El presidente Enrique Peña Nieto perfila nuevos cambios en la Procuraduría General de la República al proponer como nuevo titular al senador priista Raúl Cervantes, quien remplazaría a su excompañera en la Cámara Alta, Arely Gómez González, que pasaría a ocupar la secretaría de la Función Pública.
Estos cambios deben ser aprobados por el Senado, que tomaría su decisión este miércoles.
De ser ratificado, Cervantes, quien este martes pidió licencia a su curul, deberá “generar el modelo para que la Fiscalía General de la República sea efectiva y moderna”, informó el gobierno de México mediante un comunicado de prensa.
Gómez deberá a su vez “implementar el Sistema Nacional Anticorrupción en conjunto con las todas las autoridades del país y de la mano de la sociedad civil”.
Cervantes, doctor en derecho constitucional militante del oficialista Partido Revolucionario Institucional, sería el tercer procurador que nombra Peña Nieto.
El primero, Jesús Murillo Karam, nombrado en diciembre de 2012, dejó el cargo en febrero de 2015 en medio de una polémica por las investigaciones de la fiscalía sobre la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014.
Karam fue el principal defensor de la denominada “verdad histórica”, según la cual los estudiantes fueron detenidos por policías corruptos de la ciudad de Iguala y entgregados a narcotraficantes, que los habrían asesinado e incinerado sus cuerpos en un basurero.
Arely Gómez llegó a la fiscalía meses antes de que un grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) echara por tierra esa versión con una serie de evidencias y recomendara abrir otras líneas de investigación.
Gómez ha celebrado varias reuniones, algunas de ellas ríspidas, con padres y abogados de los 43 estudiantes. En días pasados se anunció la realización de nuevas investigaciones para determinar el destino de los estudiantes desaparecidos.
Ahora Arely Gómez deberá afrontar la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción tras un gobierno marcado por distintos actos de este tipo que han llevado a Enrique Peña Nieto a los niveles más bajos de popularidad de un presidente, y que tienen en la mirada a varios gobernadores de su partido, el PRI, uno de los cuales, Javier Duarte de Ochoa, ya es buscado por la PGR.