El presidente Enrique Peña Nieto dio el manotazo y, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), ordenó iniciar sendas controversias constitucionales contra los gobiernos y los congresos de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua.
Así, la dependencia que encabeza Arely Gómez presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las acciones de inconstitucionalidad por violaciones a los principios del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), luego de que se aprobaron reformas a escala local que van en contra de los lineamientos generales de ese sistema.
Lo que los mandatarios Javier Duarte de Ochoa, Roberto Borge Angulo y César Duarte Jáquez pretendían era cubrirse las espaldas al proponer a sus respectivos congresos el nombramiento de fiscales y magistrados que les garantizaran que sus sucesores no iniciaran pesquisas en su contra por actos de corrupción.
“Ninguna institución y ningún servidor público, no importa el orden de gobierno en el que se desempeñe, puede estar al margen de la ley. Esto es lo que demanda la sociedad mexicana. Ni más, ni menos”, advirtió Salvador Sandoval Silva, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, durante el anuncio.
Eduardo Sánchez, vocero del gobierno de la república, remató: “En la lucha contra la corrupción no puede haber excepciones; esto es lo que los ciudadanos demandan y lo que las instituciones del Estado mexicano están obligadas a cumplir y hacer cumplir”.
Así, el primer mandatario “pintó su raya” e intenta deslindarse de esos “góberes preciosos”, que son sinónimo de corrupción e impunidad. ¿Lo conseguirá?
EN VERACRUZ EL MIEDO NO ANDA EN BURRO
El 30 de noviembre del año pasado, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, anunció que propondría al Congreso local tres iniciativas de reforma constitucional para crear el Sistema Estatal Anticorrupción.
Ese paquete incluía la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de un Comité Coordinador Anticorrupción y la expedición de la legislación en la materia, “en concordancia” con la Constitución federal.
La Fiscalía sería un órgano especializado “en detectar, sancionar y erradicar los hechos de corrupción y conflictos de intereses de competencia estatal”. Su titular sería nombrado por las dos terceras partes del Legislativo veracruzano con una duración en el encargo de por cinco años.
La polémica surgió luego de las elecciones del 5 de junio, en las que el PRI perdió la gubernatura. Javier Duarte propuso como fiscal a Francisco Portilla Bonilla, identificado como uno de sus incondicionales. Fue alcalde de Córdoba en dos ocasiones (de 2005 a 2007, y de 2011 a 2013), diputado local, subsecretario de Gobierno del estado, secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, y secretario general del Congreso.
Aunque la designación estaba incluida en el orden del día del jueves 30 de junio, la presión comenzó a crecer. Un día antes, la presidenta interina del PRI, Carolina Monroy, deslindó al partido del mandatario.
Consideró como “no correcto” desde el punto de vista ético que Duarte promoviera “nombramientos a modo” para protegerse antes de que termine su mandato, el próximo 1 de diciembre.
“Nada ni nadie por encima de la ley. En el partido no habremos de respaldar un solo acto, un solo dicho, un solo hecho que contravenga el Estado de Derecho”, advirtió.
El Congreso reculó, pero en esa misma sesión aprobó la creación de una Sala Especializada en Materia Anticorrupción que dependería del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y cuyos magistrados serían propuestos por el gobernador para mantenerse en el cargo por diez años.
El diputado local panista Julen Rementería advirtió que la designación de esos magistrados pretendía “formar un escudo de impunidad para el gobierno que ya se va”.
Para ocupar esas posiciones, el mandatario estatal propuso a la exalcaldesa de Minatitlán entre 2008 y 2010, Guadalupe Porras David, acusada de los delitos de abuso de autoridad y desvío de recursos en agravio de la función pública; al consejero Jurídico y de Derechos Ciudadanos del gobierno del estado, Alberto Tomasini, quien además fue su secretario particular; además de que insistió en el nombramiento de Francisco Portilla Bonilla.
Tras la acción de inconstitucionalidad, el gobernador veracruzano dio marcha atrás en su decisión de nombrar al fiscal y a los tres magistrados anticorrupción.
En un comunicado aseguró que “fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción es una prioridad en la agenda nacional y Veracruz se suma a ella, reiterando su compromiso con la legalidad, la transparencia y el combate a la impunidad”.
¿Por qué el nerviosismo de Javier Duarte y su afán de colocar a personeros que le cuiden las espaldas a partir del 1 de diciembre, cuando deje el cargo?
Pues nada menos porque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar un posible desvío de recursos en esa administración, luego de detectar que el gobernador gastó más de 18,000 millones de pesos provenientes de partidas federales en contratos de obras, bienes y servicios entregados a “empresas fantasma”.
IMPUNIDAD TRANSEXENAL EN EL PARAÍSO
Durante un periodo extraordinario de sesiones promovido por el propio gobernador Roberto Borge, la mayoría que forman el PRI y el PVEM en el congreso de Quintana Roo aprobó, el pasado 6 de julio, 31 cuentas públicas de 2015, entre ellas, las del gobierno del estado, aun cuando los dictámenes les fueron entregados a los legisladores un par de horas antes.
De la misma forma, la Diputación Permanente eligió a los tres magistrados del nuevo Tribunal Administrativo que dirimirá controversias en las que estén involucrados servidores públicos.
Los nuevos funcionarios del Poder Judicial del estado son Minerva Maribel Moreno Cruz, César Cervera Paniagua y Jorge Herrera Aguilar, quienes durarán en el cargo siete años y que, para mayor seña, se trata de incondicionales del mandatario estatal.
Pese a estos hechos, Borge Angulo rechazó haber promovido la creación de un sistema anticorrupción y afirmó que tiene muy claro que el estado debe ajustarse a las leyes y ordenamientos federales, como es el caso del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Agregó que serán respetuosos del recurso promovido por la PGR y que acatarán la resolución que la Corte sobre la controversia constitucional.
EN EL NORTE NO CANTAN MAL LAS RANCHERAS
El pasado 22 de enero, los exdiputados federales del PAN por Chihuahua, Carlos Angulo Parra y Rocío Reza Gallegos, denunciaron penalmente al gobernador César Duarte por no haber comprobado la aplicación de más de 16,000 millones de pesos que solicitó a través de bonos carreteros y créditos bancarios directos, además de que elevó la deuda del estado a los 46,000 millones de pesos.
En respuesta a ese y otros señalamientos de corrupción, el mandatario envió al Congreso local la iniciativa para crear la Fiscalía Especializada Anticorrupción, la cual fue aprobada el 21 de abril.
Luego de la acción de inconstitucionalidad promovida por la PGR, el secretario General de Gobierno de Chihuahua, Mario Trevizo, dijo que si bien la Fiscalía fue creada antes de que el Congreso de la Unión emitiera las leyes generales en la materia, “no hay contradicción con la Constitución de la república, ya que no habrá nombramiento del nuevo fiscal”.
Detalló que César Duarte no tiene ninguna intención de nombrar al nuevo fiscal anticorrupción y será el gobernador electo, Javier Corral Jurado, quien lo haga. Con todo, apuntó que esperarán la resolución de la SCJN.
EL DESLINDE PRESIDENCIAL
En un momento fueron “consentidos” e “intocables” para Los Pinos. Los gobernadores Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte eran bien vistos desde el gobierno de la república, hasta que, en su desesperación, cometieron errores que, a la vista de los hechos, resultaron “imperdonables”.
Ante la imposibilidad de imponer a sus “delfines” de cara a los comicios del 5 de junio, operaron en contra de los candidatos del PRI y les hicieron perder. Luego, al sentirse acorralados, promovieron esas reformas para protegerse de cualquier acción penal en su contra.
Ante ese cúmulo de errores, el presidente Peña Nieto dio el manotazo, “pintó su raya” y se deslindó de estos personajes. Todo tiene un claro cálculo político: la elección en el Estado de México en 2017 y, por supuesto, la sucesión presidencial de 2018. ¿Será suficiente? La respuesta la tendremos en los próximos 48 meses.