Cuando algunos empresarios usaban en diciembre pasado la frase “pagan justos por pecadores”, hablaban de las complicaciones que padecen sus negocios en Tijuana por las regulaciones contra lavado de dinero y de sus colegas detenidos por ese delito.
Las leyes fiscales se han endurecido en ambos lados de la frontera, y Gilberto Fimbres Moreno, presidente de la Coparmex en Tijuana, coincide con esa visión.
“Muchas compañías en México, especialmente en la frontera, necesitan dólares para comprar productos e importarlos, pero no podemos depositar dólares o hay muchas restricciones”.
Para algunos expertos, San Diego es considerada la ciudad idónea para lavado de dinero. Aunado a su naturaleza binacional de negocios, tiene bancos, casas de cambio, y bienes raíces.
Para las autoridades norteamericanas, esta ciudad es un dolor de cabeza en cuanto al lavado de dinero: la fiscalía local del condado recibe un fondo federal para combatir ese delito.
Para los negociantes de Tijuana, San Diego es la joya de la corona del comercio: la meta de muchos empresarios es ganar en dólares y pagar en pesos.
Pero esta oportunidad se ve cada vez más lejana, pues incumplir con alguna norma del complejo entramado fiscal, puede llevarte a un juicio acusado de lavar dinero.
Hace un par de meses, el regidor Luis Torres Santillán y once tijuanenses más, fueron acusados de blanquear dinero en una investigación en contra de la casa de cambio Olymar, del empresario David Javier Espinoza Kyriakides.
Los negocios se complicaron para algunos miembros de la cámara empresarial. El regidor, empresarios y familiares fueron detenidos por la Agencia Federal Antidrogas (DEA), acusados de “blanquear” cerca de diez millones de dólares.
Entre los detenidos estaba el regidor de la Comisión de Seguridad Pública de Tijuana, Luis Torres Santillán, y familiares de Jorge Escalante, expresidente de la Coparmex en Tijuana, quienes hoy siguen su juicio en libertad.
La acusación narra que introducían dinero en efectivo a Estados Unidos y lo depositaban en bancos de San Diego para luego ser transferido vía electrónica a México.
Al regidor lo investigan por 18 depósitos bancarios a su nombre por 675 mil dólares a través de la casa cambio Olymar, dijo John Dunn, fiscal asignado al caso durante la tercera audiencia a inicios de enero.
Estados Unidos define al lavado de dinero como cualquier transacción financiera que se realiza con el propósito de ocultar el origen del dinero.
Torres Santillán se declaró inocente ante la corte en San Diego, California.
Pero para la comunidad de Baja California, las acusaciones contra lavado de dinero no son novedad. Tampoco las sentencias por ese delito.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, tiene boletinadas a 37 empresas y 52 personas físicas de Baja California en su lista de narcotraficantes o terroristas.
Cuando la OFAC, por sus siglas en inglés, enlista a empresas o empresarios, estos quedan vetados para hacer negocios en Estados Unidos: sus activos son bloqueados por el gobierno norteamericano y los estadounidenses tienen prohibido hacer negocios con ellos.
En la lista hay narcotraficantes vinculados al cártel Arellano Félix, como Manuel Aguirre Galindo o Enedina Arellano Félix, pero también hay casas de cambio como Mexglobo, Multiservicios AGSA y AGBAS Consultores, todas con domicilio en Tijuana e inscritas como Sociedad Anónima de Capital Variable.
En un boletín del Departamento del Tesoro publicado en 2007, estas casas de cambio de divisas son señaladas de lavar de dinero para el narcotraficante Ismael Zambada García, “El Mayo”.
Otro caso sonado de lavado de dinero en la región, es el de Joel Acedo Ojeda, quien trabajó con casas de cambio de Tijuana.
A mediados de diciembre, un juez federal le dictó sentencia de once años por conspirar para ocultar hasta 20 millones de dólares procedentes de actividades relacionadas al tráfico de droga en la frontera.
Dos días más tarde, dos tijuanenses vinculados en la misma investigación se declararon culpables ante la corte federal. Entre ellos, Omar Ayón Díaz de 38 años, quien poseía y administraba casas de cambio en Tijuana, en las que se recibieron hasta 24.5 millones de dólares en efectivo de procedencia ilícita.
Lo que hace atractiva a esta región para los negocios es también lo que la hace vulnerable.
San Diego es la puerta a la sexta economía más grande del mundo y Tijuana es considerada “la ciudad más dolarizada de América Latina”.
“El problema que padecen los empresarios de la región es que las nuevas leyes han estado limitando las oportunidades de negocios para usar dólares y pesos”, dijo a la agencia Tijuanapress.com el presidente de la Coparmex, Gilberto Fimbres en enero pasado.
Fimbres y su familia son unos reconocidos comerciantes que tienen una cadena de supermercados desde 1939, que entre otras cosas, importan productos estadounidenses para venderlos en sus tiendas.
