“Estamos haciéndolo así, casa por casa”, explicó Ávalos mientras descargaba botellas de agua marcadas con una A (de acopio). “No queremos que el gobierno interfiera ni que se cargue nuestro esfuerzo como si fuera el de ellos”.
Las horas previas, la familia se enteró por redes sociales de que el gobierno encabezado por el perredista Graco Ramírez interceptó cientos de paquetes de víveres provenientes de distintos estados de la república, con la intención de redistribuirlos como apoyo institucional.
“A tres camiones con provisiones que venían al seminario –que se habilitó como centro de acopio- las autoridades no les permitieron llegar y se llevaron el contenido al DIF”, acusó el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro y Castro, dos días después del terremoto, a través de un video que se volvió viral en pocas horas. “Esto me parece totalmente injusto, sobrepasa la lógica moral mínima”.
La entidad epicentro del sismo del 19-S acunó también una de las operaciones políticas más oportunistas que se recuerde en el marco de cualquier catástrofe. Graco Ramírez, cuyo ejercicio al frente del gobierno ha ido de escándalo en escándalo, hace meses emprendió una campaña mediática para posicionarse como posible candidato presidencial en 2018.
Como en desgracias pasadas, no solo el gobernador sino la élite política reaccionaron con oportunismo electoral. Un pronunciamiento temprano de Andrés Manuel López Obrador, que inicialmente ofreció desprenderse del 20 por ciento del presupuesto destinado a su campaña presidencial, desencadenó una serie de ofertas en el mismo sentido tanto del PRI como del Frente Amplio constituido por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.
Tales planteamientos, efectuados cuando la percepción ciudadana los ubica como ladrones, terminará convirtiéndose en una bola de nieve hasta los comicios del año próximo, vaticina Héctor Tejera Gaona, profesor investigador del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), especializado en procesos políticos y ciudadanía.
“La historia nos indica lo que en el pasado sucedió ante comportamientos similares: el impacto inverso apenas comienza”, dice.
FURIA CIUDADANA
Instantes después del sismo, la muchedumbre reaccionó enfurecida. En una zona de derrumbes, en Xochimilco, un tumulto de personas corrió al delegado político de la demarcación. En Joquicingo, Estado de México, le gritaron al presidente EPN que agarrara una pala y se pusiera a trabajar.
Más que una presencia institucional, los gobernantes se han aventurado con un movimiento de claro tinte electorero, advierte Telésforo Nava Vázquez, un investigador en elecciones y participación ciudadana del Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa.
“Siguen en su mismo esquema y siguen pensando que el ciudadano es tonto. No ven lo que todo mundo ve: el hecho de que una generación entera los percibe como ladrones y los repudia. Eso va a traducirse en acciones políticas, como ya sucedió tras el terremoto de 1985”, dice.
El tamaño de una tragedia que enluta a más de 300 hogares y ha dejado en la zozobra residencial a miles no permite otra forma de medir los pasos de gobernantes y partidos políticos con otra vara. Y esto tiene un porqué.
“Mi tesis es que el sistema político mexicano ha desarrollado una serie de mecanismos de perversión social donde las maneras de visibilización con miras a obtener nichos de legitimidad pasan forzosamente por la reproducción de una serie de mercados de la exclusión que tiene alto impacto en coyunturas críticas como la actual”, dice Israel Covarrubias, profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
“El punto hoy es que esto no está funcionando: al secretario de Gobernación lo corrieron de una zona de colapso, al gobernador de Morelos ya no lo respetan ni siquiera sus hijos, a los delegados de la CDMX les está lloviendo sobre mojado con las críticas y enconos, y al propio presidente no le va muy bien, ni a sus secretarios de Estado”, añade.
DESCONFIANZA FUNDADA
Graco Ramírez ganó las elecciones de Morelos el 1 de julio de 2012 con el 43 por ciento de los votos.
La desconfianza en su gobierno comenzó a escalar con el descubrimiento en 2015 de fosas clandestinas en Tetelcingo, donde se identificaron 117 cadáveres que se presume fueron inhumados ilegalmente por personal de la propia fiscalía estatal.
El gobernador volvió a ser fuente de críticas meses más tarde, ante la denuncia interpuesta por el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera, quien lo acusó ante una instancia judicial de retener millones de pesos del presupuesto federal y estatal para el pago de nómina y activos laborales.
El pago de nómina quedo en suspenso desde julio pasado, y con ello dio inicio una huelga en agosto para exigir la liberación de esos recursos. Apenas en septiembre un juez de distrito ordenó al gobierno de Graco Ramírez entregar a la universidad los fondos retenidos.
A su vez, la institución fue una de las señaladas en la investigación periodística de Newsweek en Español“Universidades en el triángulo de la corrupción”, por desviar fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) bajo el programa denominado “La cruzada contra el hambre”.
El gobierno de Graco Ramírez ya contaba con una amplia tensión social al momento de suscitarse el nuevo escándalo por el secuestro de ayuda humanitaria, dice Raúl Zepeda Gil, politólogo y profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Fue un muy mal cálculo político y social llevarse los recursos a las bodegas (del DIF)”, señala. “Hubiera sido mejor darle información a las personas y acompañarlas a entregar víveres”.
Eso, sin embargo, se hallaba fuera de los movimientos electorales atribuidos al gobernador.
“A tres camiones con provisiones que venían al seminario,
las autoridades no les permitieron llegar y se llevaron el contenido al DIF”,
acusó el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro y Castro. FOTO: ESPECIAL
NUEVO ACTOR DE LA POLÍTICA
Si una imagen recorrió el mundo fue la de miles de mexicanos volcados en las zonas de desastre. Cada sitio aglutinó a voluntarios que lo mismo distribuían comida, agua y medicamento, que descombraban en busca de víctimas atrapadas bajo toneladas de concreto y acero.
En su inmensa mayoría jóvenes, lo que se reveló más allá de una generación solidaria fue la irrupción de un nuevo actor político: los millennials.
“Aparecieron en lo que Aristóteles llamaba la cosa pública, primero yendo a realizar una acción concreta para rescatar a la gente. Ese actor social que son los millennials, a quienes se veía como un conjunto de almas confundidas, emergieron entonces con una gran visión social”, dice Telésforo Nava, el académico especializado en el estudio de la política y la participación ciudadana.
“Eso, teniendo como referente el 85, nos dice que saldrán a expresarse el próximo año, cuando el país elija presidente de la república y congreso. Ellos, de quienes se pensaba que solo vivían en el hedonismo, dejaron sus escuelas, sus trabajos y fueron al rescate de la ciudad”.
Esta es la masa que ubica perfectamente a partidos políticos y gobernantes como el segmento más corrupto del entramado nacional. “Básicamente se les percibe como ladrones”, resume por su lado el doctor Héctor Tejera, con 20 años de investigación académica sobre cultura, procesos políticos y ciudadanía.
Por ello los dirigentes de los partidos políticos han equivocado el paso al “ofrecer” la cesión de parte del presupuesto electoral tras el 19-S, y tropiezan con la misma piedra.
“¿Por qué lo hacen? Porque la cultura política del país se sustenta en la idea de que nosotros no somos ciudadanos, sino beneficiarios como de programa social”, explica Tejera. “Esa idea, que prima sobre toda la estructura política, es con la que se mueven las cosas en el país. Para ello somos una masa”.
El investigador recurre al pasado reciente para ilustrar con un ejemplo. En 1997, la la estructura priista inyectó cientos de millones de pesos a la campaña de Alfredo del Mazo, quien terminó perdiendo dos a uno el gobierno de la ciudad frente a Cuauhtémoc Cárdenas. Ello ocurrió porque el partido había perdido toda credibilidad en medio de escándalos de corrupción, crisis financieras y magnicidios.
“El hecho de que hoy se busque lo mismo está condenando al fracaso. Que regresen el dinero, que todo mundo sabe es una millonada, no es un acto sino de justicia para gran parte de la población. Esto no significa que en realidad ese dinero se retorne: se trata solo de un acto propagandista y como estrategia veo el intento como algo muy marginal, porque de entrada la gente lo ve como que no les pertenece, sino como parte de lo que se han estado robando”.
RESURECCIÓN POR REDES SOCIALES
El 22 de septiembre, Dayana Araceli Ramírez viajaba a la cabeza de un convoy con 30 personas provenientes de Xalapa. Traían consigo despensas para entregar en comunidades de Morelos, fronterizas con Puebla. Súbitamente fueron interceptadas por unidades del gobierno estatal.
Les ordenaron hacer entrega de la ayuda humanitaria y no les quedó otra alternativa que ceder. Al día siguiente, Dayana publicó por Facebook una fotografía de los víveres que habían traído, etiquetados ahora como apoyo gubernamental.
“Me da mucho coraje esta situación, me encabrona”, dice al narrar el episodio.
La misma suerte tuvieron envíos de Aguascalientes, Ciudad de México y Nuevo León. De esta última entidad se mandó ayuda en vuelos privados que aterrizaron en Cuernavaca. Allí, funcionarios del estado impidieron disponer de lo enviado al ayuntamiento, de acuerdo con la denuncia hecha por redes sociales de Jaime Juárez López, director general de Prevención y Participación Ciudadana de la Contraloría de Cuernavaca.
El manejo en redes es lo que descoloca a la élite política.
“El sismo del 19-S es un disparador de una serie de reclamos y promesas no cumplidas de la política (sobre todo la democrática) con diversos sectores sociales, conjugadas con el uso de las redes sociales y la comunicación que permite viralizar las exigencias, los desencuentros entre la clase política y la ciudadanía”, dice Israel Covarrubias, el profesor investigador de la UACM y director de la revista Metapolítica. “Esta quiebra es lo que está jugándose hoy como el efecto principal del sismo”.
En Morelos, el cúmulo de denuncias ciudadanas orilló a la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (Fepade) a iniciar una averiguación contra el gobierno de Graco Ramírez, por presunta retención de ayuda social a los damnificados del sismo.
La misma fiscalía abrió también una averiguación previa contra la presidenta del DIF estatal, la esposa del gobernador Elena Cepeda. A ella por ordenar la detención de camiones de carga enviados por el DIF de Michoacán cargados con ayuda humanitaria.
“Yo veo que esto se traducirá en acciones políticas”, dice Telésforo Nava, el investigador de la UAM. “El asunto es hacia dónde. En 1985 eso se tradujo en organización ciudadana, pero en el 85 existía un actor político distinto, que era la izquierda militante. Una izquierda que hoy no existe. Pero existen los millennials”.