La sentencia de 6 años y 9 meses de prisión y el pago de 13.8 millones de pesos en reparación del daño contra el ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, por la presunta compra simulada de un tomógrafo para el Hospital Miguel Hidalgo, llegó a un juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad.
Fuentes cercanas al caso confirmaron Newsweek Aguascalientes que la sentencia arribó a ese juzgado a principios de julio, lo que significaría que el ex mandatario iría a la cárcel. Sin embargo, el panista todavía tiene dos vías para evitar la condena: el amparo directo, que debe interponer ante un Tribunal Colegiado de Circuito; y un juicio revisión constitucional, que tendría que ser admitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Eloy Morales Brand, especialista en Derecho Penal y jefe del Departamento de Derecho, explicó a Newsweek Aguascalientes las opciones que le quedan disponibles a la defensa del ex mandatario, desdes el punto de vista procesal.
“Cualquier persona procesada y sentenciada tiene la oportunidad de promover el amparo hasta en 8 años. Seguramente lo va a promover ya, para que (la sentencia) no empiece a ejecutarse porque, si se ejecuta, el primer requerimiento es que se ponga a disposición del centro de reclusión para que sea detenido. El amparo se promueve para solicitar la suspensión de la ejecución, de manera automática, y pues mientras dure el amparo, él continúa en libertad”, explicó Morales Brand.
En caso de que no procediera el amparo, y como sus abogados lo han anticipado, la defensa de Reynoso Femat podría recurrir a Corte.
“La posibilidad que tiene de interponer un amparo, en estricto sentido, sería como la última opción. Pero tiene la posibilidad de que, en el amparo, él alegue cuestiones de interpretación directa a la Constitución, lo que le llaman en el argot jurídico ‘cuestiones de constitucionalidad’. ¿Qué significa esto? Que posiblemente trate de alegar cuestiones de una violación directa a garantías o a Derecho Internacional, o circunstancias de una interpretación novedosa de algú artículo, etcétera, entonces eso permite que interponga el amparo y, cuando se resuelva por un Tribunal Colegiado, pueda interponer un recurso de revisión constitucional”, puntualizó el especialista.
Pero, acotó el investigador, es difícil que la Corte acepte recursos de revisión y, de hecho, rechaza muchos de los que se presentan.
De no contar con la protección de la Justicia Federal, Reynoso Femat tendría que ser aprehendido, pues es procesado bajo el sistema de justicia anterior. De acuerdo con los anteriores códigos penal y de procedimientos penales, para intercambiar la pena de prisión por otra medida y afrontar el proceso en libertad la pena tendría ser de 5 años o menos de prisión.
Reynoso Femat fue acusado de la compra simulada del tomógrafo, con costo de 13.8 millones de pesos, durante los primeros años del gobierno de su sucesor, el priista Carlos Lozano de la Torre.
Por ese asunto, fue sentenciado por la Juez Segunda Penal de Aguascalientes, Laura Elena Delgado de Luna, en enero pasado. Aunque apeló, la sentencia fue confirmada por la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado (STJ) el pasado 15 de junio.
La compra presuntamente irregular del tomógrafo también es investigada en el estado norteamericano de Texas, por presuntamente estar ligado a lavado de dinero desviado del erario público de Aguascalientes y del narcotráfico colombiano. En ese caso, develado por un informante de la Administración para el Control de Drogas del gobierno de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), también estaría involucrado Luis Armando Reynoso López, el hijo mayor de Reynoso Femat.
Esta redacción se comunicó tanto con el ex gobernador como con sus abogados, quienes ofrecieron dar su versión la próxima semana.
Según una versión difundida por la pasada administración de la Fiscalía General de Aguascalientes, en 2008 Reynoso Femat habría ordenado, a través del entonces secretario de finanzas Raúl Cuadra (actualmente prófugo), que el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes (ISEA) documentara el pago por el tomógrafo.
La empresa Logística y Asesoría Comercial S.A. de C.V. -actualmente en proceso de liquidación, según el Registro Público del Comercio-, facturó la compra y el dinero se transfirió de la Secretaría de Finanzas al ISEA, pero el tomógrafo nunca se adquirió.
El ex mandatario ya fue absuelto de uno de los cuatro procesos que se iniciaron en su contra en juzgados locales. Otros dos expedientes, ambos por presunto peculado y uso indebido del servicio público, están pendientes de resolución en un juzgado penal y la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia.