Será hasta el 2018 cuando se logre la designación del Fiscal Estatal Anticorrupción, ya que el Comité Ciudadano Seleccionador solicitó al Congreso Local un presupuesto para realizar sus reuniones, mismo que todavía no ha sido aprobado.
“Nos han pedido al congreso un presupuesto básico para sus reuniones, una página de internet en donde den a conocer su trabajo y las convocatorias, de acuerdo a lo que nos presentaron hablan de a finales del mes de octubre ya tener una convocatoria que sea lanzada y de tal manera que en enero o febrero ya tengamos un Comité Ciudadano Anticorrupción”, declaró el diputado Iván Sánchez Nájera.
Aunado a esto, está pendiente la aprobación de diversas reservas a la ley donde se pide que sea el Comité Ciudadano y no el Fiscal General, quienes presenten una terna para que sean los diputados quienes designen al Fiscal Anticorrupción.
“Actualmente como está la ley el Fiscal General va a designar y en su caso remover bajo el criterio que él tenga al Fiscal Anticorrupción, un hecho que nos parece un error rotundo ya que el sistema anticorrupción es muy bondadoso, tiene muy buen objetivo, pero si lo empezamos a tratar así a través de hilos políticos es un augurio que va a tener pésimo resultado”, sentenció.
Por otro lado, el Congreso hará pública en estos días la convocatoria para la designación de los Comisionados del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. Sánchez Nájera aseguró que vigilarán que los nuevos integrantes ciudadanos independientes.
“Debemos priorizar que sean perfiles independientes; que sean ciudadanos proactivos porque en ellos descansa la vigilancia de la transparencia de todos los órganos, sabemos que hay una gran cantidad de quejas hacia la función pública de mucha opacidad”, expresó.
Agregó que si bien la ley exige que los interesados no hayan sido militantes de algún partido o contado con un puesto de participación popular en el último año, se buscará ser más exigentes con estos requisitos, ya que están conscientes de que los nuevos consejeros estarán supervisando a las instancias de gobierno a las que se les deberá exigir la transparencia que obliga la ley.
Lanzarán la convocatoria el 15 de octubre y los interesados tendrán 30 días para inscribirse y presentar la documentación que el Congreso presentará a la brevedad.