La falta de jueces de ejecución en el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) contribuye a la sobrepoblación en los Centros de Readaptación Social (Ceresos) de Hidalgo, ya que estas autoridades tienen la facultad de resolver beneficios como preliberación y verifican la extinción de sanciones, pero sólo hay dos en el estado, señaló el ombudsman José Alfredo Sepúlveda Fayad.
“(Es) una cantidad insuficiente” para atender a toda la población penitenciaria, indicó.
De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de la entidad (CDHEH), la población penitenciaria es de 4 mil 45 personas. Cada una tiene situaciones únicas que deben ser revisadas de manera puntual, precisó el presidente del organismo.
Según el ombudsman, la sobrepoblación en los centros penitenciarios se debe a que el Estado no invierte en un nuevo Cereso.
“El terreno ya está en Singuilucan. En la administración pasada se anunció su construcción, pero luego se canceló por falta de recursos”, lamentó.
Otra causa es la falta de jueces de ejecución, quienes son los encargados de revisar las preliberaciones o determinar si alguien podría salir porque su falta corresponde a un delito menor.
“El estado debe tener en cada distrito a uno (juez ejecutor). Saldría más barato nombrar jueces que tener más cárceles”, indicó.
De acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución de Penal, el NSJP permite que infractores de delitos menores puedan compurgar penas en libertad. Para que esto ocurra, insistió, se necesita la figura de juzgadores, a quienes la legislación define como quien vigila y controla la ejecución de penas a condenados.
El diagnóstico penitenciario de la primera mitad de 2016 revela que en Pachuca existen mil 297 reos en un penal con capacidad para 654 personas, situación que excede su cabida en 98 por ciento.