Los sistemas de procuración de justicia y de seguridad pública en México se encuentran en crisis. De acuerdo con la Consulta Nacional sobre el Modelo de Justicia, a esta situación se suma la desconfianza ciudadana hacia las instituciones que se han visto envueltas en casos de corrupción, ausencia de imparcialidad, violaciones de derechos humanos y deficiencias.
En el informe indica que hay importantes problemas en la conducción de instituciones para la transición al nuevo sistema de justicia penal, que hay fallas en la organización de las instituciones así como de sus métodos de trabajo y que se perciben dificultades para capacitar al personal. Estos factores no se pueden corregir en el corto plazo, de acuerdo con el texto realizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) a petición del Congreso y la PGR.
“Tampoco bastan los cambios en aspectos muy puntuales para corregir el rumbo. Resulta ingenuo e irresponsable ofrecer resultados positivos en lo inmediato. Estamos frente a un proyecto que tomará años para su ejecución, que requiere de múltiples liderazgos y recursos suficientes, que debe explicitar sus objetivos, que está obligado a delinear su ruta de acción y fijar con claridad la forma en la que se evaluarán y rendirán cuenta de sus resultados”, señala el informe.
El documento advierte que “cualquier ejercicio que pretenda reformar la operación de la procuración de justicia en el país debe necesariamente tomar en cuenta la complejidad del cambio, y la necesidad de mantener la investigación y persecución de los delitos. Para ello se necesita la articulación de un acuerdo nacional por la seguridad pública y la justicia penal que involucre a todos los operadores del sistema en todos los ámbitos y niveles de gobierno”.
La Consulta se realizó a través de mesas y consultas dividida en 8 ejes temáticos: (1) víctimas y derechos humanos, (2) procuración de justicia y política criminal, (3) procuración de justicia y seguridad pública, (4) delincuencia organizada, (5) modelo de investigación criminal, (6) procuración de justicia y administración de justicia, (7) operación, gestión y cambio en las instituciones de procuración de justicia y (8) modelo de autonomía de las instituciones de procuración de justicia.
Entre las recomendaciones del texto, señala que las reformas constitucionales que pretenden ampliar los supuestos de prisión preventiva oficiosa no son necesarias. “Lo que se requiere es mejorar la capacidad de investigación de las policías para investigar y de los fiscales para argumentar. La información disponible señala que el 75 por ciento de las solicitudes de prisión preventiva se conceden”.
“La Consulta revela importantes problemas de coordinación y articulación entre policías y ministerios públicos. Estos problemas son todavía más complejos en los casos que involucran a las fuerzas armadas y ministerios públicos. Existen vacíos en la transferencia de información y en la colaboración como testigos”, expone otra recomendación.
La Consulta propone que se realice un Modelo de Procuración contempla un esquema en el que la Procuraduría traslade sus recursos gradualmente hacia la Fiscalía y paralelamente liquide los asuntos pendientes.