EN LA TRASTIENDA del Apple Store en Berkeley, California, en el extremo de la barra donde esos “genios” reparan iPhones y MacBooks, hay un cartel con la advertencia: “Si llevas o usas tu teléfono en el bolsillo de un pantalón o camisa, o lo guardas en el sostén mientras está en ENCENDIDO y conectado con una red inalámbrica, puedes exceder los lineamientos federales de exposición a radiación RF”. Lee las instrucciones de seguridad del manual, añade. De lo contrario…
Apple Store publicó el aviso en cumplimiento de un mandato de la ciudad de Berkeley —la primera del Estados Unidos— exigiendo que los detallistas alerten a los consumidores sobre los lineamientos federales para el uso seguro del teléfono celular. La advertencia no llamaba mucho la atención cuando visité esa tienda de Apple en octubre. Sin embargo, las notificaciones despertaron la atención —y la indignación— de CTIA, una asociación comercial que representa a algunos de los mayores fabricantes de teléfonos y proveedores de telefonía celular de Estados Unidos. Así que CTIA acudió a la corte, argumentando que la notificación de Berkeley violaba los derechos de Primera Enmienda de los detallistas de telefonía celular. Señaló que el mandato obligaba a los detallistas a “distribuir la opinión unilateral [de la ciudad de Berkeley], plagada de indirectas, en extremo engañosa y sin fundamentos científicos, sobre un tema de controversia pública”. En los documentos de la corte, Berkeley afirma que el aviso es “solo una flecha que apunta a los manuales escritos por los fabricantes”.
El mandato, llamado “derecho a la información”, ha desatado una disputa épica entre dos de los titanes legales del país. CTIA contrató a Theodore Olson, ex procurador general quien argumentó el caso que llevó a George W. Bush a la Casa Blanca, y es considerado uno de los defensores más eficaces de la Corte Suprema de Estados Unidos. Por su parte, Berkeley está representada por Lawrence Lessig, profesor de derecho de Harvard y experto en leyes cibernéticas quien, el año pasado, se postuló como presidente por el Partido Demócrata para pugnar por una reforma de las finanzas de campaña. Ahora, los dos se enfrentan en una justa federal por el mandato de Berkeley.
Lessig, quien ayudó a redactar el mandato de Berkeley de una manera que pudiera resistir una demanda por parte de la industria de telefonía celular, no cobrará por sus servicios a la ciudad. Explicó a Newsweek que se ofreció como voluntario porque, como estrategia para impedir que los gobiernos impongan regulaciones, las corporaciones recurren a demandas de Primera Enmienda, cuya defensa suele tener costos prohibitivos. “Soy un erudito constitucional, y esto me preocupa mucho”, agrega.
Edward Chen, juez de distrito de San Francisco, autorizó que la ley de advertencia celular de Berkeley entrara en vigor en enero. Durante una audiencia, el año pasado, Chen leyó un manual iPhone notificando que el dispositivo podría exceder los lineamientos federales de exposición a radiaciones si se transporta a menos de 15 milímetros del cuerpo. “La declaración obligatoria afirma que los lineamientos federales pueden excederse cuando no se observa este espacio, del mismo modo que FDA precisa que ‘el humo del tabaco puede dañar a sus hijos’”, escribió Chen.
La asociación inalámbrica apeló la decisión de Chen ante el Noveno Tribunal del Circuito de Apelaciones de Estados Unidos en San Francisco. Y en septiembre, Olson y Lessig debatieron el tema ante un panel de tres jueces. Se espera un fallo en los próximos meses.
Para determinar si la notificación que requiere Berkeley viola la Primera Enmienda, el tribunal debe decidir si las declaraciones que hace son verdaderas, falsas o engañosas. “Estas declaraciones son absolutamente ciertas”, aseguró Lessig a los jueces. “Es una cuestión de tono o interpretación”, dijo William Fletcher, uno de los jueces de la corte de apelaciones federal que ventila del caso. “Leí el lenguaje y pensé, ‘Ay, Dios, estaré en problemas si lo guardo en mi bolsillo’. Cuando, de hecho, tal vez no tenga el menor problema”.
El tema de que Fletcher corra peligro si lleva un celular en el bolsillo, es un asunto científico. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) estableció límites de radiofrecuencia en 1996. Desde entonces, los científicos han debatido acaloradamente el asunto de la seguridad de los teléfonos celulares. Tanto Olson como Lessig habían insistido en que no participarían en ese debate, pero ambos lo han hecho.
Olson dijo a la corte de apelaciones que “lo que FCC dice respecto de los teléfonos celulares utilizados en Estados Unidos es que son seguros… El mensaje de Berkeley comunica: Cuidado”. Fletcher discrepó: “Como saben, la ciencia es algo imprecisa en este punto”.
Lessig argumentó que FCC nunca ha emitido una declaración general en cuanto a que los teléfonos celulares sean seguros en cualquier circunstancia, excepto cuando se utilizan en las condiciones en que son probados. “Dependemos de una reglamentación de FCC”, dijo a la corte. “No queremos meternos en una discusión sobre ciencias”.
Una simple divulgación de información no violaría la Primera Enmienda, pero Olson argumentó que la advertencia de Berkeley no era una mera divulgación, porque engañaba a los consumidores. De nueva cuenta, Fletcher y Olson chocaron.
“El mensaje es que, si no tienes cuidado, podrías superar esos lineamientos”, intervino el juez Morgan Christen. Fletcher concordó, pero Olson no. “El celular no deja de ser seguro, aunque excedas los lineamientos”, replicó Olson.
En una encuesta telefónica, Berkeley encontró que 70 por ciento de los votantes registrados no estaban familiarizados con las pruebas de seguridad obligatorias de FCC, las cuales suponen que los usuarios llevan los teléfonos a poca distancia de sus cuerpos. Esa encuesta sirvió para convencer al Ayuntamiento de requerir los avisos de advertencia.
El gobierno ha supuesto que las radiofrecuencias celulares representan un peligro potencial solamente cuando se sostienen lo bastante cerca de tejidos humanos para calentarlos y, en consecuencia, el único problema percibido era que un usuario podría quemarse. Sin embargo, un estudio de 25 millones de dólares, implementado recientemente por el Programa Nacional de Toxicología del gobierno estadounidense, halló que ratas machos expuestas a radiaciones de radiofrecuencia como las emitidas por los teléfonos celulares desarrollaban bajas incidencias de dos tipos de tumores: gliomas malignos cerebrales y schwannomas cardiacos.
Christen preguntó a Olson si los fabricantes de teléfonos celulares estarían dispuestos a llegar a un arreglo que permitiera mantener las advertencias, pero “añadiendo una frase, en la parte superior, diciendo que FCC nunca ha determinado que el uso del teléfono celular sea inseguro”.
Olson se aferró al argumento de libertad de expresión. “Eso obliga a debatir sobre un tema que nuestro cliente no desea abordar”, respondió.
Todas las partes concuerdan en algo: que Berkeley tiene el derecho de ordenar advertencias sobre seguridad del celular como una cuestión de libertad de expresión, mas no de ciencia. Es posible que muchos fuera del juzgado no estén de acuerdo.
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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek