CARTAGENA DE INDIAS, COL.— El camino hacia la reconciliación se le sigue resistiendo a Colombia, atrapada como está entre dos sensibilidades contrapuestas, luego de que la mayoría de la población rechazara en plebiscito el acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El atorón que sufrió el proceso de distensión el pasado 2 de octubre con la victoria por escaso margen del denominado sector guerrerista, no solo pone en evidencia la profunda polarización del país. También afecta a los máximos estamentos civiles, incluida la clase empresarial que es consciente de los muchos beneficios que la llegada de la paz tendría para la economía colombiana.
Según diferentes estudios, la pacificación del país incrementaría el PIB en uno o dos puntos adicionales y aumentaría sustancialmente las inversiones extranjeras, además de contribuir a una mayor generación de empleo y mejorar los índices de la economía formal.
Por ello, los empresarios colombianos observan con preocupación el periodo de incertidumbre que se abre con el alejamiento de la paz, sobre todo en una coyuntura en la que el crecimiento del país, afectado por la crisis internacional, se muestra claramente insuficiente.
“Estamos ante un momento crítico de la historia de Colombia. Si no somos capaces como nación de utilizar debidamente el proceso de paz y atender el interés nacional, vamos a perder una oportunidad de oro. Estoy hablando de los políticos, pero también de la guerrilla que tiene que entender cuál es su responsabilidad histórica”, señala a Newsweek en Español Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).
“Existe una voluntad a escala nacional de que la paz tenemos que concretarla lo antes posible. Pero se tiene que lograr con la mayor inclusión posible y ojalá que con el mayor consenso. Esperamos que haya seriedad, generosidad, que el interés general prime sobre el interés particular y que nadie caiga en la tentación de utilizar las negociaciones para temas electorales”, advierte el líder de la patronal colombiana.
Felipe Jaramillo, presidente de ProColombia, la entidad del gobierno encargada de promover la inversión extranjera, las exportaciones y la imagen del país, reconoce que no existe una visión única del sector empresarial hacia el proceso de paz.
Pero está convencido de que en el corto o mediano plazo se alcanzará un nuevo pacto con la guerrilla, luego del fracaso del plebiscito que él interpreta como una oportunidad excepcional para generar mayores consensos en Colombia.
“Creo que en las próximas semanas o meses vamos a llegar a un acuerdo de paz, ya que todo el mundo es consciente de que hay que darles celeridad a las discusiones”, asegura el máximo responsable de ProColombia en referencia al cese del fuego pactado por el gobierno y las FARC que se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2016.
“Empresarialmente nos asustamos cuando se atoró el proceso de paz, porque estamos apostando muchísimo por la credibilidad de Colombia, ya que la paz puede dar una nueva oportunidad a la gente que hemos nacido con la guerra metida en la cabeza”, resalta por su parte Gitanillo de América, empresario de la construcción y extorero colombiano.
El revés de las urnas puso en aprietos al presidente Santos, a quien le restan solo dos años de mandato, por lo que deberá pisar el acelerador sin descuidar sus habilidades negociadoras a fin de amarrar el proceso de paz con las FARC y evitar endosárselo a su sucesor.
“El escenario actual no solo genera incertidumbre, sino una interrogante enorme porque el empresario se pregunta si estamos en paz o estamos en guerra. Hay un cese del fuego hasta el 31 de diciembre, pero el empresario no puede esperar a esa fecha para tomar decisiones. Obviamente existe preocupación porque hay puntos en los que las FARC no van a ceder y puntos en los que la gente que está a favor del no, tampoco”, señala Hernán Posada, analista político y veterano periodista colombiano.
El choque de trenes tuvo lugar por el apresuramiento en finiquitar un conflicto con 52 años de vigencia, subraya Posada, luego de lamentar que en el exterior se haya demonizado a los partidarios del “No” como si fueran amantes de la guerra, cuando realmente no hay un solo colombiano que no quiera la paz.
“La expectativa de que no se logre una paz con justicia, sin impunidad, se le agota al presidente Santos, pero también al pueblo colombiano. Preocupa la ambivalencia de las FARC a la hora de negociar y que el gobierno esté cediendo en todo y la guerrilla en nada”, agrega el experto.
