La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entregó mediante un controvertido mecanismo administrativo poco más de 178 millones de pesos a la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM) por la prestación de un servicio que no estaba en posibilidades de cumplir y por el cual tuvo que subcontratar a un tercero, un hecho que contraviene los procesos de transparencia de las licitaciones del gobierno.
Mediante dos contratos que la Sedesol entregó a la UIEM entre 2014 y 2015, la universidad se comprometió a aplicar cuestionarios en las 32 entidades del país para la “identificación y localización de pobres extremos alimentarios”, en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH).
No obstante, las capacidades técnicas y operativas de la universidad no le permitían cumplir con lo estipulado en los contratos y tuvieron que subcontratar el servicio.
“Evidentemente no había capacidad para cumplir con ese contrato. Sin embargo, el propio contrato establecía la posibilidad de que parte de los servicios fueran atendidos por instancias externas; eso fue lo que se hizo”, dijo a Newsweek en Español Arturo Vélez Escamilla, actual rector de la Universidad Intercultural.
La justificación para no abrir el contrato a una licitación pública y que fue entregado mediante la categoría de “otros”, es el párrafo quinto del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, que da la posibilidad de evadir el proceso de contratación cuando el proveedor es una dependencia pública, como se hizo en este caso con la Universidad Intercultural del Estado de México.
Foto: Cuartoscuro
La ley y su reglamento dicen que se excluye del proceso abierto cuando el proveedor demuestra que tiene la capacidad de llevar a cabo todo el proyecto o que subcontrate hasta 49 por ciento de los servicios comprometidos.
La Universidad Intercultural tiene 181 empleados, según el registro de expedientes de servidores públicos en su oficina de recursos humanos, y se creó mediante decreto firmado por Arturo Montiel en 2003 para revitalizar las lenguas y culturas originarias, en especial la mazahua que impera en la región.
“Inicialmente, los acercamientos con Sedesol fueron menores, fue la conformación de Comités Comunitarios cuando empezó el programa de la CNcH en 2013, entonces fueron trabajos locales muy focalizados que estarían promoviendo el manejo de los programas. Siento que de ahí surgió esa confianza en un momento dado, tener la posibilidad de extender los servicios”, dijo a Newsweek el rector.
“Los cuestionarios que originalmente se aplicaron eran solo en el Estado de México y en contratos sucesivos el contrato ya se amplió”, añadió Vélez Escamilla.
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El rector dijo desconocer el nombre de las empresas que contrató la universidad y cuál fue el monto de su participación.
Entre 2014 y 2015, años en lo que se entregaron los contratos, el rector de la Universidad Intercultural era José Monroy Gaytán.
Durante los años en los que se entregaron los contratos, Vélez Escamilla se desempeñaba como alcalde de Atlacomulco y aseguró que los cuestionarios sí ayudaron a vincular a miles de personas a los programas de Sedesol.
Paralelamente se firmaron dos contratos más para que la universidad “consolidara” Comités Comunitarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre en los municipios de San Felipe del Progreso, San José del Rincón y Acambay, en la región de Atlacomulco en el Estado de México.
Esos contratos fueron entregados por la Dirección General de Desarrollo Comunitario con un valor de 6.7 millones de pesos, 2.2 en 2014 y 4 millones en 2015, respectivamente.
Contratos bajo sospecha
En el lapso de la entrega de los contratos a la Universidad Intercultural, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la Sedesol, encabezada entonces por Rosario Robles, encubrió un fraude masivo a través de esquemas de subcontrataciones.
Newsweek en Español consultó a Sedesol sobre los contratos entregados por las direcciones de Coordinación de Delegaciones y la de Desarrollo Comunitario, pero sólo obtuvo respuesta por los dos primeros enfocados a la realización de encuestas en todo el país.
La dependencia informó que en 2014 levantaron 843 mil 727 Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS), que contribuyeron a la identificación de 5.4 millones de beneficiarios en pobreza extrema. En un comunicado enviado a este medio, Sedesol informó que el monto del convenio fue por 59.6 millones de pesos.
Sin embargo, la cifra publicada en el Portal de Obligaciones de Transparencia por ese contrato es 49.6 millones de pesos, más un convenio modificatorio de 4.6 millones de pesos, lo que da un total de 54.3 mdp.
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Para 2015, según la información proporcionada por Sedesol, se habrían levantado 857, 492 cuestionarios y por cuyo contrato pagaron 124 millones de pesos.
Esta cifra coincide con lo publicado en el Portal de Obligaciones de Transparencia.
Sin embargo, Sedesol no informó a este medio sobre los convenios para crear una red de funcionarios públicos en tres municipios del Estado de México, un concepto que aparece en los dos contratos que suman un monto de casi 7 millones de pesos.
En 2013, la Auditoría Superior de la Federación detectó que las universidades autónomas del Estado de México y Morelos, seleccionadas por la Sedesol, recibieron cantidades millonarias por desarrollar proyectos poco transparentes y que utilizaron el esquema de subcontratación.
Desde 2011 la ASF emitió un dictamen negativo al Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) ya que la Sedesol no acreditó la reducción de las desigualdades regionales mediante el fortalecimiento del capital físico y del desarrollo de acciones en las regiones marginadas.
En ese año, el programa no identificó con precisión a la población objetivo; no cuantificó las necesidades de vivienda, ni de infraestructura social y de servicios en las zonas prioritarias.