Entre Tijuana y San Diego se mueve tanto dinero en efectivo, que Baja California es considerada una de las tres plazas de México junto con Jalisco y Sinaloa con más lavado de dinero del país, según datos de la Procuraduría General de la República (PGR).
Carlos Leos, presidente de la asociación Centros Cambiarios, calcula que siete de cada 10 dólares que entran a México lo hacen por Tijuana.
Por eso las casas de divisas afiliadas a la asociación trabajan en un “régimen estricto de prevención de lavado de dinero”, dijo Leos a Tijuanapress.com.
Pero las empresas no siempre salen bien libradas y terminan investigadas por lavado de dinero. Algunas, como la distribuidora de granos Productos Diamond del regidor con licencia hoy acusado, están en la mira de un juez estadounidense.
Incluso hay otras empresas con un perfil financiero, que prefieren cerrar operaciones.
Desde que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos endureció sus regulaciones, seis sucursales bancarias que operaban en el distrito de San Ysidro han cerrado.
Los bancos que trabajan con cuentas extranjeras están expuestas a sanciones severas por parte del gobierno federal y los empresarios del dinero prefieren cerrar que arriesgarse.
“La responsabilidad para el banco es casi tanto (como) la del criminal”, dice Jason Wells, director de la Cámara de Comercio de San Ysidro.
En 2012, el banco transnacional HSBC pagó una multa de casi 2 mil millones de dólares para resolver acusaciones de lavado de dinero en México y otros países. De esta manera, el banco esquivó cargos criminales por infringir leyes financieras en Estados Unidos.
Algunos conocedores del tema estiman que este caso originó el cierre de instituciones financieras en la frontera sur de Estados Unidos.
Lanny Breuer, subprocurador federal en aquel entonces, dijo en rueda de prensa que con la resolución, el banco rindió cuentas por “fallas asombrosas de supervisión”, que habrían derivado en la movilización de México a Estados Unidos de alrededor de 880 millones de dólares que provenían de dos cárteles de droga, uno de ellos, el cártel de Sinaloa, que opera en esta región.
El Departamento del Tesoro estima que unos 300 mil millones de dólares al año provienen de actividades ilícitas como el narcotráfico y fraudes financieros.
En la frontera entre Tijuana y San Diego, una de las modalidades más comunes de lavado de dinero es la introducción de dinero físico de manera ilícita para ser depositado en bancos y eventualmente transferido de vuelta hacia la fuente.
Otra modalidad es la inversión ilícita en negocios o bienes raíces, explica Jesse Navarro, vocero de la fiscalía del condado de San Diego, dependencia que acusa al regidor Torres de formar parte de una red de lavado de dinero.
“En muchos casos el crimen organizado utiliza personas que tienen algún conocimiento de negocios, de bienes raíces o del mundo financiero”, dice.
Por lo general, una investigación de lavado de dinero inicia luego de que autoridades detectan alguna anomalía en transacciones financieras, —hechas en bancos o casas de cambio— o en declaraciones anuales.
En otras ocasiones, los mismos comerciantes denuncian “movimientos sospechosos” de sus competidores.
A comparación de otras fronteras, San Diego es un “lugar perfecto” para el lavado de dinero porque hay casas de cambio, bancos, negocios y bienes raíces, dice Navarro.
El portavoz dice que la mayoría de personas que cruza la frontera para hacer negocios “cumplen con las leyes de ambos lados de la frontera y no están involucrados en ninguna actividad ilegal”.
No solo los bancos de San Ysidro han cerrado sus puertas para evitar lavar dinero. En los últimos dos años, en ciudades como Laredo, Texas, han cerrado el 17% de las sucursales cercanas a la frontera, según datos proporcionados por la Cámara de Comercio de San Ysidro.
En Calexico, California, han cerrado el 80% de los bancos, mientras que en Nogales, Arizona, ya suspendieron actividades el 29% de las sucursales.
En El Paso, Texas, el 13% de los bancos prefirieron cerrar sus puertas.
“Cuando hay menos productos bancarios los precios son más altos, a veces, como manejamos mucho efectivo en la frontera es difícil abrir cuentas con menos opciones”, dice Jason Wells.
De acuerdo al Departamento de Recaudación Interna (IRS en inglés) durante el pasado año fiscal se iniciaron 1,201 investigaciones por lavado de dinero en Estados Unidos, de las cuales 668 ya fueron sentenciadas.
La tasa de encarcelamiento por este delito fue de 84% en los últimos dos años.
El endurecimiento de las regulaciones fiscales inició en 1970.
Ese año el Congreso estadounidense aprobó la llamada Ley de Confidencialidad Bancaria (BSA) bajo la cual se requiere la presentación de informes sobre transacciones de divisas.
Desde entonces las autoridades tienen “pistas” para rastrear dinero que no se ha declarado y “millones de dólares que se lavan a través de bancos de Estados Unidos”.