El principal artífice del descarrilamiento del proceso fue el expresidente Álvaro Uribe, cuyo discurso linda con la extrema derecha y que impuso sus tesis más aguerridas entre amplios sectores de la población que consideran que el acuerdo certifica la impunidad de las FARC y es demasiado indulgente con una insurgencia que controla vastos territorios de este país en alianza con el narcotráfico local.
“Se manejaron mal los tiempos y el proceso fue muy largo. Falló la pedagogía al explicarlo y caló el argumento de los uribistas que planteaban que se buscaba la paz a cambio de la impunidad de los terroristas”, señala el politólogo español Ricardo Angoso, quien reside en Bogotá y ha seguido puntualmente el proceso pacificador.
En cuatro años hubo el tiempo suficiente para que el cansancio y el hastío de unas negociaciones poco transparentes, poco explicadas y nada cercanas a la opinión pública se abrieran paso y dieran rienda suelta a la decepción expresada en el voto negativo en las urnas. Nadie supo nunca lo que realmente ocurría en La Habana”, subraya el experto.
Cualquier futuro acuerdo tendrá que contar con el visto bueno del expresidente Uribe, quien pretende rediseñar el plan de paz de Santos a fin de restringir el alcance de la amnistía a los guerrilleros y limitar su participación en la política.
Felipe Jaramillo, presidente de ProColombia, reconoce que no existe una visión única del sector empresarial hacia el proceso de paz. Pero está convencido de que se alcanzará un nuevo pacto con la guerrilla. Foto: Luis Méndez
Estos reclamos determinaron el posicionamiento beligerante de buena parte de la ciudadanía que considera a los guerrilleros como delincuentes o narcotraficantes, sobre todo en las grandes ciudades y en las zonas donde la incidencia de la guerra es menor.
Las calles de Colombia reflejan más que nunca la división entre quienes consideran que el acuerdo de paz requiere de cierta generosidad por parte del gobierno y los que conciben la guerrilla como una delincuencia organizada que debe pagar por los crímenes cometidos.
Muchos de los votos de rechazo llevaban, además, un mensaje implícito, ya que la convocatoria de las urnas con ocasión del plebiscito sobre el acuerdo de paz representó una oportunidad para que ciudadanos inconformes mostraran su descontento hacia el presidente por la gestión de una crisis económica y social que perjudica sobre todo a los sectores más vulnerables.
En un país afectado por el desempleo (nueve por ciento, según cifras oficiales) y la precariedad laboral, expuesto a una inflación que estará por arriba del seis por ciento a final de año y con el peso fuertemente devaluado, Santos no logra impulsar la ralentizada economía que, según el Banco Central de Colombia, apenas crecerá por arriba del dos por ciento en 2016, lastrada sobre todo por la caída de los precios de las materias primas y el desplome de las grandes economías regionales.
“En un contexto de empeoramiento económico, convocar un plebiscito sobre el proceso de paz fue una acción suicida. La gente votó ‘No’ porque había marejada de fondo. Colombia no es la Disneylandia que pinta su primer Nobel de la Paz, sino una nación anclada en un subdesarrollo crónico y uno de los países más atrasados del continente”, agrega Angoso.
El plebiscito sobre el plan de paz, que fue rechazado por un estrechísimo margen de apenas 57 000 votos tras una enconada batalla dialéctica entre Santos y Uribe, también puso de manifiesto que el caudillismo sigue vigente en América Latina, sobre todo a la hora de los grandes debates nacionales.
“En ambos bandos hoy enfrentados militan los viejos apellidos del poder: los Santos y los Lleras, los Holguín y los Caro, los Uribe y los Pastrana, los Mosquera y los López. Qué fácil les resulta hacer la guerra: para la guerra no necesitan plebiscitos, ni convocar acuerdos, ni diseñar presupuestos a pesar de ser tan costosa; pero qué difícil les resulta hacer la paz, ahí sí resultan llenos de titubeos y de escrúpulos constitucionales”, lamentaba recientemente el escritor William Ospina en el periódico El Espectador.
“Han tenido por 150 años el país en sus manos, y somos el cuarto país más desigual del planeta, después de Sudáfrica, Haití y Honduras”, precisaba el autor.
Santos y Uribe acapararon todo el protagonismo del encontronazo que tuvo lugar con motivo del último intento pacificador en este país sudamericano, y que involucró no solo a los actores directos del conflicto, sino también a numerosas personalidades y colectivos civiles, además de la mediación del gobierno cubano.
