Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) denunciaron este miércoles el desdén y la operación del gobierno para retrasar la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción.
En una reunión con medios internacionales la senadora Marcela Torres junto a los senadores Ernesto Ruffo, Francisco Búrquez y Víctor Hermosillo, lamentaron que el “establishment” político ha hecho todo lo posible para que el Congreso posponga los acuerdos hasta que termine el proceso electoral de 2018.
El PAN ha buscado que se lleve a cabo la reestructuración de la PGR y el nombramiento de un Fiscal General que sustituya la figura del procurador y entonces elegir un fiscal especializado en combate a la corrupción.
“El presidente ha propuesto que el nombramiento del fiscal general se agende luego de la elección presidencial, y lo mismo ha hecho el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador sin importar los esfuerzos que se han llevado a cabo en los últimos años para aprobar las reformas en materia de combate a la corrupción”, dijo la senadora Marcela Torres, y destacó que el presidente mexicano ha “desdeñado” la agenda anticorrupción que urge se concrete en el país.
Ernesto Ruffo sostuvo que la corrupción ha crecido en México en los últimos cinco años y aseguró que en el 90 por ciento del gasto público hay indicios de actos de corrupción.
Francisco Búrquez, por su parte, señaló que han detectado que el porcentaje derivado de los sobornos se elevó de un 10 a un 25 por ciento en la obra pública, mientras Víctor Hermosillo criticó los planes logísticos del nuevo aeropuerto y el incremento presupuestal en el que se ha incurrido.
Integrantes junto al senador Juan Carlos Romero Hicks del autodenominado “Grupo anticorrupción”, una organización que se gestó al interior del PAN, los congresistas enumeraron las acciones que se han llevado a cabo en el Congreso para concretar las reformas.
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) de México nació a partir de los diferentes escándalos surgidos en el seno del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Mediante el SNA se crearon un conjunto de leyes e instituciones, con la participación de organismos y ciudadanos para enfrentar de una manera distinta y amplia la problemática de la corrupción, cuyo costo equivale al 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), según cálculos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.
El Sistema está integrado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); la Secretaría de la Función Pública (SFP); el Tribunal de Justicia Administrativa; el Consejo de la Judicatura Federal; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IANI), así como el fiscal anticorrupción.
Los senadores criticaron la falta de voluntad política del presidente Enrique Peña Nieto y cómo ese desdén ha derivado en que no se haya nombrado al fiscal general y al fiscal anticorrupción, así como la ausencia de los 18 magistrados especializados que integrarán el Tribunal de Justicia Administrativa.
“La renuncia de Raúl Cervantes a la Procuraduría General de la República no es más que un acto para restar tensión y posponer el nombramiento del fiscal”, dijo Ernesto Ruffo quien confía en que el nombramiento de los magistrados se pueda dar en los próximos meses.