El municipio de Jesús María podrá suspender por completo el servicio doméstico de agua potable y alcantarillado a quienes incumplan los pagos y cobrar su suministro a hospitales y escuelas.
Así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría, al resolver la Controversia Constitucional 48/2015 interpuesta por la administración del panista Antonio Arámbula. La resolución aplicará solo en ese municipio en cuanto el Congreso y el gobierno del estado sean notificados.
En una reforma a la Ley de Aguas de Aguascalientes publicada en julio de 2015, se prohibió a los organismos operadores o concesionarios del servicio cortar el servicio a morosos y a brindar el servicio sin costo a escuelas y hospitales. Esas disposiciones violan el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, consideraron, e invalidaron partes de los dos artículos en votación dividida cuatro a tres.
El artículo 104 de la Ley de Aguas prohíbe cortar el agua a quienes adeuden más tres recibos consecutivos y los considera grupos vulnerables, y a la vez prevé fondos de asistencia social para estos sectores de la población. Para los tres ministros que votaron en contra, esto es constitucional porque garantiza el derecho humano al acceso al agua, y por ende, a la salud.