La Fiscalía de Brasil acusó de homicidio calificado agravado a 21 ejecutivos mineros por el deslave de Mariana que en 2015 costó la vida a 19 personas y ocasionó la mayor catástrofe ambiental del país.
El Ministerio Público Federal (MPF) denunció asimismo por “crímenes ambientales” a las empresas Samarco, propietaria del embalse siniestrado, y a sus dos accionistas, la brasileña Vale y la anglo-australiana BHP Billiton (BHP).
De los 22 acusados de “homicidio calificado”, 21 lo fueron con el agravante de “dolo eventual”, lo cual supone que eran conscientes de los daños que podrían ocasionar sus actividades.
Los encausados “optaron por una política de priorizar los resultados económicos, en detrimento de las normas de seguridad para el medio ambiente y para las personas potencialmente afectadas, asumiendo todos los riesgos de causas de muerte”.
“Con el aumento de la producción, Samarco trató de compensar la caída del valor del mineral de hierro, a fin no solo de mantener, sino también de aumentar el lucro y los dividendos de sus accionistas Vale y BHP”, subraya el informe, presentado en una conferencia de prensa en Belo Horizonte, la capital de Minas Gerais, por el fiscal José Leite Sampaio.
Vale indicó en un comunicado que “rechaza con vehemencia la denuncia”. BHP señaló igualmente que “rechaza terminantemente los cargos contra la compañía y contra las personas concernidas”, a las que promete “amplio respaldo” legal.
En la lista figuran el presidente de Samarco en el momento del desastre, Ricardo Vescovi, el director general de operaciones, Kleber Terra, así como tres gerentes de operaciones, once miembros del consejo de administración de Samarco y cinco representantes de Vale y BHP Billiton en la administración de la joint-venture.
El ingeniero que se libró del agravante de “dolo eventual” es sospechoso de haber emitido una “declaración engañosa sobre la estabilidad del embalse” de Fundao que cedió el 5 de noviembre de 2015, liberando un devastador torrente de lodo mezclado con residuos mineros.
El tsunami de barro atravesó dos estados por el cauce del río Doce y llegó hasta el mar, con consecuencias desastrosas para la vida cotidiana de miles de habitantes.
El deslave agitó además metales pesados que estaban decantados en el lecho del río y los elevó por encima de los parámetros máximos, por lo que las autoridades suspendieron las actividades pesqueras.
Los acusados podrían responder ante un jurado popular y son pasibles de penas de “hasta 54 años de cárcel”, sin desmedro del pago de multas y reparaciones por los daños ambientales y los perjuicios ocasionados a las víctimas, señala el acta de acusación.
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Con información de AFP