El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, no goza de fuero y puede ser detenido por las autoridades mexicanas, determinó un juez federal al negarle al mandatario la protección de la justicia en contra de la privación de su libertad.
El Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México argumentó su negativa de amparar a Duarte de Ochoa “en virtud de que el delito de delincuencia organizada por el cual dice que se libró la orden de aprehensión amerita prisión preventiva”.
El juez explicó que al gozar de licencia a su cargo como gobernador, Javier Duarte no cuenta con fuero constitucional. “En tal virtud, las autoridades podrían cumplimentar la orden de aprehensión relativa”.
En la demanda de amparo, el exmandatario solicitó se le concediera la suspensión provisional para que no fuera privado de la libertad al considerar que contaba con fuero constitucional, petición que fue descartada este viernes.
El pasado 12 de octubre Duarte pidió separarse de su cargo, que concluía el 30 de noviembre, para enfrentar las investigaciones en su contra. Seis días después un juez federal ordenó su captura por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los que resulten.
A la par, la secretaría de Hacienda investiga a su gobierno por haber firmado contratos millonarios con empresas consideradas fantasma.
Veracruz está al borde de la quiebra con alcaldes de todos los partidos que protagonizan protestas y han tomado instalaciones gubernamentales para reclamar millonarios recursos que les permitan seguir operando pues algunas alcaldías han tenido prácticamente que cerrar por falta de liquidez.
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El gobierno de Duarte, que inició en diciembre de 2010, también estuvo marcado por ataques contra periodistas y un recrudecimiento de la violencia ligada al narcotráfico, con secuestros, asesinatos y extorsiones que hacen de Veracruz uno de los estados más violentos de México.
A la fecha, se desconoce el paradero del político emanado del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), instituto político que lo expulsó de sus filas en octubre pasado por “falta de probidad en el ejercicio de la función pública”, por quien la Procuraduría General de la República (PGR) ofrece 15 millones de pesos.