La granja avícola y porcícola denunciada por contaminación en Pabellón de Arteaga operaba de forma irregular.
Durante una visita el pasado 25 de septiembre, inspectores la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa) detectaron que la granja avícola, donde también había alrededor de 5 mil cerdos, no tenía Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) y trabaja sin licencia de operación, entre otras presuntas irregularidades.
“No tiene su programa de manejo de residuos especiales, no cuenta tampoco con su bitácora -ellos deben tener una bitácora para tener un control de todos estos residuos que están generando- ni su licencia estatal de funcionamiento”, enunció la titular de la dependencia, Ofelia Castillo Díaz.
Sin su plan de manejo de residuos, la empresa confinaba al aire libre las heces de los pollos y puercos que cría. La población vecina ya se había quejado de malos olores y había acusado descargas al cauce del arroyo que confluye con el río San Pedro.
La licencia estatal de funcionamiento es el documento con el que la Secretaría de Medio Ambiente del estado (Semae) establece los lineamientos para que operen negocios que generarán determinados residuos o afectaciones al ambiente.
Además, el MIA es necesario para que los ayuntamientos o la federación otorguen cambios de uso de suelo a las empresas cuyas actividades representan un impacto al ambiente. Por ello, sugirió la funcionaria, el ayuntamiento de Pabellón de Arteaga podría revisar el uso de suelo con el que opera la granja.
Castillo Díaz confirmó que, aunque no necesariamente sabía que estaba incurriendo en esas irregularidades, la empresa será sancionada. Con los resultados de la inspección, el área jurídica de Proespa prepara un dictamen en el que determinará el monto de la multa y otras penalizaciones, dependiendo de la severidad de las faltas.
“Se le ponen líneas para restaurar o compensar el daño que han generado por no tener este tipo de controles; se le impone determinado número de correcciones, dependiendo de las afectaciones que el inspector detectó e informó al jurídico y en base a eso también se genera una multa”, explicó.
También precisó que la presunta contaminación al Río San Pedro es investigada por la delegación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que en materia ambiental es la encargada de ríos y arroyos.