Apenas cinco décimas, 50.2 por ciento contra 49.7 por ciento, bastaron para echar por tierra un pacto que consumió durante más de cuatro años las energías de los negociadores de la guerrilla y el gobierno de Santos en un complejo proceso de distensión escenificado en La Habana y con el que se buscaba poner fin a una guerra civil que dura ya más de medio siglo, con un saldo de más de 260 000 muertos, decenas de miles de desaparecidos y siete millones de desplazados por el conflicto.
“El proceso de paz y sus bases nacieron complicadas, porque desde el primer día que el gobierno se sentó con las FARC en La Habana, los guerrilleros dijeron: ‘Nosotros no somos narcotraficantes, no somos secuestradores y no hemos cometido básicamente ningún delito’. Pero con el paso del tiempo sí aceptaron que eran narcotraficantes, secuestradores y extorsivos, y que se beneficiaron de estos tipos de ingreso”, recalca Posada.
Fueron Uribe y su partido, Centro Democrático, los que acabaron rentabilizando el fallido guion colombiano, al propiciar un descalabro que Santos nunca barajó convencido como estaba de que la población refrendaría mayoritariamente en las urnas el acuerdo alcanzado con la guerrilla.
Los líderes de las FARC, encabezados por Rodrigo Londoño, alias Timochenko, han reiterado su disposición a seguir buscando una paz con justicia social, pero es difícil que los rebeldes acepten demandas que podrían conducirlos a prisión o restringir su actividad en la política.
Timochenko ya advirtió que sería un “exabrupto” intentar modificar los acuerdos alcanzados sobre justicia transicional y la participación política de los insurgentes, que demandaron al Estado colombiano una especie de salvoconducto que protegiera la integridad física y jurídica de sus miembros tras el abandono de las armas.
Existen antecedentes para explicar por qué las FARC se empeñaron en exigir garantías para su reinserción social. En los años 80 y posteriores se produjo en Colombia el asesinato de numerosos militantes y líderes de la izquierdista Unión Patriótica que habían desistido de promover la violencia para batallar exclusivamente en la política, como consecuencia del acuerdo de desmovilización guerrillera alcanzado con el gobierno de Belisario Betancur.
A pesar de los obstáculos, las FARC parecen decididas a apurar de nuevo negociaciones con el gobierno bogotano para encontrar una salida que permita reanimar un proceso de paz que a partir de ahora discurrirá a tres bandas y con severas interferencias, luego de que Uribe ganara el pulso librado en las urnas y pusiera de manifiesto su intención de endurecer la hoja de ruta pactada con los insurgentes.
En lo que sí coinciden todos los sectores implicados es que el acuerdo de paz tiene que ser amarrado antes de que Santos finalice su mandato, ya que de lo contrario el proceso de distensión correría el riesgo de empantanarse por la llegada del próximo presidente que impondría su marca personal para configurar un nuevo escenario de negociaciones.
En la reciente Cumbre Iberoamericana, Santos reiteró la necesidad de cerrar cuanto antes el acuerdo con las FARC.
El cese del fuego es muy frágil y el tiempo conspira contra el proceso negociador, advirtió el mandatario colombiano en la ciudad de Cartagena.
“El objetivo del gobierno es entregar un país completamente en paz al término del mandato de Santos en 2018”, subraya el máximo responsable de ProColombia.
Poco antes de emprender su carrera hacia la presidencia, Santos se desempeñó como ministro de Defensa (2006-2009), durante el segundo gobierno de Uribe, al que sucedió en el cargo. Sometidos desde entonces a un progresivo distanciamiento, ambos políticos han protagonizado varios enfrentamientos por sus lecturas divergentes de la realidad colombiana.
Timochenko y Santos en la firma del histórico acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en Cartagena, Colombia, el pasado 26 de septiembre. Foto: César Carrión/AFP.
Esta falta de química podría complicar en extremo la reconducción del proceso de paz que encuentra muchos obstáculos en amplios sectores de la población, los cuales están convencidos de que los guerrilleros que han delinquido deben responder ante los tribunales y reparar a las víctimas por los daños causados.
“Yo voté ‘No’ porque creo que hay muchas cosas en los acuerdos que se pueden replantear. Pienso que se hacen muchas concesiones a la guerrilla. Los acuerdos tienen que estar muy bien establecidos y las garantías, muy claras”, asegura Manuel Lozada, uno de los jóvenes colombianos que participaron en el espectáculo de breakdanceque ofrecieron a los presidentes iberoamericanos reunidos en Cartagena de Indias.
