El ejecutivo deberá solicitar autorización al Congreso solo si requiere una ampliación presupuestal, mientras que informará de las reasignaciones hasta después de hacerlas, a través de la cuenta pública.
“Para realizar estas reasignaciones, será necesario contar con la información de los motivos y justificaciones que den origen a cada una de ellas”, establece la propuesta, aunque no aclara a qué instancia deberá informar.
Los lineamientos para reasignar recurso establecen que:
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La Fiscalía General, la Secretaría de Seguridad Pública, el Fondo de Inversiones y las Participaciones Federales solo podrán recibir recurso.
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El ejecutivo podrá tomar presupuesto establecido para el pago de la deuda pública a otros fines, siempre y cuando no incumpla con los pagos.
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Del capítulo de “servicios personales” podrá tomar dinero para destinarlo a otros capítulos y partidas presupuestales.
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El capítulo de servicios personales solo podrá recibir recursos provenientes de indemnizaciones o “compensaciones extraordinarias” relacionadas con la deuda pública.
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El gobernador podrá reasignar presupuesto previsto para “materiales y suministros”, “servicios generales” y “transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas” entre esos capítulos o a otros.
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El dinero que reciban esos tres capítulos se destinará a completar las contrapartes estatales en inversiones conjuntas con la federación como parte del Fondo de Inversiones.
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El capítulo “transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas” podrá recibir recursos de otros capítulos para destinarlos al pago de obligaciones fiscales de las dependencias, incluyendo algunas instituciones educativas.
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Los capítulos “bienes muebles, inmuebles e intangibles”, “inversión pública” e “inversiones financieras” solo podrán reasignarse entre sí o recibir dinero de otros capítulos. Únicamente podrá quitárseles dinero para sumarlo a participaciones y aportaciones o para el pago de impuestos y contribuciones de las dependencias.
Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) incluir estos criterios ha sido uno de los aspectos por los que el estado elevó su calificación a 83% en el Índice de Información Presupuestal Estatal 2016.