Al regidor de Tijuana Luis Torres Santillán le tomaría días reponerse de la sorpresa de haber sido arrestado por una decena de cargos de lavado de dinero, cuando el viernes 16 de diciembre cruzaba la frontera a San Diego.
Apenas este día, la Coparmex en Tijuana, encabezada por Gilberto Fimbres, se desmarcó de las acusaciones que recaen sobre los empresarios, entre ellos a familiares del exdirigente de este sindicato, Jorge Escalante Martínez y al propio regidor.
“Promovemos y somos respetuosos de la correcta aplicación de las leyes, la transparencia y la justicia”, dijo Fimbres.
En conferencia de prensa, el dirigente empresarial también mencionó que “apoyarían moralmente a las personas que pudiendo ser inocentes, se vieran involucrados” en la investigación federal por lavado de dinero.
El abogado defensor del regidor, Anthony Colombo, platicó que la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) citó al recién nombrado edil, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tijuana, para renovarle el registro en el programa Sentri.
La sorpresa para el panista fue enterarse de que no era el único detenido bajo el mismo plan de fingidas citas por la Sentri, de acuerdo con el abogado; los presuntos implicados en el lavado de dinero eran doce en total, miembros distinguidos de la sociedad tijuanense.
Al regidor lo llevaron a la cárcel del condado de San Diego, en California, y se le ha fijado una fianza por cinco millones de dólares, con la facilidad de pagarla en efectivo o con propiedades.
El abogado Colombo —criminalista que antes defendió al narcotraficante Benjamín Arellano Félix en la corte federal—, pelea que esa fianza es excesiva para el regidor del Partido Acción Nacional, a quien califica de miembro destacado de la sociedad tijuanense, exintegrante de la Coparmex, y ahora edil en la administración de Juan Manuel “El Patas” Gastelum.
Pero una petición de Columbo por reducir el monto de la fianza choca con versiones oficiales.
En documentos, un agente de policía de San Diego integrante de la Fuerza de Tarea de Narcóticos que se coordina con la DEA, testifica que Torres Santillán tiene “acceso rápido a grandes cantidades de dinero ilícito obtenido mediante delitos”.
Jesse Navarro, el vocero de la procuraduría de distrito, asegura que el regidor y los demás acusados manejaban grandes sumas de dinero en Bancos y casas de cambio en San Diego que eventualmente regresaban el dinero a Tijuana.
La procuraduría teme, dice Navarro, que el regidor nacido en San Diego y con doble nacionalidad, pueda huir a Tijuana si su fianza es reducida.
La siguiente audiencia del regidor tijuanense será el 3 de enero, como la parte visible de un iceberg.
Cinco días después de la detención de Torres Santillán, el alcalde aprovechó una conferencia para decir que no fue informado, por lo tanto él no tenía nada qué informar.