En el caso de que las muchas resistencias de las partes en conflicto fueran superadas en la nueva ronda de negociaciones, el fin de la guerra en Colombia seguiría incompleto, ya que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla más grande del país, mantiene todos sus frentes activos.
El ELN, que fue creado en 1964 como proyecto antiimperialista inspirado en las tesis de la revolución cubana, está compuesto por unos 2000 efectivos y tiene presencia en cerca de un centenar de municipios colombianos.
Sus dirigentes rechazan cualquier acuerdo exprés con el Ejecutivo de Bogotá y se muestran mucho más intransigentes que los de las FARC a la hora de llegar a acuerdos con el gobierno de Santos, con el que iban a iniciar negociaciones en Quito, Ecuador, el pasado 27 de octubre.
El gobierno colombiano aplazó in extremis el comienzo del diálogo con el ELN que no se producirá hasta que este grupo insurgente libere sano y salvo al excongresista Odín Sánchez, a quien mantiene secuestrado.
Con la economía golpeada y el armisticio en entredicho, el presidente Santos tendrá que emplearse a fondo para cerrar las heridas que continúan abiertas.
El desafío se anticipa salomónico, ya que el mandatario colombiano tiene que generar en los próximos meses un consenso lo suficientemente mayoritario como para permitir la firma de un acuerdo de paz con el que nadie se sienta demasiado agraviado.
El principal artífice del descarrilamiento del proceso fue el expresidente Álvaro Uribe, cuyo discurso linda con la extrema derecha y que impuso sus tesis más aguerridas entre la población. Foto: Raúl Arboleda/ AFP.
LA CUMBRE IBEROAMERICANA, FALTA DE NUTRIENTES
Los jefes de Estado y de gobierno de Iberoamérica asistieron, por primera vez, a una gala artística en la que se prescindió del folklore tradicional para potenciar la cultura de la calle.
Los protagonistas fueron una docena de jóvenes de distintas ciudades colombianas que, tras una rigurosa prueba de selección, resultaron elegidos para representar en el Teatro Heredia de Cartagena una muy singular actuación de breakdance.
Jóvenes con historia propia que, a golpe de pasión y disciplina, realizan piruetas imposibles sobre el escenario, haciendo gala de una notable capacidad de contorsión corporal a ritmo de hip-hop.
Todos ellos están de acuerdo en lo que les aporta la danza callejera: VIDA, con mayúsculas, y la posibilidad de transmitir a los demás lo que sienten con un arte trabajado a la intemperie.
Pertenecen al colectivo de jóvenes latinoamericanos, españoles y portugueses, descontentos con el gobierno de los mayores y sus asentados privilegios. Desconfían con muy pocos matices de los poderes establecidos y, desde varias latitudes sociales, observan con recelo a los de arriba, ya se trate de políticos, empresarios o funcionarios.
El rompedor espectáculo fue una de las notas distintivas de una Cumbre que intentó refrescar su formato, aunque el protocolo y la rigidez se acabaron adueñando de la reunión a pesar de los esfuerzos de la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, por superar la fase conferencial para hacer del colectivo una auténtica comunidad de naciones.
El déficit de participación que reflejaron las ausencias de prácticamente la mitad de los presidentes, entre ellos los de Brasil, Venezuela, Cuba y Argentina, deslucieron en buena medida el acto y pusieron en evidencia, una vez más, la falta de compromiso iberoamericano.
El emprendimiento, la juventud y la educación fueron los tres ejes de la cumbre, aunque la agenda informativa estuvo casi siempre marcada por la tensión generada por el conflicto venezolano y las dificultades del proceso de paz en Colombia que recibió el espaldarazo de todos los presidentes y jefes de delegación que participaron en la reunión de Cartagena.
Entre los acuerdos aprobados destacó el Pacto Iberoamericano de Juventud, que establece el compromiso de los gobiernos iberoamericanos con la implementación de políticas, programas, proyectos e iniciativas que garanticen el desarrollo integral y los derechos de los más de 160 millones de jóvenes que viven en los 21 países de la comunidad.
Los mandatarios subrayaron en Cartagena su intención de empoderar a los jóvenes para incorporarlos a un mercado laboral caracterizado por la presencia de las tecnologías. Falta ahora que todos esos deseos se materialicen.