El gobierno cuenta con una reserva territorial y económica para enfrentar a una eventual sentencia en contra en el litigio de los terrenos del Ejido Ojocaliente, sobre los que se encuentran el Instituto de Educación y el de Seguridad Pública, la Casa del Maestro Jubilado y la Policía Federal.
Newsweek Aguascalientes publicó, en su edición impresa de agosto, el juicio que 48 ejidatarios de Ojocaliente iniciaron contra el gobierno de Aguascalientes por la presunta invasión de 14.2 hectáreas ejidales con las oficinas de esas dependencias.
Aunque el presunto despojo se dio en administraciones vigentes en la década de 1980, los ejidatarios fueron a tribunales hasta 2013. Y en mayo de 2016, el Tribunal Unitario Agrario con sede en Aguascalientes reconoció la propiedad de los terrenos al Ejido, pero negó su devolución al considerar que son usados con fines de utilidad pública. En cambio, ordenó indemnizar a los propietarios con el equivalente al valor de los predios actualizado a la fecha.
Los ejidatarios promovieron un recurso de revisión, que está en espera de resolverse, porque insisten en que los terrenos les sean devueltos.
Entrevistado al respecto, Alejandro Bernal, encargado de despacho de la Secretaría General de Gobierno, afirmó este martes que la administración saliente cuenta con reservas para enfrentar una posible sentencia en contra.
“La reserva territorial, la propia Secretaría de Desarrollo Económico la trae trabajando y se está trabajando en ese sentido, de no dejar pendientes (…) Ahorita lo que se pretende son los tres terrenos que se están definiendo, pero no es que sean muchos más. Es lo que está ahorita en litigio y está en las áreas jurídicas”, aclaró.
“Todos los gobiernos estamos sujetos a cualquier contingencia. Por ejemplo, a nosotros nos sucedió el tema de la Villa Charra, de un tema que tenía 40 años y se resolvió en la administración de nosotros. No quiere decir que esto vaya a suceder; siempre los gobiernos están sujetos a este tipo de contingencias porque somos los entes públicos los que estamos siempre en contacto y resolviendo temas procesales, jurídicos y de toda índole”, añadió.
El abogado Cuitláhuac López Flores, representante de los ejidatarios, explicó a este medio el mes pasado que una vez resuelto el recurso de revisión, es probable que se reponga el procedimiento. Después, reconoció, quedaría la instancia del amparo para ambas partes.
Sin embargo, aseguró que los dos escenarios más factibles son poco favorables para la administración estatal, la Policía Federal y la asociación que administra la casa del maestro jubilado. Por un lado, dijo, podría condenarse a la administración estatal que esté en funciones cuando se dicte la sentencia, que demuela y reubique los edificios para devolver los terrenos al Ejido.
Por otro lado, señaló el abogado, es probable que se repita la orden de indemnizar a los ejidatarios, algunos de los cuales estiman en más de 300 millones de pesos el valor comercial actual de los terrenos.
“Todas las administraciones siempre tienen saldos para cuidar ese tipo de contingencias”, respondió Bernal Ruvalcaba, aunque dijo desconocer el monto del saldo con que se cuenta actualmente, pues es administrado por la Secretaría de Finanzas.
El encargado de Secretaría General vio poco probable que el litigio con el Ejido Ojocaliente concluya con sentencia definitiva en lo que resta de la actual administración.
“Los procesos no son tan cortos como quisiéramos; son largos y extendidos y esto presenta que cada una de las partes traiga sus incidencias y presenten elementos en el procedimiento, que tiene tiempos muy precisos en los que se van a determinar. Y después vendrán amparos y ese tipo de cosas que obligan a tener tiempos procesales oportunos”, señaló.