El feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda tiene estremecido a México, un país en donde las conductas machistas se han cobrado la vida de cientos de mujeres, de todas las edades, en los últimos años. La joven universitaria de 19 años abordó un auto de la empresa Cabify el viernes 7 de septiembre, pero nunca llegó a su casa.
El cuerpo de la muchacha fue hallado el viernes pasado. Según las investigaciones, el chofer de Cabify, quien ya está detenido, la secuestró y la llevó a un hotel de paso, donde la atacó sexualmente y luego la asesinó.
Según datos de la organización civil Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, la muerte de Castilla se suma a los 82 feminicidios documentados por organizaciones civiles y a los 58 reconocidos oficialmente por la fiscalía de Puebla. En esta entidad el gobierno federal de México se negó a emitir una Alerta de Género dos meses antes de este crimen, pese a que un informe determinara que en el estado existe “un contexto estructural complejo que coloca a las mujeres en situación de vulnerabilidad”.
Una de las solicitudes para la Alerta de Género fue hecha en marzo de 2016 por el Instituto Mexicano de Psicología Jurídica, a finales de ese mismo mes la organización Todos para Todos presentó el mismo recurso. En abril la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) acordó admitir las solicitudes de declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).
Una AVGM es un mecanismo que consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida. Su objetivo consiste en garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra. Para que este mecanismo sea activado se integra un Grupo de Trabajo que elabora un informe sobre la violencia de género en la entidad en donde se solicita su implementación. Con base a este reporte, es el gobierno federal de México el que decide si declara o no la Alerta.
En años recientes, México ha sido escenario de graves casos de violencia contra la mujer y feminicidio, como los de Ciudad Juárez, en el norte del país, y más recientemente en el estado de México, donde 406 mujeres fueron asesinadas en 2015, según cifras oficiales.
“En México las mujeres están constantemente en riesgo. No puede apelarse al comportamiento de las mujeres, dejando la responsabilidad en las víctimas. No. Estamos frente a un contexto que desprecia la vida de las mujeres, y a un Estado machista que tiene una histórica deuda pendiente, que debe revisar sus responsabilidades y su deber de diligencia respecto a la vida, la integridad y la dignidad de las mujeres”, dijo la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum, en relación a la violencia feminicida contras las mujeres mexicanas.
En el caso poblano, el Grupo de Trabajo determinó en junio de 2016 que “en el estado de Puebla existe un contexto estructural complejo que coloca a las mujeres en situación de vulnerabilidad, lo que contribuye a que se generen las condiciones idóneas para que se produzca y reproduzca la violencia contra las mismas”.
Concluyó además que no se cuenta con un diagnóstico estatal en materia de violencia contra las mujeres y destacó la inexistencia de información sistematizada y confiable sobre la ocurrencia de eventos que constituyan cualquier tipo de violencia contra las mujeres en todos los ámbitos.
El Grupo de Trabajo responsabilizó a los medios de comunicación por reproducir una cultura de violencia contra las mujeres y desigualdad de género y determinó que un importante número de casos de mujeres que son víctimas de violencia, ocurren en el contexto del ámbito universitario, “destacando los feminicidios de jóvenes universitarias durante su embarazo, por lo que es necesario involucrar a las autoridades universitarias en la implementación de acciones, con el fin de prevenir la violencia contra las mujeres”.
El grupo consideró también que debe atenderse la calificación de los homicidios de mujeres como feminicidio, fortalecerse las acusaciones por este crimen, garantizar una sanción adecuada a los perpetradores y una reparación integral del daño a la víctima.
“A pesar de que existen diferentes instituciones encargadas de atender la violencia en contra de las mujeres en el estado de Puebla, no todas instituciones cuentan con la infraestructura suficiente para atender los casos de violencia”, se refirió en otra conclusión.
En respuesta a estos puntos, la Conavim, que depende de la Secretaría de Gobernación de México determinó el pasado 7 de julio que no era procedente decretar la Alerta de Género y emitió ocho recomendaciones, la cuales serán sujetas a un nuevo examen, en enero de 2017.
“El estado de Puebla ha emprendido acciones relevantes para la implementación de las propuestas realizadas por el grupo de trabajo, lo cual contribuye a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en la entidad. Por el momento, no se actualizan elementos objetivos suficientes para declarar procedente la alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Puebla. No obstante lo anterior, en un periodo de seis meses la Conavim valorará las acciones que continúe ejecutando el gobierno estatal, hasta el total cumplimiento de las mismas”, resolvió la federación.
Entre los puntos que el gobierno de Puebla debe atender algunos de ellos han demostrado su fracaso con la muerte de Mara. Por ejemplo, la Conavim pidió al gobierno poblano “diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para atención y prevención de la violencia contra las mujeres en el transporte público”.
Otros requerimientos son: elaborar un diagnóstico estatal sobre todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres; emprender acciones inmediatas y exhaustivas para valorar, implementar y monitorear objetiva y diligentemente las órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia; continuar con la integración y actualización adecuadamente del Centro Estatal de Datos e Información referente a los Casos de Violencia contra las Mujeres CEDA 2.0.
También se pidió crear un programa de atención a hombres generadores de violencia basados en la perspectiva de género, una Unidad de Contexto para la investigación de feminicidios, homicidios dolosos de mujeres, violencia sexual y desaparición de mujere y que se conforme un grupo especial que revise los expedientes y las carpetas de investigación, relacionadas con los feminicidios, homicidios dolosos y desaparición de mujeres, así como delitos de índole sexual, de los últimos 8 años.
De igual forma se pidió al gobierno poblano fortalecer a las instituciones involucradas en la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia en contra de las mujeres.