Tras muchos años de estoico silencio, las comunidades indígenas y afrodescendientes de Colombia alzan su voz para ser tomadas en cuenta en el proceso de paz y de recomposición del país sudamericano que, tras 52 años de una guerra intestina, arroja un dramático saldo. Según un estudio del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, el enfrentamiento entre militares, paramilitares y la guerrilla de las FARC propició 5.7 millones de víctimas de desplazamiento forzado, más de 200,000 muertos y casi 30,000 secuestrados. Para las comunidades originales y negras, el impacto representó no solo el despojo de muchos de sus territorios y el desplazamiento obligado a otras regiones, sino el asesinato de algunos de sus líderes, y la inclusión forzosa de sus hijos en la guerra.
¿Cuál es el papel que deben jugar las comunidades indígenas y afrocolombianas en la restauración de la paz y la conservación de los territorios que habitan? ¿Se contrapone su “conocimiento ancestral” de la sustentabilidad con la investigación científica y las políticas públicas de gobierno? ¿Es la conservación de la naturaleza un eje desde donde se puede mitigar la violencia y propiciar la inclusión y el respeto de los derechos humanos? El propio ministro de medioambiente colombiano, Luis Gilberto Murillo Urrutia, reconoce que “la naturaleza fue una víctima silenciosa del conflicto (en la que hubo) mucha destrucción”. Este hombre fornido que se enorgullece de su origen en “una comunidad de la selva”, en la que “se entiende el valor de cuidar los recursos”, dice que el gobierno tiene “una enorme tarea de recuperar esos ecosistemas. Pero para recuperarlos necesitamos mucha investigación. (…) Estamos respondiendo a la deforestación con estrategias que involucran directamente a las comunidades. ¿Y por qué a las comunidades? Porque la conservación es un hecho cultural”.
En un tono similar habla la Dra. Julia Miranda, directora de Parques Nacionales de Colombia, para quien lo fundamental en el proceso de paz es “estabilizar a la población campesina”, ya que “en Colombia no hemos logrado frenar la deforestación, la minería ilegal, el tráfico ilegal de fauna (…) Esos retos nos llevan a trabajar interinstitucionalmente y con las comunidades para poder dar alternativas diferentes a esta ilegalidad”.
Pero tal discurso no permea aún en la perspectiva de Ati Quigua, una lideresa comunitaria que, al igual que Danilo, proviene de la Sierra Nevada. Considera que hay una incomprensión de origen de la circunstancia en general ya que ni siquiera puede hablarse de un posconflicto pues, desde su punto de vista, este sigue vigente. Ella, acota, prefiere hablar del posacuerdo.
Quigua, siendo muy joven, huyó de su pueblo luego de las amenazas que recibió su madre por causa de su activismo social. Hoy se ha convertido en la primera mujer indígena en Colombia en haber obtenido un cargo por voto popular para formar parte del Concejo de Bogotá.
Ella alude a una violencia más profunda que yace invisible: “En Colombia la violencia directa que se expresa en el conflicto armado es (solo) una parte, pues también hay una violencia estructural que tiene que ver con el racismo, con la discriminación, con la exclusión, con la invisibilización de las culturas. Y también hay una violencia simbólica y cultural que tiene que ver justamente con el desconocimiento de los territorios ancestrales y su valor”.
Tal desprecio se visualiza en los territorios que la guerrilla ocupó y que, en la actualidad, se miran como presas suculentas. “Las zonas rurales que estuvieron durante mucho tiempo en el control de la guerrilla hoy son apetecidas por otros actores, incluyendo actores legales e ilegales, que tienen intereses por entrar en estos territorios y desarrollar sus actividades económicas”, refiere la Dra. Ximena Rueda Fajardo, profesora de la Universidad de los Andes y especialista en el manejo y uso de la tierra en las comunidades latinoamericanas.
