Organizaciones como Naciones Unidas y Amnistía Internacional, han estado trabajando y presionando al Congreso de México para que se incluya la creación de una ley contra la desaparición forzada en la agenda del próximo periodo ordinario de sesiones que comienza el 1 de septiembre.
Tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Peña Nieto comenzó a trabajar en noviembre de 2014 una serie de medidas para resolver el caso, pero fue hasta diciembre de 2015 que el mandatario presentó oficialmente una propuesta de ley al Senado. A la fecha, sigue detenida en el Congreso.
“En el marco de la futura ley general sobre la desaparición de personas, la ONU-DH reconoce la apertura mostrada por las autoridades federales y el Senado para dialogar con las familias y organizaciones acompañantes. La actual discusión en el Congreso es una oportunidad para continuar dicho diálogo y crear una fuerte estructura institucional de búsqueda bajo coordinación de la Federación. Esta estructura debe tener los recursos necesarios para su funcionamiento, coadyuvar para que las autoridades estatales asuman sus responsabilidades y garantizar labores de búsqueda independientes a las que se realizan para la investigación de la responsabilidad criminal. La Oficina hace un exhorto para que esta ley general pueda ser aprobada a la brevedad posible”, difundió la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México, en un comunicado.
“La ONU-DH subraya la obligación de las autoridades de poner en el corazón de sus esfuerzos la búsqueda efectiva de todas las personas desaparecidas con el objetivo de esclarecer su destino, garantizando la participación e inclusión de las familias y organizaciones en dichos procesos. En este sentido, la ONU-DH reconoce a aquellas autoridades federales que han realizado esfuerzos para conocer el paradero de algunas víctimas y destaca las experiencias positivas de trabajo conjunto de búsqueda entre autoridades y familias que se han impulsado a nivel local, particularmente en Nuevo León y Coahuila”, añade el documento.
“La magnitud y complejidad de esta problemática obliga a que las acciones de búsqueda adopten distintas metodologías y estrategias. Se necesita un enfoque diferencial para migrantes, mujeres, niñas y niños; priorizar la búsqueda con vida y atender tanto los casos más recientes como aquellos que ocurrieron desde los años sesenta”, sostuvo Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México.
“Así mismo, se requiere la implementación de mecanismos de rendición de cuentas para aquellos servidores públicos que por acción u omisión obstaculicen la búsqueda de las personas desaparecidas”, señala.
“Mientras las familias sigan sin encontrar a sus seres queridos, la incertidumbre y el dolor se acumulan. La ONU-DH reconoce a las agrupaciones de familiares de víctimas de desaparición, así como a las organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas que las acompañan su compromiso y persistencia en la búsqueda de sus seres queridos, de verdad y justicia, pese a enfrentarse a numerosos riesgos y obstáculos”, dijo Jan Jarab.
Por su parte, Amnistía Internacional (AI) denunció que México emplea las desapariciones forzadas para acallar a grupos opositores o para perseguir a minorías étnicas por lo que pidió un compromiso a fin de erradicar esa práctica “atroz”.
El secretario general de la organización no gubernamental, Salil Shetty, dijo durante la presentación del informe divulgado con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que se “hace campaña sobre cientos de casos de desaparición forzada en todas las regiones del mundo”. También se refirió a otros gobiernos, como los de Egipto y Siria.
Amnistía dijo que actualmente siguen abiertos 44,159 casos en 91 Estados, registrados desde 1980, de acuerdo con los últimos datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En el documento, se menciona cómo el “modus operandi” de las desapariciones forzadas es siempre el mismo: las víctimas son detenidas en su casa o en la calle, sin que jamás se les comunique a las familias su paradero y a menudo sufren torturas y viven con el temor constante a que las maten.