Las versiones encontradas sobre a quién pertenecía el edificio donde fallecieron 15 personas han puesto en duda el actuar de las autoridades, donde organizaciones civiles han documentado anomalías en la información respecto al sitio.
De las personas fallecidas 12 eran mujeres y 3 hombres, de ellos, ocho eran mexicanos y siete de nacionalidad extranjera. En el edificio trabajaban cinco empresas distintas; una dedicada a prendas de vestir, otra a la exportación de juguetes, otra hacía dispositivos para autos y también había una bodega de telas, informó Amalia García, secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo en la Ciudad de México quien dijo en entrevista con Aristegui Noticias que la dependencia perdió todos sus archivos y no ha podido recuperar sus documentos porque su edificio quedó destrozado tras el paso del sismo.
El edificio estaba en riesgo desde hace 13 años, según el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), desde el 2004 se documentaron daños en los muros y fallos en el diseño que ponían en peligro a sus ocupantes.
A dos semanas de ocurrido el sismo, el Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria, A.C., dijo en un comunicado emitido el pasado dos de octubre que durante las labores voluntarias de rescate y de remoción de escombro por parte de ciudadanas y ciudadanos, se hizo evidente la falta de coordinación de las autoridades que hicieron presencia en el lugar, tanto entre ellas mismas como con la sociedad civil y la ciudadanía.
Hasta el momento las autoridades no han dado información sobre las condiciones de este inmueble, el motivo del colapso y las personas que allí se encontraban durante y después del sismo, dijo el Centro de Derechos Humanos. La falta de información señaló provocó que el viernes 22 de septiembre se produjera un altercado entre granaderos y las brigadas solidarias que se encontraban removiendo escombros y recogiendo acopio para las zonas afectadas por el sismo.
La senadora Angélica de la Peña, por su parte, pidió al Gobierno de la Ciudad de México realizar una investigación pronta, expedita y exhaustiva en relación al edificio. En una propuesta, la senadora del PRD apuntó que deberá garantizar los principios de perspectiva de género, publicidad y transparencia; además se deberá informar al Senado de la República el resultado de las indagatorias.
Además las condiciones laborales que tenían los trabajadores no han sido esclarecidas. Sin embargo, Amalia García, explicó en Aristegui Noticias que las familias de los fallecidos tendrán una indemnización con base a los salarios con los que contaban ante el IMSS, en el caso del salario más bajo la indemnización sería por más de 424,000 pesos por persona. Mientras que los que no estaban dados de alta en el IMSS corresponde a los patrones dar la compensación, independientemente de su condición migratoria.