Los estadounidenses no tendrán asegurado el suministro de alimentos hasta que el Congreso implemente una reforma inmigratoria que permita que los trabajadores agrícolas y sus familias adquieran derechos legales, afirmó un nuevo estudio sobre inmigrantes agrícolas e indocumentados en Estados Unidos. Aun sin el proyecto de deportaciones masivas del presidente Donald Trump, la falta de seguridad y de protecciones laborales para los obreros agrícolas indocumentados ya ha creado problemas “tanto de salubridad pública como de seguridad alimentaria nacional”, aseguró el informe publicado esta semana por el Centro para un Futuro Vivible (CLF, por sus siglas en inglés) de la Universidad Johns Hopkins.
Los trabajadores que cultivan y procesan los alimentos de Estados Unidos enfrentan infinidad de riesgos de salud, incluidos “exposición a pesticidas, lesiones, mala calidad del aire, contacto con desechos animales, exposición a bacterias resistentes a los antibióticos, y exposición a cepas nuevas del virus de influenza”, precisó el informe. También sobreviven con malas condiciones de vivienda, acceso limitado a la atención de la salud, pobreza e incertidumbre respecto de su estatus en Estados Unidos. Todos estos factores amenazan “la resiliencia del sistema alimentario, pues perpetúan una fuerza de trabajo inestable y vulnerable, la cual podría amenazar el suministro y la seguridad de la comida”, agrega el informe.
El estudio halló que, además de las consideraciones de derechos humanos, cuando los trabajadores indocumentados son deportados o no pueden trabajar por estar demasiado enfermos, el suministro de alimentos del país sufre mermas. Por ejemplo, la escasez laboral de 2010 costó a las granjas alrededor de 300 millones de dólares, pérdidas que pueden elevar el costo de los alimentos. Por ejemplo, si todos los obreros de la industria láctea fueran deportados, el precio de la leche aumentaría 90 por ciento, señaló el informe. El estudio de Johns Hopkins citó también una investigación de 2008 de la Comisión Pew sobre Producción Agrícola Animal, la cual halló una falta de seguridad en las operaciones industriales para procesamiento animal, lo cual podría resultar en una mayor transmisión humano a humano y de nuevos virus de influenza.
No se trata de un problema insignificante, resaltó el estudio. Hasta 75 por ciento de los 2 millones de trabajadores agrícolas de Estados Unidos no tienen permiso legal para laborar en el país. Y esa cifra no contempla a muchos otros obreros que se pasan el día en los mataderos y otras instalaciones estadounidenses para procesamiento de alimentos.
En resumen, la industria alimentaria “colapsaría sin la fuerza de trabajo inmigrante y migratoria”, concluye el informe de Johns Hopkins.
Los investigadores proponen que el Congreso pugne por una legislación que permita que los trabajadores agrícolas reciban seguro médico y sueldos más altos. También dicen que deben instar a los trabajadores a notificar de condiciones laborales riesgosas y que, a tal fin, los obreros deben estar protegidos por la ley.
Bob Martin, coautor del informe y director del Programa para Políticas del Sistema Alimentario de CLF, señaló que el proyecto de Trump para deportar indocumentados será muy perjudicial. “La retórica política denigrante y las acciones de observancia legal que pretenden castigar a los inmigrantes indocumentados, pasan por alto que los estadounidenses dependen de estos trabajadores para obtener los alimentos que comen”, dijo en una declaración.
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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek