La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) el primer caso de desaparición forzada relacionado con el narcotráfico y delincuencia organizada en México.
Se trata de lo ocurrido a Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, quienes fueron desaparecidos por militares del estado de Chihuahua desde el 29 de diciembre de 2009 y de quienes hasta la fecha, se desconoce su destino.
Las autoridades sabían de las tres víctimas, pues estaban custodiadas por el Estado. Testigos presenciales y declaraciones de funcionarios públicos evidencian la participación del Ejército en el caso.
Cuando los familiares acudieron a denunciar lo sucedido y a solicitar información, les respondieron que no tenían conocimiento de su detención ni de su paradero, los encubrieron. Por ello, la Comisión calificó los hechos como desaparición forzada.
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Además, el caso se relaciona con la situación de impunidad en que se encuentran las tres desapariciones. La justicia militar violó el derecho a contar con una autoridad competente, independiente e imparcial para la obtención de justicia.
De acuerdo con la CIDH, el Estado incumplió el deber de investigar con diligencia y un plazo razonable a las víctimas y tampoco sancionó a los responsables.
Adicionalmente, hubo violaciones a los derechos humanos de familiares derivadas de amenazas y hostigamientos en su contra, y el desplazamiento forzado de algunos de ellos.
La Comisión recomendó al estado de Chihuahua investigar de forma efectiva los paraderos de Nitza Paola, José Ángel y Rocío Irene, de ser el caso, adoptar las medidas necesarias para identificar y entregar a sus familiares sus restos mortales.
La obstrucción de la justicia
Personal de la Fiscalía General del Estado realiza levantamiento de varios fragmentos óseos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Foto: Nacho Ruíz/Cuartoscuro
Las autoridades deberán imponer sanciones a todos los responsables por el delito de desaparición forzada de las tres víctimas, y de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad.
“México debe adoptar medidas para responder a la problemática de la desaparición forzada en el país y su especial incidencia en el estado de Chihuahua, incluyendo el fortalecimiento de la capacidad investigativa de casos de desaparición forzada de personas y la resolución de los factores estructurales que generan impunidad en estos casos”, señala la CIDH.
La Comisión Interamericana sometió el caso a la jurisdicción de la Corte el 9 de noviembre de 2016, porque consideró que el Estado no cumplió con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo.
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Este suceso es un ejemplo de los factores que contribuyen a la grave violación de derechos humanos, que va en aumento en los últimos años, dice la CIDH en un comunicado de prensa.
Hechos como este, dice, no son debidamente investigados y sancionados por encubrimientos y obstrucción de la justicia.
El caso ofrece a la Corte Interamericana la posibilidad de pronunciarse sobre otras violaciones conexas derivadas de las amenazas y hostigamientos que sufren los núcleos familiares de las víctimas desaparecidas.