Dado que, en palabras del legislador de Laredo, Henry Cuellar durante una visita a San Diego en 2015, “no podemos tomar la posición de que cada dólar que entra de México, es lavado de dinero”, hace algunos meses un grupo de congresistas, —entre ellos el legislador de San Diego, Juan Vargas— anunció su intención de promover un sistema que proteja a instituciones financieras.
Pero el lavado de dinero, hemos visto, es un problema binacional. La lógica del negocio criminal indica que de sur a norte viaja la droga, y de norte a sur viaja el dinero.
Los criminales de ambos países siempre buscan “limpiar” el dinero ilegal colocándolo en negocios formales para después utilizarlo de manera legítima.
Autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México (SHCP) y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, visitaron San Ysidro el año pasado para conocer la dinámica fronteriza.
Actualmente legisladores estadounidenses exploran medidas a nivel legislativo para encontrar un balance entre la seguridad y el comercio fronterizo.
En noviembre pasado, representantes de la Oficina General de Contabilidad de Estados Unidos (GAO) visitaron San Ysidro para hacer un estudio y presentar un reporte ante el Congreso. La intención es definir el problema y buscar una solución que evite la fuga de bancos.
El lavado de dinero es un delito tan crítico en San Diego, que hace tres años la fiscalía del condado de San Diego recibió un fondo federal para la creación de una unidad especializada que involucra a autoridades de los tres niveles de gobierno, dedicada a “atacar, investigar, resolver y tratar de reducir” este crimen.
Las medidas para evitar el blanqueo de dinero, son estudiadas cada año por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Por ejemplo, las restricciones impuestas por bancos, —entre 2007 y 2013— resultaron en “una ruptura entre bancos estadounidenses y casas de cambio”, cita un reporte anual sobre lavado de dinero publicado en 2015 por el Departamento del Tesoro.
Del lado mexicano, los esfuerzos institucionales tampoco han logrado los resultados esperados.
En 2008, la SHCP restringió a las empresas los depósitos en efectivo en cuentas bancarias y creó el Impuesto sobre Depósitos en Efectivo (IDE), como una herramienta para combatir el blanqueo de dinero y reducir la informalidad comercial.
El mismo reporte estadunidense dice que después de la creación del IDE, se vio un incremento de movilización de dinero en efectivo en la frontera.
Esto complicó más el escenario para combatir el delito en la región.
Cinco años después, en 2013, el gobierno federal eliminó el IDE al considerar que complicaba el pago de impuestos.
Lo cierto es que del lado mexicano, la cúpula empresarial ha hecho saber a las autoridades de ambos países que muchas compañías ven complicados sus negocios por las actuales regulaciones.
“Hemos pedido al gobierno que se implemente una manera transparente para que los comercios puedan hacer más negocios con Estados Unidos”, dijo a inicios de año Gilberto Fimbres, de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex).
Aunque el blanqueo de capitales es considerado un delito federal, en algunos casos puede llevarse en una corte estatal, como sucedió en la investigación contra los doce tijuanenses, incluyendo el regidor panista Luis Torres Santillán, quien también es miembro de la Coparmex.
El caso del regidor es apenas el segundo en ser investigado por la fiscalía del condado en los últimos cinco años, mientras que la fiscalía federal, dictó sentencia de por lo menos dos casos tan solo en el último mes.
La investigación que derivó en el arresto de los tijuanenses, se extendió durante meses e involucró a dependencias federales como la Agencia Federal Antidrogas (DEA) y la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
“Él (regidor) no cruzó la frontera con dinero en efectivo. Él contrató a una casa de cambio en México (Olymar). Él les daba cheques de su negocio, la casa de cambio lo convertía a dólares, importaba los dólares y los depositaba en cuentas de banco del señor Santillán”, dijo el abogado defensor, Anthony Colombo al término de la audiencia en enero pasado.
El regidor con licencia ha aparecido en algunos eventos en Tijuana, donde asegura que regresará al cargo una vez que termine su proceso legal.
Se pidió entrevista con Torres Santillán a través de su abogado, pero no respondió a la solicitud.
Además de las estrictas regulaciones que hoy padecen las empresas, algunos negociantes prevén un panorama más agresivo por un nuevo factor.
Empresarios consultados consideran que las oportunidades de negocios se verán limitadas por el factor Donald John Trump.
Por ejemplo, varios empresarios binacionales, han agilizado sus trámites fiscales en la unión americana tras la llegada del nuevo presidente.
La incertidumbre es enemiga de los negocios. Hoy los bancos prefieren cerrar sucursales antes que lavar dinero.
Los empresarios se adelantan a más restricciones fiscales que pueda aplicar Trump, y el sindicato patronal de la Coparmex pide facilidad para negociar en la frontera.
Lo cierto es que el dinero sucio ha complicado el terreno de los negocios limpios.