Los fiscales generales de once países buscarán armar equipos multilaterales para investigar la red de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, que reveló un submundo de financiación ilegal de la política en tres continentes.
Los procuradores se comprometieron este jueves a “promover la constitución de equipos conjuntos de investigación, bilaterales o multilaterales, que permitan investigaciones coordinadas sobre el caso Odebrecht”, según un comunicado firmado por Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana y Venezuela.
La escala de los sobornos a funcionarios públicos a cambio de obras y de medidas parlamentarias que orquestó el grupo se extendió por gran parte de América Latina, con ramificaciones en África y Europa, e incluyó un sofisticado esquema de lavado de dinero.
En el caso mexicano, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que entre 2010 y 2014 el gigante brasileño pagó unos 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios oficiales mexicanos. En ese tiempo, Pemex dio un contrato por adjudicación directa a la empresa.
Al cabo de la primera de las dos jornadas de una cumbre realizada con gran hermetismo y sin acceso de la prensa, los procuradores dijeron que buscarán “insistir en la recuperación de activos y la reparación integral de los daños causados por los ilícitos, incluyendo el pago de multas, según la legislación de cada país”.
La investigación sobre la maquinaria de pagos de Odebrecht, un pulpo con múltiples negocios que facturó casi 40,000 millones de dólares en 2015 está bajo secreto de sumario. Además, la firma y la justicia acordaron una cláusula de reserva de seis meses, hasta el 1 de junio de 2017.
A solicitud de Odebrecht, los fiscales aceptaron escuchar una exposición de los abogados de la constructora sobre los planes de cooperación que tienen con los ministerios públicos de la región para ayudar “a dilucidar todos los hechos ilícitos vinculados con su actuación”.