Nación desinformada

EN UN CAFÉ de la Ciudad de Baguio, Filipinas, en la isla de Luzon, la voz de Mary Lou Marigza tiembla mientras recuerda su experiencia como prisionera política durante el régimen del entonces dictador Ferdinand Marcos, quien impuso el estado de sitio en Filipinas de 1972 a 1981. Marigza fue torturada, principalmente mediante electrocución, durante 13 meses por organizar protestas contra el gobierno.
En mayo pasado, cuando Rodrigo Duterte, el actual presidente de Filipinas, declaró el estado de sitio en la isla sureña de Mindanao, hizo recordar a Marigza el tiempo que pasó detenida. Al igual que muchos filipinos, ella cree que Duterte podría extender esta disposición a todo el país. Ya ha amenazado con encerrar a los críticos y con descartar los veredictos de la Suprema Corte que pongan en duda su autoridad.

Marigza se siente devastada por la tibia respuesta del público desde la instauración del estado de sitio en Mindanao, que aloja a casi la cuarta parte de la población del país. “Duterte sigue siendo un presidente popular”, dice. “Ni siquiera hay pánico o consternación. Parecería que simplemente es nuestro destino”.

No todos los filipinos opinan lo mismo acerca del estado de sitio o de Duterte. Casi treinta años después de la muerte de Marcos, una poderosa campaña de propaganda realizada por la familia Marcos y sus aliados ha hecho que muchos filipinos consideren la vida durante el régimen de Marcos como una especie de “época dorada” para Filipinas. Eso hace que sea más fácil aceptar a un gobierno autoritario similar en el régimen de Duterte. Cincuenta y siete por ciento de los filipinos apoya la declaración, de acuerdo con una encuesta realizada en junio por Social Weather Stations. La posición de Duterte en las encuestas es aún mejor: otra encuesta reciente muestra que 78 por ciento de la población está satisfecha con él.

A principios de julio, la Suprema Corte de Filipinas confirmó la imposición del estado de sitio en Mindanao por parte de Duterte, dando fin a cualesquier reclamos de la oposición acerca de su constitucionalidad. Los aliados del presidente, que tienen mayoría en el Congreso, apoyan abrumadoramente esta disposición. Las manifestaciones en contra, organizadas por grupos de oposición, han hecho poco para poner en riesgo el programa de Duterte.

El anuncio del mandatario se produjo el 23 de mayo, después de que rebeldes partidarios del Estado Islámico del grupo Maute, una banda local de yihadistas radicales, realizaron una incursión en Marawi, una cuidad predominantemente musulmana de Mindanao, con una población de 200,000 habitantes. El gobierno filipino señala que no logró capturar a Isnilon Hapilon, el líder del grupo Abu Sayyaf (un aliado de Maute) y uno de los terroristas más buscados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, quien se cree que se oculta en la ciudad. En venganza, militantes de Maute abrieron fuego contra las fuerzas gubernamentales, quemaron escuelas locales y tomaron como rehenes a un sacerdote y a una docena de feligreses.

Desde aquella malograda incursión, el ejército filipino, junto con fuerzas especiales de Estados Unidos, ha combatido a los militantes, bombardeado Marawi, rodeado áreas y matado a cientos de rebeldes. De acuerdo con el gobierno de Duterte, los rebeldes han asesinado a decenas de civiles y soldados del gobierno. El conflicto ha desplazado a cerca de 400,000 personas.

Con la declaración, el ejército tiene ahora poderes amplios en Mindanao, que incluyen la autoridad para detener a las personas sin una orden de aprehensión e imponer el toque de queda (en horarios tan tempranos como las nueve de la noche en algunas áreas). El estado de sitio no tiene permitido reemplazar el funcionamiento de los tribunales civiles, del Congreso o de la Constitución, pero los críticos temen que Duterte lo utilizará para establecer un régimen autoritario. Human Rights Watch, un organismo con sede en Nueva York, ha dicho que tal disposición “amenaza con ampliar el alcance de los abusos del régimen [de Duterte]”, quien, por ejemplo, ha bromeado diciendo que exoneraría a los soldados que cometan violaciones en Mindanao. Duterte fue elegido hace un año con la promesa de erradicar las drogas ilegales y reducir el crimen matando a los traficantes y a los usuarios. Desde su elección, los medios locales y grupos de derechos humanos calculan que la policía y grupos de vigilantes callejeros han matado a más de 7,000 personas, provocando temor entre los críticos de Duterte de que su versión del estado de sitio pueda convertirse en algo igualmente extremo.

La Constitución filipina limita la declaración del estado de sitio a tan solo 60 días, que se cumplirán el 22 de julio, pero el Congreso puede aprobar su ampliación. A principios de julio, cuando se le preguntó si retiraría la declaración de tal disposición, el presidente dijo que no lo haría en tanto la situación en Marawi siguiera siendo “crítica”. Pantaleón Álvarez, vocero de la Cámara de Representantes y aliado de Duterte, insinuó que presionaría a sus colegas para que apoyaran la prolongación del régimen de excepción hasta el final de la presidencia, en 2022.

Duterte también ha amenazado con imponer la disposición en todo el país. “Si esa rebelión consume Mindanao y las otras partes de Filipinas, y si me veo obligado a declarar nuevamente el estado de sitio, esta vez lo haré por mí mismo para preservar a mi nación”, dijo en junio. “No consultaré a nadie, y no se sabe cuándo terminará”.

Muchas personas piensan que el apoyo de los filipinos hacia el estado de sitio es el resultado de una hábil campaña propagandística realizada por la familia Marcos y sus partidarios en relación con el estado de sitio durante el régimen de Marcos en las décadas de 1970 y 1980, el cual fue impuesto en respuesta a una insurgencia comunista. En ese periodo, las fuerzas militares asesinaron al menos a 3,240 personas y encarcelaron a 70,000, de acuerdo con Amnistía Internacional. Cuando las protestas civiles masivas y las deserciones en el ejército obligaron a Marcos a exiliarse en Hawái, en 1986, una comisión establecida por un presidente elegido democráticamente recuperó menos de 4,000 millones de dólares de los 10,000 millones que la familia Marcos supuestamente sustrajo de las arcas del Estado.

Eso no se menciona en el Centro para la paz Mundial en Ilocos Norte, una galería fotográfica pública en memoria de Ferdinand Marcos y su esposa Imelda. Una inscripción en la puerta dice: “El presidente Marcos respetó el imperio de la ley durante el periodo de estado de sitio, garantizó el debido proceso de la ley y la protección de los derechos humanos… No impuso [la] pena de muerte a ningún filipino durante ni después del estado de sitio”. Otros tres museos cercanos, el Centro Presidencial Ferdinand E. Marcos, el Malacanang del Norte y el Museo Marcos tampoco mencionan el asunto. De hecho, hacen poco más que elogiar a Marcos. En una exhibición que muestra la lucha de Marcos contra los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, se afirma que logró escapar de la muerte ocho veces. En otra historia se recuerda cuando el joven Marcos le pidió a su amigo que dejara de matar hormigas porque, “igual que todos, ellas también merecen el derecho a vivir”.

Los Marcos han logrado conjuntar a un grupo de seguidores que son casi como una secta en Ilocos Norte. Todos los meses de septiembre se realiza una fiesta de cumpleaños en honor de Marcos, en la que hay concursos de canto y recorridos gratuitos por los museos. Esa propaganda, así como varios proyectos de infraestructura desarrollados durante su régimen en Manila, como el Centro Cultural de Filipinas y el Centro Cardiológico Filipino, cuyos críticos afirman que utilizó para enriquecerse, han hecho que muchas personas de Ilocos Norte lo veneren. “Las personas dicen que el pueblo filipino era más disciplinado [durante el régimen de Marcos], por lo que queremos el estado de sitio [de nuevo]”, dice Joselito Lolinco, maestro jubilado y residente de esa provincia desde hace mucho tiempo.

Otras personas afirman que el apoyo a Marcos en todo el país también se deriva del fracaso de los gobiernos posteriores, que no pudieron cumplir las promesas de la democracia, haciendo que muchos filipinos cuestionen lo que esta puede hacer por ellos. “Aún hay corrupción, pobreza extrema y desigualdad. Todas las dignidades básicas de la vida que fueron violadas durante el régimen de Marcos, esas mismas condiciones persisten en una democracia liberal”, dice Tin Alvarez, vocero de Block Marcos (Bloquear a Marcos), un grupo anti-Marcos en Manila. Filipinas es una de las economías de más rápido crecimiento en el sureste de Asia, sin embargo, de acuerdo con el Banco de Desarrollo Asiático, 21.6 por ciento de los filipinos viven por debajo de la línea nacional de pobreza. Transparencia Internacional clasifica al país en el lugar 101 de un total de 176 naciones en la lista del Índice de Corrupción de 2016.

Esto ha generado cierta nostalgia por Marcos entre los filipinos, muchos de los cuales están convencidos de que el estado de sitio podría hacer frente a los problemas sistémicos del país. Es como “un padre reprendiendo a su hijo”, dice James Ventura, partidario de Marcos y líder de la Comisión Nacional de la Juventud de Ilocos Norte. Muchos filipinos están de acuerdo. Según una encuesta realizada en marzo, 20 por ciento de la población dice que “podría ser necesario ahora tener un estado de sitio para resolver las muchas crisis de la nación”.

Aunque el entusiasmo por Marcos es más fuerte en Ilocos Norte, en el resto de Filipinas existe una imagen neutral, e incluso positiva, de Marcos, especialmente en las escuelas. “Muchos de los libros de texto de secundaria presentan el tema como si fuera una cuestión contable. Este es el activo y este el pasivo. Si miramos las cosas buenas y las malas que hizo Marcos, aparentemente el resultado sigue siendo positivo”, dice Jose Tirol, profesor de historia de la Universidad Ateneo de Manila, quien desarrolló un curso sobre el estado de sitio el año pasado.

En 2016, Bongbong Marcos, un exsenador, se postuló para la vicepresidencia de Filipinas, llevando la propaganda de Ferdinand Marcos de los márgenes del discurso político hasta la corriente principal. Se compartieron miles de publicaciones revisionistas en las redes sociales. En un ejemplo de ellas, un partidario de Marcos compartió una teoría conspiratoria en Facebook en febrero de 2016, en la que se acusaba a uno de los antiguos archirrivales de Ferdinand de fomentar el descontento político en el país para obligarlo a declarar el estado de sitio. Mientras tanto, la exfamilia presidencial sigue negando las acusaciones de violaciones a los derechos humanos y corrupción, aunque aún hoy existen demandas pendientes en Filipinas.

Duterte ha mencionado a Ferdinand Marcos como uno de sus inspiradores. En junio dijo que la posibilidad de expandir el estado de sitio en todo Filipinas era “una copia de Marcos”. Esto preocupa a Marigza, la antigua presa política. “Imagino un futuro en el que tengamos que atravesar otro ciclo de descontento y disputas internas”. Sin embargo, afirma que trata de mantenerse optimista: “También tengo fe en que [los filipinos] finalmente no lo apoyen”.

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek