El gobierno de México respondió a las recomendaciones hechas por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, prometiendo analizar una posible legislación sobre uso de la fuerza pública y contra la tortura y la desaparición forzada, pero rechazando modificar su Código de Justicia Militar, en un momento difícil para las fuerzas armadas que ha ocasionado un “desgaste” importante para la institución, como reconoció en días pasados el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda.
México se encuentra enfrascado en una ofensiva contra los cárteles de la droga, los cuales han incluido en sus actividades criminales, la trata de personas, el secuestro y la extorsión. En esta “guerra contra las drogas”, el gobierno ha colocado en primera línea al Ejército mexicano, lo cual ha despertado críticas entre organizaciones internacionales por las numerosas denuncias de abusos contra sus fuerzas del orden. Aunque dentro de esta Institución también hay voces que claman por más efectivos y un marco legal.
“Estamos trabajando en todo el país, en toda hora, en todo momento; en la sierra, en las ciudades, claro que hay un desgaste, somos un ejército proporcionalmente pequeño, pero bueno, seguimos trabajando para todos”, comentó a inicios de esta semana el general Salvador Cienfuegos Zepeda.
El mando militar dijo que se necesitan más efectivos además de un marco legal y “otras cosas que ya están trabajando. No tenemos un déficit, tenemos el ejército que está establecido, con los efectivos que están funcionando, lo que tenemos son muchas tareas, si queremos hacer más necesitamos más gente”.
En octubre de 2015, el Alto Comisionado Zeid Ra’ad al Hussein visitó México seis meses después de que el gobierno emprendiera una contienda pública contra el Relator Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Juan Mendez, que sostuvo que la tortura es una práctica “generalizada” entre las autoridades del país.
Al Hussein envió a México una lista de 14 recomendaciones, entre las que figuran reformar el Código de Justicia Militar para que las autoridades civiles, además de que “deberían cumplir plenamente con su deber” de investigar abusos por parte de las fuerzas armadas, también conozcan las violaciones de derechos humanos contra los militares.
“Si bien se da la bienvenida a las reformas de 2011 y 2014 para limitar la jurisdicción militar, se recomienda reformar el Código de Justicia Militar y otras normas relevantes con la finalidad de que la jurisdicción civil también conozca casos de violaciones de derechos humanos cometidas contra los militares. Las autoridades civiles deberían cumplir plenamente con su deber de investigar adecuadamente cualquier práctica indebida por parte de elementos de las fuerzas armadas, incluyendo la responsabilidad de mando”, establece la recomendación tres.
El gobierno mexicano respondió que “no es factible considerar mayores modificaciones” a la reforma de 2014, que estableció que las violaciones contra civiles cometidas por soldados deberán ser juzgadas por tribunales ordinarios y no militares.
México argumentó que las autoridades civiles cuentan con un marco jurídico “suficiente y reforzado” y que “cualquier afectación” a los derechos humanos contra militares puede ser revisada ante tribunales ordinarios a través de un recurso.
Por otro lado, México dijo que “analizará” la propuesta de adoptar una ley sobre el uso de la fuerza de servidores públicos. También “coincide” en la adopción de leyes sobre tortura y desapariciones. El presidente Enrique Peña Nieto envió en diciembre al Congreso sendos proyectos de ley.
Entre los casos que han despertado más indignación está la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida hace dos años en Iguala, Guerrero, quienes -según la versión oficial- fueron atacados por policías locales que luego los entregaron a sicarios para que los asesinaran.
A este se suman los casos de Tlatlaya y Tanhuato, en los que se han denunciado ejecuciones extrajudiciales por parte de militares y policías federales. Desde 2006, suman más de 170,000 muertes violentas y más de 28,000 desaparecidos en México, según cifras oficiales.