolar para las escuelas que estén en esa
condición”.
“Nosotros tenemos el dinero listo
para cuando nos den la nómina hacerlo, de hecho lo estuvimos haciendo los demás
meses, lo que nosotros estamos haciendo es pagar directamente en base a la
nómina que va teniendo el Cendi”, abundó Perezchica en cuanto a los recursos
que ellos tienen a disposición para pago de nómina.
El pasado lunes 23 de octubre, la
Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a Héctor Quiroz García
acusado del delito de fraude por 100 millones de pesos como parte de una red de
lavado de dinero junto con María Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa del
dirigente nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez.
El dirigente del PT en
Aguascalientes pagó 600 mil pesos por la libertad condicional que le otorgó el
juez federal Gerardo García Moreno, integrante del Centro de Justicia Penal
Federal.