Esta circunstancia no parece ser comprendida por quienes implementan los acuerdos, considera Dalia Mina Valencia, representante de las comunidades afrocolombianas y una de las más activas defensoras de la tradición cultural: “Desde los escritorios se empieza a definir cómo se va a desarrollar el campo, nuestros territorios. Eso es preocupante, van a venir megaproyectos y está lo de los proyectos mineros. Hay algunas situaciones donde el Estado alega por el desarrollo, pero no siempre ese desarrollo que ellos conciben es el mismo desarrollo que concebimos nosotros. Tenemos un territorio para la vida y nosotros trabajamos o producimos solamente lo que necesitamos para consumir y usamos. Pero el famoso desarrollo que se quiere implementar en nuestro territorio es algo que va a acabar lentamente con los recursos, y también acabará con la vida de las comunidades”.
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“ceimake” a quien se muestra irresponsable con la naturaleza. “El que no ha
entendido cómo funciona la vida y la existencia”. FOTO: AFP
Como ejemplo, Dalia señala que los cultivos ilegales han comenzado a incrementarse en las zonas rurales donde se pretendía desincentivarlos como consecuencia del ofrecimiento del gobierno de dar apoyos económicos para que los campesinos se desistan de trabajar plantíos ilegales. Pero el pago ha resultado contraproducente “porque (los campesinos) dicen: si nos van a pagar entonces vamos a sembrar. Y a medida de que esa gente comience a sembrar también se vuelve más atractiva para los actores armados. Los grupos armados son atraídos por la minería metalizada y la agricultura de usos lícitos”.
Un círculo vicioso producto de la perspectiva con la que el “hermano menor” mira el mundo, dice el Canciller, “es discutible la intención de conservar (del gobierno). La intención de protección de la naturaleza. Lo que pasa es que en el mundo occidental hay un tema: lo que no es rentable no funciona. Entonces ¿qué cosas están proponiendo (para la conservación)? No es a la manera nuestra que es una misión más que cualquier otra cosa”.
Continúa Danilo: “Hay que lograr que las concepciones filosóficas de estos pueblos sean un tema de validez. Porque en la medida en que no sean, siempre vamos a estar amenazados de que nos impongan (otras visiones). Entonces están creando parques sobre territorios indígenas. Hoy, el gran Amazonas son 29 millones de hectáreas de resguardos indígenas; ahora les llegan con propuestas de lógica de conservación, pero desde el mundo occidental. Cuando es una misión cultural históricamente desempeñada, ahora los tasan por la captura de carbono y dicen: ‘Hay que pagarles a las comunidades’. Ahí sí las desbarataron, las acabaron porque no se trata de moneda. Se trata de una convicción, de una visión filosófica. En vez de que las comunidades perciban recursos, los que estén haciendo daño a la naturaleza que paren de hacer el daño. Que no crean que con pagar una plata el mundo se curó de los problemas que tiene. Lo que está acabando el mundo son las ambiciones desmedidas”.
Ambiciones que se reflejan en el desequilibrio territorial que vive Colombia. El país suramericano se considera uno de los más inequitativos en este rubro en América, según cifras que ofrece la Dra. Ximena Rueda Fajardo: el 1 por ciento de la población es dueña del 47 por ciento de la tierra. Y esta desproporcionada realidad no es aludida por la retórica oficial. Julia Miranda insiste en que “la conservación de la biodiversidad ha unido grupos que estaban enfrentados. […] La conservación de la biodiversidad toca los corazones y las mentes de las personas y las hace trabajar juntas por un objetivo común. Porque, además, cada vez más, nos damos cuenta de que nuestro bienestar depende de la conservación de esa biodiversidad. Es una gran causa que une a la humanidad”.
Pisando tierra, Danilo inquiere: “¿Uno qué esperaría de un proceso de paz? Hombre, que aquí pudiéramos identificar la causa común de los pueblos colombianos y que se privilegien los intereses comunes”.
