Desde
que Glenda se enteró de que su padre, su hermano y su hermana podrían haber
muerto en la siniestra masacre de 72 migrantes en la localidad de San Fernando,
en el estado Mexicano de Tamaulipas , su
vida se convirtió en una pesadilla.
Ellos
habían salido de Guatemala con rumbo a Estados Unidos a principios de agosto
del 2010. Se cree que una noche durante su viaje fueron secuestrados y
posteriormente asesinados a manos del crimen organizado que opera en el estado
fronterizo.
En
total Glenda perdió a cinco familiares en aquel horrible evento: su padre, Efraín
Pineda Morales; sus hermanos Richard y Nancy; su prima Mayra Cifuentes Pineda y
su tío Santos Enrique Agustín, además de dos amigos de la familia.
Foto: Amnistía Internacional
La
última vez que escuchó la voz de su hermana Nancy fue cinco días antes de la
masacre. Glenda cuenta que su hermana le pidió dinero porque no tenía zapatos
ni ropa y que ese mismo día le volvería a llamar para darle la información
necesaria para que le mandaran el dinero.
La
llamada nunca llegó.
Pasaron
dos meses hasta que las autoridades le notificaron a Glenda que sus familiares
probablemente habrían sido víctimas de la masacre.
La
respuesta de las autoridades mexicanas ante tal tragedia ha sido a todas luces
insuficiente: la entrega de los cuerpos en ataúdes se hizo sin que se les
explicara a los familiares el proceso de identificación y sin que se les
entregara un dictamen científico, lo cual les generó dudas – que persisten
hasta ahora – sobre la identidad de aquellos restos.
Foto: Amnistía Internacional
Otras
familias fueron forzadas a pasar por la misma tortura, con ataúdes llenos de
tierra y piedras, condenados a la constante incertidumbre de mantener la duda y
no saber dónde están sus seres queridos.
“Siento
que el tiempo está detenido, siento como si siguiéramos en el 2010, con esta
duda que nos está asfixiando, que no nos deja estar tranquilos,” dijo Glenda.
“No
tenemos nada que nos confirme que son ellos, ni siquiera nos querían dejar
abrir (el féretro) para ver si había algo que nos convenciera de que eran
ellos.”
Glenda
no ha dejado de luchar por saber la verdad sobre lo que le pasó a su familia.
Junto a las familias de las otras víctimas provenientes de Guatemala, Honduras,
El Salvador, Brasil y la India exige su derecho a la exhumación de los restos
que les entregaron para tener la certeza de que enterraron a sus familiares.
Foto: Amnistía Internacional
“Ellos
(las autoridades) no quieren poner de su parte, ponen muchos peros, que ellos
están seguros de que son ellos, que por qué seguimos con eso, que por qué le
seguimos dando vuelta al asunto, que ellos ya están confirmados. No nos quieren
ayudar, no quieren cumplir con ese derecho que tenemos,” dijo Glenda.
“Queremos
que se haga la exhumación, ya tenemos siete años y no hemos logrado nada.
Espero que se agilice para poder terminar con esta pesadilla con este dolor que
estamos viviendo.” Glenda le ha pedido al gobierno mexicano que, de hacerse la
exhumación, espera que el análisis de los restos pueda hacerse por una Comisión
Forense creada en 2013 en la que participan peritos de la Procuraduría General
de la República mexicana y del Equipo Argentino de Antropología Forense,
garantizando así que peritos independientes puedan darle la información veraz
que tanto han esperado.
Para
Mirna y Miguel Ángel, padres de Glenda Yaneira la lucha por la verdad continúa.
Su hija de 23 años también se encontraba en el grupo de personas que fue
secuestrado esa noche. Para ellos su exigencia por la verdad se suma a la lucha
de cientos de familias de personas migrantes que han sido víctimas de violencia
en México.
A
finales del 2010, las autoridades Mexicanas entregaron a Mirna un ataúd con
restos humanos. Le aseguraron que eran los de su hija pero ella tuvo dudas.
Foto: Amnistía Internacional
Tras
años de lucha, en Junio de 2017, lograron que se exhumaran los restos pero las
autoridades no permitieron que ningún experto forense independiente estuviera
presente.
“Nosotros
queríamos que estuviera la comisión forense, que hubiera alguien más que el
gobierno, pero no nos cumplieron ese derecho y ni siquiera nos dejaron estar en
el cementerio,” dijo Mirna.
“Nosotros
no queremos que los gobiernos nos llenen de dinero. Solo queremos que nos digan
la verdad. Necesitamos saber la verdad para quedar en paz, para saber qué le
pasó a nuestra hija.”
Después
de más de siete años de lo ocurrido en San Fernando aún faltan 10 restos por
identificar y los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y México han
hecho poco para avanzar en las investigaciones sobre una tragedia que pone de
manifiesto la impunidad que vive la región. La negativa del gobierno mexicano
de brindar a las familias el acceso a la
información sobre la investigación al que tienen derecho solo perpetúa la
situación de vulnerabilidad e incertidumbre en la que se encuentran.
Mirna
y Miguel Ángel se toman de las manos y sostienen con fuerza la foto de su hija
del día en que ella cumplió 15 años. Para ellos, el descanso llegará cuando
sepan que pasó con ella y con las otras 71 personas que desaparecieron en la
oscura impunidad de México.