La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), una organización que promueve los derechos humanos en las América, consideró que la tendencia marcada en México durante la última década con niveles de violencia y delitos alarmantes y un incremento dramático en las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad mexicanas han seguido presentes a lo largo de 2016.
“Al cerrar el 2016, queda claro que el año pasado no ha sido diferente, las cifras de homicidios están al alza y el gobierno ha sido incapaz o no ha querido reducir la impunidad que prevalece para las violaciones a los derechos humanos, permitiendo que los abusos continúen de forma descontrolada”, refirió el organismo civil en su reporte “Recuento 2016: Enfrentando la situación de los derechos humanos y la seguridad en México”.
WOLA recordó que Enrique Peña Nieto comenzó su sexenio con “una nota de optimismo”, con índices de aprobación satisfactorios y prontas reformas, tanto económica como de telecomunicaciones, que fueron elogiadas ampliamente.
No obstante, señala la organización, todo cambió cuando los escándalos de alto perfil como el de la Casa Blanca y la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, “pusieron de nuevo la atención en la incapacidad del gobierno para enfrentar la inseguridad, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos de una manera eficaz”.
El reporte señala que todo esto llevó en agosto de 2016 a que el índice de aprobación de Peña Nieto cayera asólo el 23 por ciento, el más bajo en un presidente mexicano en la últimas dos décadas.
“Con dos años más en el poder, Peña Nieto continúa teniendo una pequeña ventana de oportunidad para demostrar que su gobierno es capaz y tiene la voluntad para atender los problemas de inseguridad, corrupción, violaciones a los derechos humanos e impunidad, relacionados entre sí, que persisten en México”, refirió WOLA.
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En el reporte, la organización analiza los diferentes rubros que han contribuido a la situación de inseguridad e impunidad presente en México. Por ejemplo, menciona cómo durante los 10 años que tiene la “guerra contra el narcotráfico” más de 186,000 personas han sido asesinadas en México, “lo que a su vez ha estado marcado por operaciones a cargo de militares para combatir el crimen organizado en el país”.
“Después de que entre 2011 y 2014 las tasas de homicidios bajaron, en 2015 volvieron a subir. Para octubre de 2016, había un incremento del 23 por ciento en la denuncia de homicidios comparado con el mismo periodo de 2014 (enero-octubre). En los primeros 10 meses de 2016 hubo un promedio de 56 homicidios denunciados por día”, refiere el documento.
Con respecto a otros delitos violentos indica que estos permanecieron con una alta incidencia en el 2016. El número de secuestros denunciados subió cuatro por ciento entre 2015 y 2016, mientras que las denuncias de casos de extorsión han tenido una baja durante los tres años anteriores, “pero los índices siguen siendo más altos que los casos denunciados hace una década”.
No obstante, WOLA manifiesta su preocupación ante el hecho de que estas estadísticas representan sólo los casos denunciados. Precisa que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2015, sólo 10.5 por ciento del total de los delitos cometidos en México fueron denunciados.
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La organización también consigna las cifras de denuncias de tortura a manos de autoridades mexicanas las cuales permanecieron altas en 2016. Explica que entre enero y octubre de 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró 657 quejas de tortura y tratos crueles e inhumanos cometidos por autoridades federales.
En ese sentido, WOLA exhortó al Congreso mexicano, que actualmente estudia la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura, evitar que la evidencia obtenida a través de tortura sea admitida en juicio.
“Queda por verse si la iniciativa final contendrá salvaguardas debilitadas o reforzadas en contra la tortura. En cualquier caso, la experiencia muestra que aun cuando existan dichas salvaguardas, el uso de la evidencia obtenida a través de la tortura persiste en los procedimientos penales”, indicó.
Con respecto a las desapariciones forzadas se tiene la cifra de 3805 casos entre enero y octubre de 2016, un nivel que ha sobrepasado el número total de casos de 2015 registrados en sólo los 10 primeros meses de este años.
Frente a esta problemática, hecha visible a raíz de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pidió a las autoridades mexicanas demostrar voluntad política para dotar a sus instituciones con suficientes recursos, tanto humanos como financieros, y con facultades para implementar una Ley General para Personas Desaparecidas de forma efectiva.
WOLA también hace hincapié en las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza refirieron que México tiene un número de civiles muertos alarmantemente alto en comparación con los civiles heridos en confrontaciones con las fuerzas de seguridad.
Dijo que frente a los casos de ejecuciones extrajudiciales que involucran a las fuerzas de seguridad federales, se precisa crear una Ley General sobre el Uso de la Fuerza en México la cual proporcionaría un marco legal más sólido para las fuerzas de seguridad que los lineamientos generales, directrices y protocolos existentes que utilizan actualmente la policía federal y el ejército.
En cuanto a los ataques contra periodistas, once de ellos asesinados durante el año más letal para la prensa en México, WOLA dijo que el gobierno no ha hecho lo suficiente para investigar estos crímenes y llevar a los responsables a la justicia.