El aumento de la deuda y de los pasivos estatales se ha convertido en un apremiante problema nacional. Los escándalos recientes de corrupción, de verdadero desfalco en algunas entidades como Veracruz, Nuevo León y Chihuahua, son algunos ejemplos de la gravedad del problema, alertó el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
En un documento titulado “Deuda estatal, un problema público nacional”, el CEEY señala la crisis que atraviesan las economías estatales, que además, tienen un compromiso financiero elevado para las siguientes generaciones y sus congresos locales están coludidos con los gobernadores para aumentar el gasto y esconder la deuda, señalan.
“La problemática de la deuda estatal no sólo está lejos de resolverse, sino que esconde problemas de legitimidad, opacidad, corrupción y, quizás, de financiamiento ilegal de campañas electorales. Se trata de un grave problema nacional”, advirtió el CEEY.
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En el documento se subraya que el tema del endeudamiento estatal se ha minimizado por creer que no afecta el equilibrio macreoeconómico del país, toda vez que es de alrededor del 3.5 por ciento del PIB, lo cual sería correcto si el endeudamiento registrado en la Secretaría de Hacienda fuera el total de los pasivos estatales y que el endeudamiento estatal no registrado ante la SHCP, con o sin garantía de participaciones federales, fuera controlado y legal, sin embargo, el documento apunta que existen varios estados que no habían reportado una desmesurada cantidad de pasivos que ya tenían, pero que no se conocían de manera pública.
“En su último Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2016 la Auditoria Superior de la Federación (ASF) reporta que el endeudamiento estatal registrado ante la SHCP es de 529,719 millones en el primer semestre de 2016, mientras que un año antes era de 511,719.1 millones, un aumento de 3.5 por ciento”, indica el CEEY.
“Sin embargo, si agregamos a estos datos los “otros pasivos” reportados por primera vez por la ASF, que consideran las cuentas públicas estatales, la cifra es muy distinta. Los pasivos totales de los estados aumentan de 536,249 a 586,733 millones de pesos en diciembre de 2015. Esto significa un crecimiento de 9.4 por ciento por los pasivos no registrados”, añade el análisis del CEEY.
Además, se menciona que en estos datos no siempre figuran los pasivos correspondientes a los contenidos en fideicomisos “privados” en los estados, cuyo pago está garantizado por impuestos locales.
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“En estos casos, hay pasivos que comprometen ingresos futuros por más de veinte años y que no sabemos a ciencia cierta a cuánto ascienden en total. Por tanto, el endeudamiento estatal es mucho mayor aún”, y se añade que el aumento del endeudamiento a nivel estatal y municipal apareció junto con las figuras jurídicas definidas como “no deuda”, pero que generan pasivos, como en el caso de los “Proyectos de Prestación de Servicios” (PPS) o de las Asociaciones Público Privadas (APS).
Incluso, señala el documento, en años anteriores se llegaron a modificar leyes estatales para permitir el endeudamiento a través de diversas figuras legales como ésas, pero no se las llamó deuda, por lo tanto, no tuvieron que pasar por la aprobación de la legislatura.
La deuda registrada ante la SHCP, en 19 estados, es menor que los otros pasivos ahora visibles en el informe de la Auditoria Superior de la Federación (ASF). “El caso más grave es Puebla: el gobierno reportó a la SHCP (y a la sociedad en general en el último informe del gobernador Rafael Moreno Valle, Eje 3, p. 353) una deuda de 8,609 millones de pesos al 31 de diciembre de 2015, mientras que el total de pasivos en realidad es de 24,655 millones de pesos. El segundo más graves es el de Tabasco. Su deuda ante la SHCP es de 4,344 millones de pesos, pero sus pasivos totales alcanzan los 10,790 millones de pesos.
“El tercer caso grave es Michoacán: la deuda ante la SHCP es de 17,473 millones, pero el total de pasivos llega a 31,414 millones de pesos. En ese orden siguen Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Zacatecas, Yucatán, Nayarit, Durango y Tamaulipas”, subraya el CEEY, que alerta sobre el hecho de que el total de pasivos reportados por la ASF no parece incluir los pasivos que se encuentran en fideicomisos mal llamados privados, mismos que se alimentan de recursos públicos.
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Eruviel Ávila (derecha), gobernador del Estado de México, junto a César Duarte, exmandatario de Chihuahua que ha dejado una deuda millonaria en el estado calculada en más de 55,000 millones de pesos
FOTO: Cuartoscuro
“En al menos diez estados de la República (Durango, Sonora, Tabasco, Oaxaca, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Coahuila, Tamaulipas, Puebla), Protego, hoy Evercorerealizó transacciones y en algunos de ellos participó en la ingeniería jurídica y financiera. De acuerdo con documentos oficiales presentados ante la Securities Exchange Commission de los Estados Unidos, Evercore México obtiene una parte significativa de sus ingresos de la asesoría que provee a gobiernos estatales y municipales”. Otras instituciones participaron como fiduciarios en otros casos” resalta el CEEY.
En los estados donde no han tenido alternancia politica reciente como Tabasco, Michoacán o incluso en el Estado de México, no se sabe cuál es el estado verdadero de sus finanzas estatales. Pero dónde apenas hubo alternancia política, como en Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, Quintana Roo y Durango, han salido a la luz los casos de sobreendeudamiento y, en algunos otros, hasta de desfalco. Todo lo anterior junto con acusaciones de corrupción al más alto nivel.
El CEEY afirma que es fundamental que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga todos los amparos de endeudamiento estatal que están sustentados en legislación inconstitucional y declare la nulidad o lo que conforme a derecho proceda. Esperar a que fructifiquen amparos de personas jurídicamente legítimas para interponerlos, como los casos de los amparos contra los Fideicomisos poblanos(F/0144 ) no hacen más que retrasar la solución a un problema que se agrava día con día.
Además, resulta desconcertante que agencias calificadoras reconocidas no tomen en consideración este tipo de fideicomisos para realizar sus evaluaciones de riesgo a nivel estatal. Obviar información relevante manda señales erróneas a los mercados y a los financiadores que, en el mejor de los casos, deciden financiar “proyectos de inversión” con base en información incorrecta, por lo que “se trata de un grave problema nacional”, concluye el texto.