El Frente Ciudadano por México, conformado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, presentó una agenda común que los legisladores de esos partidos impulsarán dentro del Congreso como es el revertir el “gasolinazo” y combatir la corrupción e impunidad.
En conferencia de prensa conjunta en la Cámara de Diputados, los líderes de los tres partidos y sus coordinadores parlamentarios señalaron que su propósito es constituir un bloque legislativo que sea “productivo” y logre que se atiendan problemas pendientes en el país.
La agenda está integrada por 15 prioridades que se dividirán en tres etapas: la construcción del proyecto de país, una alianza electoral que les permita ganar las elecciones y la conformación de un gobierno de coalición.
El Frente, encabezado por Ricardo Anaya (PAN), Alejandra Barrales (PRD) y Dante Delgado (MC) proyecta en sus prioridades dar marcha atrás al gasolinazo, combatir la corrupción y la impunidad, control de gasto, blindaje electoral, entre otros.
Para dar “marcha atrás al gasolinazo”, revisarán y ajustarán los instrumentos mediante los cuales se fija el costo de los combustibles, ya que esta medida ha provocado un alza generalizada de los precios, afectando a los sectores más vulnerables.
El primer bloque, informaron los líderes partidistas consiste en aprobar la Ley Federal de Gobiernos de Coalición. El segundo, eliminar el pase automático del actual procurador a fiscal general con la aprobación de la reforma integral del artículo 102 constitucional para tener una #FiscalíaQueSirva, en los términos propuestos por las organizaciones de la sociedad civil, y que la elección del titular sea mediante un proceso abierto y transparente. Además de impulsar la legislación secundaria para asegurar una Fiscalía General plenamente autónoma.
Otra prioridad, dijeron, es eliminar el fuero a todos los servidores públicos y reformar la legislación en materia de adquisiciones y obras públicas, a fin de prevenir cualquier acto de corrupción.
En “control al gasto”, prevén eliminar los seguros de gastos médicos privados a los altos servidores públicos y garantizar un presupuesto equitativo para los gobiernos estatales y municipales emanados de partidos políticos de oposición, incluyendo los distintos fondos de aplicación estatal y municipal, como el fondo metropolitano y el fondo de capitalidad, entre otros.