Cae la tarde en Cartagena. Es el cuarto y último día de actividades del Congreso Internacional de la Conservación de la Biología. El sol da de frente sobre Danilo y su tradicional poncho de lana y su sombrero cónico refulgen pese a los casi 30 grados centígrados en el ambiente. Le pregunto a Danilo si se sienten excluidos del proceso de paz, de los planes para conservar la naturaleza. Medita brevemente, me mira a los ojos, y contesta: “Cuando nos estaban matando los guerrilleros o los paramilitares en la guerra, nosotros tendíamos a no culpar a nadie. Siempre decimos que algo estamos haciendo mal para merecer el irrespeto. Eso es lo que ha salvado a nuestro pueblo. Nosotros no nos vimos como víctimas ni a los otros como victimarios, sino que nos preguntamos por qué no nos hemos ganado ese respeto. Porque sabemos que nos merecemos respeto; pero si el otro llega y no me respeta es que algo estoy haciendo mal. Esa reflexión nos hace más fuertes”.
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LA BIODIVERSIDAD EN EL CONFLICTO
Brigitte Baptiste, directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, y una de las caras más visibles del mundo de la conservación de Colombia, habla del tema de la inclusión de las comunidades y de la biodiversidad como “caja de oportunidades” contra la violencia.
—¿De qué forma relacionamos la conservación biológica con el respeto a los derechos humanos?
—En la medida que identificamos esa cercanía de la biodiversidad con los sistemas sociales entendemos cuáles son los aportes que hacen los conjuntos de especies, las comunidades biológicas en un territorio organizadas como un ecosistema al bienestar humano. […] En una sociedad tan asimétrica, donde hay tantos problemas de acceso a los mínimos vitales, la biodiversidad entra en el juego de los derechos: ¿Quién controla el agua? ¿Quién controla el bosque? ¿Quién controla la fertilidad del suelo y quién se lo apropia o distribuye? Es un papel fundamental del gobierno que es quien está siendo cuestionado en este momento.
—¿Qué me puedes decir de la biodiversidad como herramienta para mitigar fenómenos violentos como los que se vivieron en Colombia o como los que se viven en México?
—La biodiversidad es una caja de oportunidades. Indudablemente para la población más vulnerable la biodiversidad le provee recursos en las circunstancias más complicadas. Para las comunidades desplazadas, para las comunidades que no reciben atención directa de los servicios del Estado y que no tienen acceso a bienes público. Siempre todo recae sobre la biodiversidad. De manera que cuando hay regiones que están en conflicto no solamente se pone en peligro la vida de las personas, sino la posibilidad de futuro de todo el sistema de lo viviente. La gente al ser desplazada, al perder el contacto con el territorio olvida, sus modos de vida, olvida la ecología que aprendió desde pequeña, y luego hay un vacío gigantesco, tanto social como ecológico, que hay que reconstruir si uno quiere volver a ocupar el territorio. Entonces, hay las dos caras de la moneda: el conflicto, lo destructivo que es, pero también cómo la biodiversidad en el conflicto es probablemente la que acabe recibiendo todo el peso de supervivencia de las comunidades enfrentadas o de los grupos sociales enfrentados.
—Además de implantar estrategias de conservación, es nodal el combate a la corrupción.
—La conservación de la biodiversidad tiene un componente de inversión local… es necesario actuar sobre el territorio, pues es muy difícil a veces que las presiones o las contribuciones de la gente del exterior o, incluso, del mismo gobierno hagan tránsito hacia lo local; pero… a veces en lo local tampoco es claro cuáles son los mecanismos para que esos recursos se inviertan en acciones concretas. Llevamos, por ejemplo, décadas haciendo reforestación como una de las panaceas de la restauración ambiental. Plantar árboles es finalmente en lo que acaban todo los grandes y pequeños proyectos… pareciera que es la única forma en la que hemos hallado un mecanismo para que el dinero que llega a la conservación se le pueda entregar a un trabajador que siembra un árbol y los cuide uno, dos o tres años. Yo creo que hay que ser más ingeniosos que eso.