Según la ley, Alondra* debió ser sentenciada hace más de un año. Pero una omisión del Ministerio Público y la apelación que presentó para remediarla podrían mantener a la joven al menos seis meses más en el centro de reclusión donde está interna desde 2014, acusada de matar a quien la había violentado los últimos dos años: su padre.
Alondra fue vinculada a proceso en diciembre de 2014, acusada de homicidio doloso calificado con ventaja, alevosía y traición, con la agravante del grado de parentesco con la víctima, que la había amarrado a un catre horas antes del episodio.
Su defensa tuvo que apelar la decisión del juez de preparación de no admitir las pruebas del contexto de violencia en el que había vivido los últimos años. Ahora, cuando ya se han desahogado algunas en audiencia de juicio oral y aún cuando los ofendidos ya le otorgaron el perdón, el Ministerio Público presentó una apelación que le fue admitida el pasado 23 de agosto.
La intención de la agente del Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes es poder presentar a un testigo clave en el caso, al que no ha presentado pese a haber sido requerido por el juez para hacerlo.
Ese testigo es el primo de Alondra, quien vivió con ella y su padre los últimos meses anteriores de su muerte. Debió testificar en la audiencia del 28 de junio de 2016, pero como no se presentó, el juez la difirió para el 10 de agosto.
El 7 de julio, el juez apercibió al Ministerio Público de que, de no presentar a su testigo en la siguiente audiencia, perdería el derecho de presentarlo en otra ocasión y le dio tres días para que manifestara lo que a su derecho conviniera, pero nada sucedió.
Llegó el 10 de agosto y el testigo no acudió. El juez hizo efectivo el apercibimiento, determinó que se habían agotado todos los medios de búsqueda del primo de Alondra y citó a la siguiente audiencia el 3 de octubre.
Pero entonces se admitió la apelación del Ministerio Público, cuya intención es invalidar el apercibimiento y tener la posibilidad de presentar al testigo, que no ha asistido antes porque radica en Estados Unidos.
La del 3 de octubre sería la última audiencia del caso antes de los alegatos de cierre y el dictado de la sentencia. Sin embargo, la abogada de Alondra, Paulina Díaz y otros abogados consultados por Newsweek Aguascalientes consideran poco probable que la apelación se resuelva en menos de seis meses y, por lo tanto, que esa audiencia se lleve a cabo.
El artículo 44 de la Ley del Sistema de Justicia para Adolescentes de Aguascalientes establece que el proceso penal de un menor de edad “inicia desde la vinculación de éste al proceso, hasta que la autoridad jurisdiccional dicte la sentencia, plazo que no podrá ser mayor de seis meses”.
Alondra, a quien ya le fue otorgado el perdón desde febrero pasado, cumplió en agosto un año y ocho meses de reclusión en el Centro Estatal para el Desarrollo del Adolescente (CEDA).
El artículo 17 de la Constitución mexicana le da la justicia pronta, completa, imparcial y gratuita como un derecho. Su realidad en Aguascalientes se lo niega.
Newsweek Aguascalientes retrató el caso de Alondra en su edición impresa de febrero. Vivió casi toda su niñez en el Hogar de la Niña Casimira de Arteaga, pero fue entregada a su padre en 2011, aún cuando una trabajadora social del DIF estatal había advertido un año antes que el orfanato era el lugar más estable para ella. A pesar, también, de que las autoridades estatales sugirieron que no fuera entregada al hombre hasta corroborar la acusación de una de sus medias hermanas: que el hombre hacía tocamientos en sus genitales cuando niña.