Un político perteneciente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), exdiputado federal y exfuncionario en el gobierno de Sinaloa figuraba en una cuenta corriente de la Banca Privada de Andorra (BPA) con un saldo de 6 millones de dólares, de acuerdo con una de las Actas del Comité de Prevención de Blanqueo de capitales de esta entidad, mencionada en un auto judicial de la magistrada Canolic Mingorance Cairat, instructora de la investigación sobre el BPA.
En la información a la que tuvo acceso el diario español El País se explica que la juez hizo una petición de ayuda judicial a México para identificar al político e investigar un posible blanqueo de capitales. Asimismo indica que se exhortó al gobierno mexicano a investigar la posible relación entre el cártel de Sinaloa y el BPA.
En una de las actas del comité se expone “que el titular de tres cuentas numeradas incluye en la cuenta a su hermano que es una persona políticamente expuesta, pues es diputado en el Congreso de la Unión por el Estado de Sinaloa desde el año 2009, Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa entre 1999 y 2009, miembro del PRI y economista”.
El País indica que de acuerdo a los datos aportados por la magistrada el perfil del político coincide con el de Óscar Javier Lara Aréchiga, diputado por Sinaloa del PRI, Secretario de Administración y Finanzas del Estado y licenciado en Economía, y quien al ser consultado por el medio, negó ser esa persona a la par que evitó hacer comentarios sobre la posesión de una cuenta en la BPA.
Lara Aréchiga también se ha desempeñado como consejero regional del Banco Nacional de Crédito Rural y en la Nacional Financiera además de ocupar la subdirección general de Infraestructura de la Sagarpa.
El auto de la juez andorrana indica que México fue inicialmente una plaza fuerte para le entidad bancaria,“hasta el punto de adquirir un edificio en la capital federal para establecer la sede social”, aunque abruptamente decidió desmontar toda la estructura y abandonar el país.
El País refiere que según declaraciones de Isabel Camino Sarmiento, en aquel momento responsable del departamento que vigila el cumplimiento normativo interno y externo del banco, existió “algún tipo de problema” y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos requirió la declaración de sus directivos a la Embajada de Estados Unidos en México, “sin poder precisar el origen del problema”.
La magistrada explica que fue a la vista de estos hechos cuando en el curso de la investigación judicial se procedió a analizar las Actas del Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales donde se encontró la pista del político del PRI.
La misma información indica que en marzo de 2015, fecha en la que estalló el escándalo del BPA, el Financial Crimes Enforcement Network (FinCen), dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, situó a este banco como centro de una gran trama de blanqueo de capitales ligados al cártel mexicano de Sinaloa.